FETRALPI

EL MOMENTO HISTÓRICO PROPICIO!!!!!

noreply@blogger.com (FETRALPI) — Wed, 12 Jun 2013 04:27:00 +0000

EL MOMENTO HISTÓRICO PROPICIO!!!!!

“Apoyemos a los millones de trabajadores y trabajadoras del sector público que luchan por sus derechos y NO SE RINDEN y los derechos de los pueblos a tener servicios públicos para una vida digna La solidaridad internacional nos hace más fuertes”.

TODOS Y TODAS A LA PLAZA DE LA REPÚBLICA

QUITO-12 DE JUNIO DE 2013

09H30

Compañeros y compañeras,

Los servicios públicos están siendo atacados y necesitamos luchar para garantizar que en el futuro haya servicios públicos de calidad, que garanticen la justicia social, la igualdad, el desarrollo de los pueblos y los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.

La 102ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se inauguró el miércoles 5 de junio de 2013. Se desarrolla en Ginebra (Suiza), en el Palacio de las Naciones y sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se clausurará el jueves 20 de junio de 2013. Esta es una oportunidad histórica para llamar la atención sobre la situación del sector público; así como evidenciar el vínculo entre los derechos sindicales de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado y la eficiencia y eficacia en la administración pública.

En este marco, la Internacional de Servicios Públicos-ISP organiza una jornada de lucha día 12 de junio, denominada la “Ruta de la Vergüenza”, una protesta en bicicleta que se desarrollará en Ginebra y a nivel mundial para llamar la atención del mundo en favor de la justicia social y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, que pasará por las Embajadas de los países que violan los derechos sindicales y laborales.

Les invitamos a ser parte de esta acción en el Ecuador que la levantamos en voluntad conjunta, la UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES, LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICO-ECUADOR, EL COMITÉ PERMANENTE INTERSINDICAL, y LA UNIÓN SINDICAL DEL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO y participar en el acto simbólico del día 12 de junio de 2013, en la Plaza de República, a las 9h30 y luego a las 11h00 iniciar la ruta de la vergüenza en Quito, denunciando la regresiva reforma política y laboral en Ecuador y reafirmando nuestra convicción inquebrantable de luchar por nuestros derechos, pero a la vez hacer efectiva la solidaridad sindical internacional.

Los países definidos como prioritarios por la Internacional de Servicios Públicos en América son: Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Canadá y República Dominicana

Esperamos que esta jornada sea un momento de fortalecer el rol y legitimidad de los sindicatos públicos en nuestra región como auténticos defensores de los derechos laborales y servicios públicos para la justicia social.

En solidaridad,

INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES

COMITÉ PERMANENTE INTERSINDICAL UNION SINDICAL DEL SECTOR PÚBLICO

Las falacias del discurso extractivista

noreply@blogger.com (FETRALPI) — Sun, 09 Jun 2013 04:56:00 +0000

“No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”:

Las falacias del discurso extractivista

Pablo Dávalos (recibido por correo electrónico)

Se ha convertido en un tópico la metáfora utilizada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de justificar al extractivismo indicando que los recursos de la renta extractiva financiarían al desarrollo y, en especial, el gasto del gobierno en subsidios a sectores sociales vulnerables, así como el gasto social en salud y educación. Sobre esta metáfora se ha construido todo un imaginario que da por hecho la vinculación entre renta extractiva y gasto público en salud, educación, subsidios a los pobres e inversión pública.

Así por ejemplo, Gudynas establece una distinción entre un extractivismo convencional y un neo-extractivismo cuya característica principal es la vinculación entre la renta extractiva y la política social y que sería característica de los denominados gobiernos progresistas de la región: “En cambio, escribe Gudynas, bajo el llamado neo-extractivismo progresista se introducen cambios, en particular una recuperación del papel del Estado, sea en un control más directo sobre los emprendimientos extractivos, captando una mayor proporción de excedentes, y legitimándolo por la vía de los planes de asistencia social” (Gudynas, 2011: 63; ver también Gudynas, 2009 y 2013) Asimismo, tampoco está demostrada la relación entre la renta extractiva y el alivio a la pobreza, de hecho el criterio mayoritario en las ciencias sociales es que : “existe una clara percepción generalizada que la minería no contribuye al alivio de la pobreza” (Polo Robilliard, 2005: 7). No obstante, se insiste en el discurso de que las rentas extractivas aliviarán la pobreza y contribuirán al desarrollo.

En el caso del Ecuador, muchas de las reformas a la Ley de Minería que el ejecutivo aprobó en el primer semestre del año 2013, se legitimaron, precisamente, en el discurso que la renta minera financiaría al desarrollo y a la redistribución de la renta, a pesar de que todos los datos existentes demuestran exactamente lo contrario. La cuestión por tanto es clarificar cuánta verdad existe en aquella metáfora del mendigo sentado sobre un saco de oro.

¿Financian los recursos de la renta extractiva las políticas sociales del gobierno ecuatoriano?¿Es necesaria la renta extractiva para financiar al desarrollo?, y ¿qué tipo de desarrollo está emergiendo desde las industrias extractivas? ¿Cuál es la relación entre la renta extractiva con la inversión social? ¿Son ciertos los argumentos oficiales que indican que la renta extractiva es la alternativa para la redistribución del ingreso y el gasto social? ¿Qué dinámicas reales se están generando al amparo de este discurso que promueve el extractivismo a nombre del desarrollo, la equidad y la justicia social?

Por renta extractiva hago referencia a todos los recursos que provienen, en el caso del Ecuador, fundamentalmente a las exportaciones de petróleo crudo y derivados. En cambio el concepto de extractivismo es más complejo . En primer lugar hay que separarlo con la noción más común de que extractivismo significa lo mismo que extraer recursos naturales (Prada, 2011). El fenómeno del extractivismo significa mucho más que la simple extracción de recursos naturales, implica dinámicas territoriales (Porto-Gonçalves, 2009), valorización mercantil de recursos intangibles, derechos de propiedad sobre recursos territoriales en mercados altamente integrados sobre todo mercados financieros, dinámicas de política demográfica y de control poblacional como por ejemplo las Transferencias Monetarias Condicionadas, (Zibechi, 2010), relaciones geopolíticas que establecen nuevas formas de integración regional tanto a nivel político cuanto a nivel de infraestructura (Petras, James, 2012), que procesan nuevas formas de hegemonía mundial (Saltos, 2010), procesos de desposesión territorial y judicialización social (Dávalos, 2011 y 2012), control territorial por vías paramilitares, etc.

El extractivismo como fenómeno complejo de la economía política debe mucho para su interpretación a las propuestas teóricas de Rosa Luxemburg y su concepto de acumulación del capital por desposesión (Luxemburg, 1978). Este mismo concepto ha sido retomado por el geográfo marxista David Harvey para proponer la acumulación por desposesión como dinámica inherente al capitalismo actual en una perspectiva territorial y espacial (Harvey, 2005). La acumulación por desposesión toma en consideración que las prácticas de violencia de la acumulación originaria del capital de los siglos XVI en adelante, como por ejemplo, la conquista y despojo europeo en América, las Leyes de Cercados de la Inglaterra de los Tudor, entre otras, se mantienen a todo lo largo de la acumulación capitalista.

Sin embargo, más allá del debate teórico, el hecho es que la referencia al extractivismo, en este caso para calificar al gobierno de la Revolución Ciudadana, en el Ecuador y durante el periodo 2007-2012, permite ubicar una serie de fenómenos aparentemente contradictorios de este gobierno al interior de una explicación más coherente y estructurada. Sobre todo situar las ambiguedades de su discurso político contrastadas con la praxis de su quehacer económico.

En efecto, podrían llevar a engaño las posiciones críticas de este gobierno contra, por ejemplo, al Banco Mundial o al FMI, y confundirlo con posiciones de la izquierda política, cuando en realidad son recursos ideológicos que corresponden a las dinámicas y discursos del extractivismo. La misma situación con respecto al discurso y a la política pública social (Falconí y Muñoz, 2012). El gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido el régimen político que más ha invertido en salud y educación, qué duda cabe, empero este gasto cumple un rol político preciso al interior de la dinámica extractiva al legitimarla y posibilitar su expansión y consolidación.

Ahora bien, habría que recordar que la economía ecuatoriana sufrió durante dos décadas el ajuste macrofiscal del FMI que redujo a mínimos históricos el gasto fiscal en el sector social y en inversión pública. En promedio el gasto social como porcentaje del PIB durante la década de 1990-1999, es decir, la época del neoliberalismo duro, fue del 6,4% del PIB. En el periodo 2000-2006, previos al gobierno de Alianza País y ya en dolarización, el promedio del gasto social fue del 5,1% del PIB (Dávalos, 2010).

En cambio, en el gobierno de Alianza País que empieza en el año 2007, el promedio del gasto social para el periodo 2007-2011 se incrementó al 11,7% del PIB. Se trata, a no dudarlo, de un giro radical con respecto a las recomendaciones de ajuste macrofiscal del FMI, porque se ha realizado, por vez primera en dos décadas, una importante inversión pública en el sector social, sobre todo en salud y educación. Esta inversión social se ha convertido en uno de los argumentos que legitiman políticamente al gobierno ecuatoriano y que lo hacen aparecer en contraposición directa a los gobiernos neoliberales.

En el siguiente cuadro pueden verse los datos para una serie histórica del comportamiento del gasto social y su relación con el PIB:

Cuadro No. 1

Inversión pública en el sector social como porcentaje del PIB 2001-2011. En millones de USD y en %

Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Contribuciones a la Seguridad Social	454,6	767,3	915,8	1.038,3	1.120,8	1.572,3	1.808,4	2.108,5	2.069,4	2.545,6	4.021,1
Educación	492,8	694,3	675,7	858,3	946,0	1.088,5	1.383,6	2.509,4	2.533,0	2805,1	3.397,90
Salud	188,6	259,0	309,9	371,3	422,9	504,5	606,4	1.190,1	1.201,2	1.330,3	1.611,4
TMC*	260	280	300	300	450	480	550	580	640	680	700
Total gasto social	1.396,0	2.000,6	2.201,5	2.568,0	2.939,8	3.645,3	4.348,5	6.388,1	6.443,6	7.361,1	9.730,4
PIB	39.241.3	40.848.9	41.961.2	45.406.7	47.809.3	49.914.6	51.007.7	54.250.4	54.810.0	56.602.5	61.121.4
Gasto social/PIB	3,5	4,8	5,2	5,6	6,1	7,3	8,5	11,7	11,1	12,5	14,7

Fuente: Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios años

Elaboración: Autor

* Datos calculados en función de las respectivas ejecuciones presupuestarias

Es necesario indicar que este incremento del gasto público en el sector social obedece a una presión de la sociedad ecuatoriana que consideraba que las metas de estabilización macroeconómica, ajuste fiscal y equilibrios presupuestarios, propuestos por el FMI y el Banco Mundial, no habían logrado los objetivos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, bienestar social y redistribución del ingreso. Todo lo contrario, esas políticas que serían conocidas bajo el nombre genérico de recomendaciones del Consenso de Washington, provocaron pobreza, recesión, desempleo, concentración del ingreso, desindustrialización, y conflicto social.

Fue por ello que a fines del año 2005 la sociedad ecuatoriana aprobó en un referéndum el incremento porcentual del gasto social, sobre todo en salud y educación, hasta alcanzar un baremo no menor al 10% del PIB, en donde se proponía que el gasto en educación no debía ser menor al 6% del PIB y la salud debería ser al menos igual al 4% del PIB. En este referéndum, además, se estableció el plazo de una década para alcanzar estos objetivos que, incluso, fueron incorporados dentro de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Empero de ello, y a pesar de su incremento nominal, en el año 2012, el presupuesto de educación fue del 4,3% del PIB, y el presupuesto de salud fue del 2,0% del PIB, es decir, aún en el año 2012 y con todo el gasto fiscal en salud y educación se está muy lejos de las metas planteadas por la sociedad ecuatoriana en el año 2005.

Ahora bien, sobre esta necesidad y presión social, el gobierno que empieza en el año 2007 realiza un cambio en el discurso político porque vincula la generación de rentas extractivas con la redistribución del ingreso, el crecimiento económico y el bienestar social. Mientras los gobiernos neoliberales se habían preocupado de mantener indicadores de prudencia macroeconómica, optando por generar un ahorro forzoso que finalmente hundieron a la economía en la recesión y en la pobreza a nombre de la estabilidad económica, el gobierno ecuatoriano que empieza a partir del año 2007 se desmarca críticamente de ese discurso y realiza una importante inversión pública y la sustenta, al menos en su discurso político, con la redistribución de la renta extractiva.

Es la primera vez en décadas que un gobierno vincula en un solo discurso el rescate de la soberanía nacional, la redistribución del ingreso y la justicia social con la renta extractiva petrolera. Por ello, una de sus primeras medidas económicas será cambiar la modalidad de contratos con las empresas petroleras incrementando sustancialmente la participación del Estado en la renta petrolera.

Se trata de un discurso novedoso porque esta relación de la renta extractiva con la soberanía nacional, la redistribución del ingreso y la justicia social cala muy fuerte en varios sectores sociales, sobre todo aquellos que habían resistido al ajuste macrofiscal del FMI y que se ubican en la izquierda política. Lo novedoso de este discurso es que permite convertir a la renta extractiva en una estrategia de articulación social y política que permite movilizar a la sociedad y generar un consenso sobre el extractivismo como necesidad ineludible para el desarrollo y la equidad (Senplades, 2009). En efecto, mientras que en el periodo neoliberal se proponía la privatización de la renta extractiva porque se consideraba que los mercados eran más eficientes que el Estado, con el nuevo gobierno ecuatoriano de Alianza País, la recuperación de la renta extractiva para financiar el desarrollo nacional se convierte en uno de los discursos políticos más importantes (Harnecker, 2012).

Las falacias del extractivismo: renta extractiva y gasto social

Sobre este discurso nacionalista se articulan varios discursos políticos que ameritan ser analizados en detalle. En primer lugar está el argumento que la renta extractiva permite el financiamiento al gasto público, especialmente en salud y educación, y que habían sido largamente postergados en los tiempos neoliberales. En segundo lugar, está el discurso que vincula la renta extractiva con la inversión pública, el desarrollo económico y el crecimiento económico. En tercer lugar, está la vinculación de la renta extractiva con las políticas de redistribución del ingreso, sobre todo por la vía de subsidios y asistencia social a los más pobres. En cuarto lugar, está el discurso que propone una visión de soberanía nacional sobre la renta extractiva y que la presenta en plena disputa y confrontación con el capital transnacional, sobre todo con el capitalismo norteamericano. En quinto lugar, está la conformación de empresas nacionales extractivas, así como la renegociación de regalías y contratos de servicios, que implican un cambio importante con relación al “entreguismo” de los neoliberales. En sexto lugar, está la concepción del extractivismo como una fase de transición hacia una modernización pos-extractiva en una economía intensiva en capital y creadora de valor agregado, que en Ecuador ha asumido la forma de un debate sobre la “matriz productiva”.

Sobre estas dinámicas de la renta extractiva se vinculan, además, procesos políticos inherentes, complementarios y adscritos al extractivismo, por ejemplo, el discurso político que hace uso del concepto del corporativismo con el que se acusa a quienes se defienden de la expropiación y desposesión territorial porque, según este discurso, estarían defendiendo intereses particulares en detrimento de un interés general (Falconí y Muñoz, 2012). En línea con esta argumentación subyace toda la estrategia de judicialización y criminalización a toda la protesta social en contra del extractivismo.

Ahora bien, ¿qué tan ciertos son estos argumentos que tratan de justificar y legitimar al extractivismo? ¿Es verdad que la renta extractiva financia el gasto social, en especial, el gasto en salud y educación? ¿Hasta qué punto la renta extractiva ha financiado el crecimiento económico y ha creado condiciones para el bienestar social? ¿Financia la renta extractiva las transferencias monetarias condicionadas? ¿Representan las empresas extractivas nacionales una confrontación con el capitalismo transnacionalizado? ¿Cuál es la geopolítica del extractivismo? ¿Cuáles son sus amenazas?

Para poder responder a las cuestiones planteadas es necesario comprender las dinámicas de la renta petrolera, al momento la renta extractiva más importante que tiene el Ecuador. Durante el periodo del gobierno del partido Alianza País (2007-2012), éste se benefició de una coyuntura internacional favorable para los precios del petróleo. En el periodo 2007-2012, el Estado ecuatoriano recibió por exportaciones de petróleo 58.978,0 millones de dólares; sin embargo, la participación efectiva del gobierno central fue del 40,3% del total de esos recursos (aproximadamente 23,7 mil millones de dólares). Como puede apreciarse, a pesar de la renegociación de los contratos y de cambios en las regalías, las empresas transnacionales siguen participando de forma importante en la redistribución de la renta extractiva petrolera.

Gráfico No. 1

Distribución de la renta extractiva petrolera, en millones de USD, periodo 2007-2012

Fuente: Boletín Estadístico Banco Central del Ecuador, varios años

Elaboración: Autor

Conjuntamente con la renta extractiva, los impuestos constituyen la parte más importante de los ingresos fiscales ecuatorianos. Ambos ingresos configuran los límites y las posibilidades de la política fiscal en el Ecuador. En el siguiente cuadro pueden comprobarse los ingresos fiscales totales del Ecuador durante doce años (2000-2012), tanto aquellos que provienen de la renta petrolera, cuanto los ingresos por tributación directa e indirecta:

Cuadro No. 2

Ingresos fiscales totales. Periodo 2000-2012. En millones de USD

.Años	Ingresos petroleros	Ingresos fiscales petroleros	Ingresos fiscales Petroleros como % de ingresos totales por exportacion de petróleo	Ingresos no petroleros
.Años	Ingresos petroleros	Ingresos fiscales petroleros		Impuestos directos	Impuestos indirectos
2000	2.144,0	1.248,8	58.2	445,1	820,1
2001	1.722,3	1.256,0	72.9	434,3	1.283,9
2002	1.839,0	1.324,0	71.9	435,2	1.497,0
2003	2.372,3	1.555,4	65.5	516,2	1.579,6
2004	3.898,5	1.319,4	33.8	605,6	1.717,0
2005	5.396,8	1.574,0	29.1	768,9	1.966,5
2006	6.934,0	1.519,2	21.9	941,5	2.237,3
2007	7.428,3	1.104,1	14.8	1.108,8	2.471,9
2008	10.568,3	4.400,8	41.6	2.338,6	2.824,9
2009	6.284,1	2.298,2	36.5	2.517,5	3.018,5
2010	8.925,5	3.917,3	43.8	2.353,1	3.552,8
2011	11.799,9	5.971,4	56.6	3.030,0	3.960,5
2012	13.971,9	6.085,6	43.5	3.312,9	4.883,8

Fuente: Boletín Estadístico Banco Central del Ecuador, varios años

Elaboración: Autor

Esta relación de los ingresos fiscales es importante para analizar la veracidad de uno de los argumentos más utilizados para justificar y legitimar al extractivismo, aquel que establece que la renta extractiva financia el gasto social, en especial, el gasto en salud y educación. Del cuadro anterior se pueden establecer algunas dinámicas interesantes. En el periodo 2007-2012, el gobierno ecuatoriano tuvo ingresos por 59.150,7 millones de dólares, de los cuales 23.7 mil millones de USD (el 41,2%) correspondieron a ingresos petroleros; 14,6 mil millones correspondieron a ingresos por impuestos directos y 20,7 mil millones de USD (33,8%) a impuestos indirectos[1].

En cambio en el periodo anterior, 2000-2006, el Estado ecuatoriano recibió 25,0 mil millones de dólares, de los cuales el 39,1% fueron ingresos petroleros y el 44,3% de los ingresos correspondieron a impuestos indirectos. La diferencia más importante entre ambos periodos, amén de los montos, está en los impuestos directos. Mientras en el primer periodo que va hasta el año 2006 los impuestos directos representaron el 16,5% de todos los ingresos fiscales, en el siguiente periodo y que corresponde al gobierno de Alianza País, los impuestos directos representaron el 24,4% de los ingresos fiscales totales. En consecuencia, puede advertirse un esfuerzo fiscal importante por cambiar el centro de gravedad de la estructura impositiva de los impuestos indirectos y que afectan más a los pobres hacia los impuestos directos que gravan más a los ricos.

Ahora bien, hay que recordar que el gasto fiscal fue objeto de intervención por parte del FMI y del Banco Mundial desde los inicios del ajuste macroeconómico en la década de los años ochenta, y que esa arquitectura y diseño institucional de dos décadas se mantuvo incluso con el gobierno de Alianza País en el periodo 2007-2012. Esta distinción es importante porque sobre esta estructura de los ingresos fiscales, el FMI establecería una distinción entre aquellos ingresos que se consideran permanentes, es decir, los ingresos fiscales por tributación, y los ingresos no permanentes, en este caso, los ingresos que provienen de la renta extractiva. La distinción realizada por el FMI entre ambos tipos de ingresos fiscales tenía como objetivo separar los ingresos de las exportaciones de petróleo y de otros commodities con el fin de utilizarlos exclusivamente para el pago de la deuda externa.

Esto condujo a una arquitectura institucional en virtud de la cual los ingresos provenientes de la renta extractiva no podían ser utilizados para el denominado gasto permanente del Estado. Por ello, a fines del año 2002, el gobierno de ese entonces creó un fondo de ahorro forzoso para guardar ahí los excedentes petroleros y utilizarlos como garantía para el pago de la deuda externa (el Fondo FEIREP).

Esto provocó reacciones y críticas porque dejaba sin recursos a la caja fiscal en momentos en los que más hacían falta para resolver problemas urgentes en sectores sociales. Sin embargo, esta arquitectura institucional y jurídica que regula al ingreso y gasto fiscal se mantuvo incluso en las reformas constitucionales del año 2008. En efecto, en este texto Constitucional se establece lo siguiente:

“Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán en forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanente. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.”

La misma disposición consta en el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas aprobado en el año 2010. En al Art. 87 de esta ley se establece la clasificación de ingresos entre ingresos permanentes y no permanentes, y en el Art. 90 se enuncia la “Regla Fiscal” que es exactamente la misma que constaba en la Ley del año 2002 y que creó el fondo FEIREP, la regla fiscal dice lo siguiente:

“Art. 90.- Regla fiscal.- Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes (…).”

Esto significa que los ingresos provenientes de la renta extractiva petrolera no podrán financiar al sector salud y educación, salvo de forma excepcional. Este diseño institucional del gasto fiscal bloquea de forma intencional la posibilidad de utilizar los recursos de la renta extractiva para el financiamiento al sector social[2].

La renta extractiva puede permitir la construcción de hospitales y escuelas pero prohíbe la contratación de personal de salud o de educación necesarios para estos nuevos hospitales y escuelas. Para contratar al personal necesario en el sector salud o educación, la única posibilidad que establece la ley es el financiamiento con ingreso permanente, es decir, impuestos. Esto determina un límite crítico para una política pública en salud y educación, que está determinado, a su vez, por la capacidad impositiva que tendría el gobierno y no por los recursos que podrían provenir de la renta extractiva.

Es por ello que en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa no ha creado una importante infraestructura ni en salud ni en educación, y que los recursos destinados a la inversión en estos sectores sean mínimos. Por ejemplo, en el caso del sector de la educación, en el año 2010, del presupuesto asignado al sector el 87,5% correspondía a gasto corriente que se financiaba con ingreso permanente (impuestos). Del restante 11,3% destinado a gasto de inversión, y de éste solamente el 5,2% del gasto de inversión se destinó efectivamente a la construcción de nueva infraestructura escolar o remodelación de la existente, es decir, alrededor de 160 millones de dólares, para un presupuesto global de 3 mil millones de USD.

Puede advertirse también que ese año el gobierno ecuatoriano gastó 64,3 millones de dólares en “gastos en personal para la inversión”, que es el eufemismo para el despido y liquidación de empleados públicos, en este caso en el sector de la educación. El presupuesto de ese año puede considerarse como promedio en todos los años de la Revolución Ciudadana.

Cuadro No. 3

Gasto educativo total por objeto del gasto, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

TIPO DE GASTOS	MILES DE DOLARES	PORCENTAJE
GASTOS CORRIENTES	2,678,770	87.5%
51 GASTOS EN PERSONAL	2,317,165	75.7%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219,278	7.2%
56 GASTOS FINANCIEROS	1,042	0.0%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	6,303	0.2%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134,982	4.4%
GASTOS DE INVERSION	347,096	11.3%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	64,344	2.1%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	87,672	2.9%
75 OBRAS PUBLICAS	101,795	3.3%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION	35	0.0%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	33,738	1.1%
84 BIENES DE LARGA DURACION	59,511	1.9%
87 INVERSIONES FINANCIERAS	1	0.0%
APLICACION FINANCIAMIENTO	35,007	1.1%
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,008	0.1%
97 PASIVO CIRCULANTE	578	0.0%
99 OTROS PASIIVOS	30,421	1.0%
Total objeto del gasto	3,060,873	100.0%

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador, valores devengados al 31 de diciembre de 2010

Elaboración: Autor

La misma situación puede advertirse en el sector salud. Para el año 2012 se había presupuestado 1.760,4 millones de USD para el Ministerio de Salud, de los cuales 333,8 millones de USD (18,3%) fueron destinados para inversión. De esta cantidad, 82,2 millones de USD se destinaron a infraestructura física, equipamiento y mantenimiento; 79,1 millones para el proyecto “Mi Hospital”, y 50 millones para inmunizaciones de enfermedades inmuno-prevenibles por vacunación. Es decir, en el año 2012, del presupuesto general del Estado (27.6 mil millones de USD), la inversión real en el sector salud fue del 0,5%.

En comparación con la renta extractiva petrolera, en el supuesto de que ésta haya financiado la inversión en salud, de cada 100 dólares que el Ecuador recibió por renta petrolera, 2,7 dólares fueron utilizados para la construcción, equipamiento y mantenimiento del sector salud. Sin embargo, hay un hecho más que debe ser puntualizado y es que al interior del presupuesto de inversión en salud pública constan los rubros de pago a proveedores privados por prestaciones de servicios en salud, en un proceso de “privatización encubierta”.

Entonces, una primera conclusión es que la renta extractiva, en virtud de los arreglos institucionales y jurídicos que determinan la estructura del gasto fiscal en el Ecuador, no fue determinante para la inversión en los sectores de salud y educación. Esos sectores se financiaron, en lo fundamental, con recursos provenientes de los impuestos (ingreso permanente) y no con recursos provenientes de la renta extractiva.

Empero es necesario agregar un dato adicional: de los recursos previstos para la inversión pública, en el año 2012 casi el 10% de éstos fueron utilizados para financiar el “Programa de reforma institucional de la gestión pública”, es decir, un programa destinado a financiar los despidos de funcionarios públicos mediante la compra anticipada de renuncias y que continúa programas similares, entre ellos el Programático Social 2003-2005, del Banco Mundial y del BID (Dávalos, 2010).

En efecto, en el presupuesto del año 2012 se habían presupuestado 484,8 milllones de USD para despidos en el sector público, bajo la denominación “gastos en personal para la inversión”, que forma parte del proyecto de reforma institucional de la gestión pública, y que representó el 9,4% del presupuesto de inversión para ese año[3]. En otros términos, no solo que la renta extractiva petrolera fue marginal para la inversión en salud y educación, sino que además su utilización habría permitido el financiamiento a la flexibilización laboral en el sector público, continuando las derivas neoliberales de despidos en el sector público, con la diferencia de que el régimen de la Revolución Ciudadana utilizó estos recursos para despedir a líderes sindicales, opositores políticos que trabajaban en el sector público, y todos los funcionarios públicos que alguna vez manifestaron su inconformidad con el régimen político existente.

Si esto es así, el discurso que establece que la renta extractiva financia el sector social, al menos para el caso ecuatoriano, debe ser matizado y relativizado. Los datos nos indican que la inversión pública en salud y educación fue marginal y que el grueso del financiamiento de este sector siempre se realizó con impuestos, porque en su mayor parte correspondía a gasto permanente (o corriente) y no podía, de acuerdo a la ley, financiarse con renta extractiva. El único uso detectado de la renta extractiva fue para continuar con los programas neoliberales de flexibilización del trabajo en el sector público pero esta vez utilizados de manera estratégica para controlar y disciplinar al sector público.

Renta extractiva y clase media

Si el sector de salud y educación fueron financiados marginalmente, durante el periodo 2007-2012, por la renta extractiva petrolera, entonces, ¿cuál fue el destino fundamental de esos recursos? ¿hacia dónde fue la renta extractiva? ¿quiénes se beneficiaron de esa renta? Existen, al menos, dos hipótesis al efecto. La primera hace referencia al financiamiento de los subsidios a los precios de los combustibles y, la segunda, al incremento de la inversión pública interna en infraestructura y medida por la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) para el sector público.

Para fundamentar la primera hipótesis, necesitamos saber que en el Ecuador existe un subsidio importante a los precios de los derivados de petróleo, en especial los combustibles y al gas de uso doméstico. Por el momento se deja de lado el subsidio al gas de uso doméstico (que en el año 2012 representó el 1,1% del PIB), para poder concentrarse en el subsidio a los combustibles y su relación con la renta extractiva. En el siguiente cuadro constan los datos del volumen y el monto del subsidio a los combustibles:

Cuadro No. 4

Importación de derivados, costos, ingresos y diferencia. En millones de USD. 2006-2011

Período	TOTAL DERIVADOS
	TOTAL DERIVADOS
	Volumen de importaciones (miles de barriles)	Precio promedio de Importación (dólares/barril)	Costo de importación (miles de dólares)	Precio promedio venta a nivel nacional (dólares /barril)	Ingreso por ventas internas importaciones (miles de dólares)	Diferencia entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones (miles de dólares) (Subsidio)








2006	25.932,8	75,26	1.951.688,1	33,84	877.685,4	-1.074.002,7
2007	29.328,9	83,02	2.434.862,1	34,38	1.008.472,2	-1.426.390,0
2008	27.859,2	103,30	2.877.952,1	35,43	987.011,2	-1.890.941,0
2009	32.179,2	69,58	2.239.052,9	35,85	1.153.693,8	-1.085.359,1
2010	41.003,9	87,45	3.585.990,3	38,26	1.568.907,8	-2.017.082,5
2011	37.434,9	117,75	4.407.922,2	38,95	1.458.046,7	-2.949.875,5
2012	40.266,3	124,4	5.009.427,1	39,83	1.603.760,5	-3.405.666,6

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios números

Elaboración: Autor

En el cuadro anterior puede apreciarse el volumen de la importación de combustibles y el costo que significó para la economía ecuatoriana. En el periodo 2006-2012, el Ecuador, un país petrolero, importó combustibles por 22.5 mil millones de dólares. Descontando los ingresos por ventas internas de combustibles, en ese periodo el Estado ecuatoriano creó un subsidio directo por 13.8 mil millones de dólares, destinado en lo fundamental a los sectores medios de la población, porque son ellos los que utilizan el combustible barato para sus autos y otros usos.

Para que pueda tenerse una idea del volumen destinado al subsidio de combustibles comparado con otros sectores, en ese mismo periodo el gobierno ecuatoriano destinó 1.6 mil millones de dólares al sector agrario; 8.1 mil millones de USD a la salud; y 17.4 mil millones a la educación. La cuestión, por tanto, es ¿de dónde salieron los recursos fiscales para financiar el subsidio a los combustibles? En virtud de la arquitectura institucional y jurídica que establece una clara distinción entre los ingresos fiscales permanentes y no permanentes, lo más plausible es considerar que la importación de derivados de petróleo fue financiada con recursos provenientes de la renta extractiva.

De esta manera, la renta extractiva nunca financió al sector social pero sí contribuyó al financiamiento de las clases medias en el Ecuador. A medida que la clase media se expandió, la presión fiscal del subsidio a los combustibles se hizo más fuerte. En el año 2006, el subsidio a los combustibles fue de mil millones de dólares que representaban el 70% de los ingresos fiscales petroleros, cinco años más tarde, en el año 2011, el subsidio era de 3 mil millones de dólares. Los datos de la relación entre el subsidio a los precios de los combustibles y los ingresos fiscales petroleros para el periodo 2006-2011, pueden apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 5

Ingresos fiscales petroleros y costo del subsidio a derivados. En millones de USD y %

2006-2011

Año	Ingresos fiscales petroleros netos	Diferencia entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones	% del subsidio a los combustibles sobre ingresos fiscales petroleros netos
2006	1.519,2	-1.074.002,7	70,7
2007	1.104,1	-1.426.390,0	129,1
2008	4.400,8	-1.890.941,0	42,9
2009	2.298,2	-1.085.359,1	47,2
2010	3.917,3	-2.017.082,5	51,5
2011	5.971,4	-2.949.875,5	44,1
2012	6.085,6	-3.405.666,6	55,9

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios números

Elaboración: Autor

Durante el periodo 2008-2012, cuando el Estado cambia la modalidad de los contratos petroleros con las empresas petroleras transnacionales y cuando se producen importantes incrementos del precios del petróleo, la relación promedio entre el subsidio al precio de los combustibles y los ingresos fiscales petroleros netos representó alrededor del 48,3% de estos últimos. Es plausible considerar que los recursos que financiaron el subsidio a los combustibles provinieron en gran medida de la renta extractiva petrolera. Si esto es así, casi la mitad de los ingresos de la exportación de petróleo fueron destinadas para comprar combustibles y venderlos a precios baratos a las clases medias ecuatorianas.

La clase media ecuatoriana: beneficiaria y cómplice del extractivismo

Durante el periodo 2006-2012 puede observarse un incremento importante de la clase media en la estructura social del Ecuador. Es pertinente pensar que la renta extractiva permitió que las clases medias incrementen su relación ingreso-gasto principalmente por la vía de subsidios directos, en este caso el subsidio a los combustibles.

El consumo de los hogares pasa de 20,7 mil millones de USD en el año 2000, a más de 52 mil millones de USD en el año 2012, en un contexto de baja inflación, de recuperación de la capacidad adquisitiva del salario y de relativa liberalización comercial, esto se convierte en un escenario ideal para las clases medias.

De otra parte, la contratación pública incorporó nuevos cuadros técnicos y administrativos al Estado y amplió la base social de la clase media. En efecto, al asumir el gobierno de Rafael Correa en el año 2007, el gobierno gastó ese año 2.913 millones de USD en sueldos y salarios.

Para el año 2012 ese gasto se había incrementado en dos veces y media, a 7.352,9 millones de USD. Puede establecerse, en consecuencia, que las clases medias son los aliados naturales del extractivismo y la renta extractiva porque ahí radican sus posibilidades económicas e institucionales.

Gráfico No. 2

Tendencias del consumo de hogares y del valor agregado manufactura. En millones de USD

2000-2011

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios números

Elaboración: Autor

En el gráfico anterior puede visualizarse el crecimiento sostenido del consumo al interior de la economía del país. Lo que es revelador es que la producción nacional no tiene el mismo patrón de comportamiento que el consumo, si bien crece la producción nacional su ritmo es menor al crecimiento del consumo. La diferencia entre el consumo de la producción nacional y el gasto en consumo de la clase media se llena por las importaciones de bienes de consumo. Un dato que corrobora esta tendencia es el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo, conforme lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro No. 6

Importaciones de bienes de consumo y consumo de hogares

En millones de USD. 2002-2011

Años	Total importaciones Bienes de Consumo	Consumo Hogares	% de Importaciones de Bienes de consumo sobre consumo total hogares
2002	1.686.940	20.799.900	8,1
2003	1.764.704	23.267.776	7,5
2004	2.048.330	25.787.308	7,1
2005	2.337.268	28.435.896	7,6
2006	2.584.995	30.880.889	8,1
2007	3.099.181	33.201.278	9,3
2008	4.113.632	37.991.263	11,7
2009	3.264.353	38.913.285	9,2
2010	4.371.147	43.203.119	10,1
2011	4.742.920	48.110.464	9,8
2012	4.825.738	52.145.073	9,3

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios números

Elaboración: Autor

El consumo de bienes importados pasa de 1.6 mil millones de USD en el año 2002 a cerca de 5.0 mil millones de USD en el año 2011. En el periodo del gobierno de Alianza País (2007-2012), la sociedad ecuatorian destinó más de 24 mil millones de USD en importar bienes de consumo, de los cuales, 11.6 mil millones de USD correspondieron a bienes de consumo no duraderos, es decir, bienes de la canasta básica. Las clases medias fundamentaron su consumo en la estabilidad del dólar, en el incremento del gasto fiscal, en la apertura de la economía y en la liquidez de la economía sustentada por un sistema financiero pródigo en el crédito al consumo.

En consecuencia, puede afirmarse que la renta extractiva permitió el incremento del consumo de los sectores medios, no de los estratos populares y pobres, porque ayudó a financiar ese consumo a través del subsidio directo a los combustibles. Los sectores medios incrementaron su consumo y presionaron a la balanza de pagos porque empezaron a consumir más bienes importados incluyendo aquellos de la canasta básica. La fortaleza del tipo de cambio fijo de la dolarización permitió ese consumo, de ahí la vinculación a la dolarización de la economía por parte de la clase media ecuatoriana. La renta extractiva, en consecuencia, nunca financió de manera importante al sector social sino que produjo fuertes distorsiones macroeconómicas al crear una burbuja de consumo en un contexto en el que la producción nacional de valor agregado crecía a ritmos menores que el consumo[4].

La falacia de la inversión pública y la renta extractiva: IIRSA y privatización territorial

Una segunda hipótesis relacionada al uso real de la renta extractiva hace referencia al uso de ésta para la creación de infraestructura física, eléctrica, de telecomunicaciones, entre otros aspectos, que se realizan en función del desarrollo nacional, la modernización y que contribuirán al bienestar general. Los datos muestran que, efectivamente, se produjo un importante crecimiento en la inversión pública, expresada en el indicador de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) del sector público y conforme puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) del sector público. En millones de USD y % del PIB

2001-2011

Gastos de Capital y FBKF en el sector público, en millones de dólares y % PIB
Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (p)	2009 (p)	2010 (p)	2011 (p)
Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (p)	2009 (p)	2010 (p)	2011 (p)
Gastos de capital	1.407,7	1.581,6	1.460,4	1.607,8	1.830,6	1.943,5	3.406,0	7.000,8	6.680,1	7.217,6	9.825,8
Formación bruta de capital fijo (FBKF)	1.160,7	1.379,7	1.388,1	1.492,9	1.817,8	1.900,0	3.173,3	6.929,7	6.310,0	6.570,9	9.492,3
FBKF (Sector público) % del PIB	5,4	5,5	5,0	4,5	4,9	4,5	6,9	12,7	12,1	11,3	15,4

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador, varios números

Elaboración: Autor

Puede notarse un incremento importante de la inversión pública con respecto al PIB que pasa del 5,4% del PIB en el año 2001, al 15,4% del PIB en el año 2011. En términos absolutos, la inversión pública pasa de 1,1 mil millones de USD en el año 2001 a 9,5 mil millones de dólares en el año 2011. De hecho, la inversión pública es el doble de la inversión privada. La Formación bruta de capital en el sector privado para el año 2011 fue del 8,7% del PIB. En un contexto en el cual el discurso y la práctica neoliberal produjeron durante dos décadas una desinversión pública, los indicadores del periodo 2007-2011 muestran una recuperación importante de la inversión pública. Son estos indicadores los que han sustentado el discurso de la recuperación del Estado y su rol para el crecimiento económico. Empero, hay que matizar esas apreciaciones porque existe una distancia importante entre el crecimiento de la inversión pública y la renta extractiva, y también entre el crecimiento económico y el bienestar social.

El grueso de esta inversión pública fue destinada a tres sectores fundamentales: transportes (carreteras, aeropuertos, puertos y caminos); energía eléctrica y el sector de hidrocarburos. La inversión en estos sectores tiene incidencias directas en el crecimiento económico por la vía de los efectos multiplicadores de la inversión en el PIB. Ahora bien, ¿cuál es la relación de la renta extractiva con esta inversión pública? Esta relación ¿permitió un mayor crecimiento y, en consecuencia, un mayor bienestar social?

Los datos nos indican que la renta extractiva es más bien marginal con respecto a la inversión en infraestructura pública, salvo en el caso de la inversión en el sector transporte y comunicaciones en donde puede apreciarse un financiamiento con renta extractiva. Para el año 2012, la mayor parte de los proyectos de inversión pública en energía eléctrica fueron financiados con créditos bilaterales, no con recursos de la renta extractiva petrolera. Estos créditos fueron realizados básicamente con el gobierno de China y, en menor medida, Brasil, y ahí constan los proyectos insignias de la inversión pública como las centrales hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, Sopladora, San Francisco, entre otras[5]. En ninguno de los proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, o incluso energía solar, el gobierno utilizó los recursos de la renta petrolera. En todos los casos, el gobierno los financió con créditos bilaterales.

En el periodo 2007-2011, el gobierno ecuatoriano destinó 5.303 millones de dólares para el sector transportes, carreteras y caminos, este presupuesto también incluye el gasto corriente de este sector. La mayor parte de carreteras que se han construido en el periodo 2007-2012, son aquellas que vinculan zonas extractivas con puertos de transferencia, como por ejemplo la carretera Zamora-Palanda vinculada a los proyectos mineros Mirador (Empresa Ecuacorriente) y Fruta del Norte (Kinross). Fuera de estas carreteras relacionadas directamente al extractivismo, el gobierno ha destinado su esfuerzo principal en mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la red vial existente. En ningún momento el gobierno de Alianza País priorizó las construcciones en la red vial de segundo orden y que está directamente relacionada con la producción agrícola y campesina.

La infraestructura física de carreteras, puertos y aeropuertos realizada en el periodo 2007-2012 obedece a una lógica transnacional y geopolítica. En efecto, la mayor parte de esta infraestructura e inversión pública está directamente relacionada con la ampliación del extractivismo y con la integración geográfica y territorial de las zonas extractivas hacia puertos, aeropuertos y zonas de transporte multimodal, que en su mayor parte corresponden a los ejes multimodales de integración territorial contenidas en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sud América, un proyecto conocido como IIRSA[6].

Si la inversión pública crece de forma tan importante desde el año 2007, no es porque el régimen ecuatoriano haya sido sensible a las demandas de los sectores más populares y haya construido infraestructura destinada a solucionar sus problemas, sino porque había un proyecto de transnacionalización de la economía por la vía de la integración de los territorios a las industrias extractivas y la globalización del capital.

Así por ejemplo, si el régimen se lanzó en una frenética creación de centrales hidroeléctricas no fue tanto para el beneficio social cuanto para las industrias extractivas que son intensivas en el consumo de energía, por ejemplo, la industria minera a gran escala. De hecho, muchas de las centrales hidroeléctricas fueron pensadas y construidas en función de los proyectos mineros y de los ejes de integración multimodal de la iniciativa IIRSA.

No solo que el régimen ecuatoriano construyó la infraestructura física que permite la integración de los territorios a la globalización del capital, sino que además creó instrumentos jurídicos al tenor de las demandas de la globalización, como son los Códigos Orgánicos de la Producción, y de Ordenamiento Territorial[7].

Lo que es importante destacar en estos instrumentos jurídicos es la creación de zonas francas que el gobierno ecuatoriano las denominó Zonas Económicas de Desarrollo Especial, en una iniciativa que recuerda a las zonas de libre comercio creadas por el gobierno chino. En estos marcos jurídicos convergen las necesidades de protección jurídica a los inversionistas extranjeros con la necesidad de desterritorializar la soberanía, en convergencia con las disposiciones de la OMC sobre la seguridad jurídica y la protección recíproca a las inversiones.

El gobierno del Ecuador, a pesar de una supuesta posición antimperialista, nunca ha denunciado a la Iniciativa IIRSA. Todo lo contrario, ha formado parte activa de este proceso. El Ecuador está atravesado por dos ejes de integración y desarrollo de la Iniciativa IIRSA, el Eje Andino y el Eje del Amazonas.

Los proyectos del Ecuador en la IIRSA tienen la particularidad de integrarse al interior de dos ejes multimodales, por ello han denominado como “proyectos rótula”. Para cada eje de integración el Ecuador ha desarrollado también los denominados “proyectos ancla”. El proyecto que más atención y desarrollo ha tenido por parte del gobierno ecuatoriano ha sido el corredor Manta-Manaos.

Asimismo, el gobierno ecuatoriano ha sido uno de los que más avances ha realizado en obras físicas de acuerdo a la cartera de proyectos de la Iniciativa IIRSA. Hasta el año 2011, el Ecuador había realizado los siguientes proyectos al interior de la IIRSA, conforme el siguiente cuadro:

Cuadro No. 8

Cartera de proyectos IIRSA desarrollados por Ecuador, al año 2011

EJE	GRUPO	NOMBRE PROYECTO
Andino	G02	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EN EL PASO DE FRONTERA TULCÁN - IPIALES (RUMICHACA)
Andino	G05	CARRETERA PUERTO INCA - HUAQUILLAS Y PUENTE INTERNACIONAL EN HUAQUILLAS - AGUAS VERDES, PASO LATERAL EN HUAQUILLAS
Andino	G05	CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) HUAQUILLAS - AGUAS VERDES
Andino	G05	CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) RÍO MATAJE
Andino	G05	NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA
Andino	G05	PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE
Andino	G05	REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - SAN LORENZO (MATAJE)
Andino	G06	CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) SAN MIGUEL
Andino	G06	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZAMORA - PALANDA
Andino	G06	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO BELLA UNIÓN - GUALAQUIZA
Andino	G06	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO NARUPA - GUAMANIYACU
Andino	G07	CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) PUENTE DE INTEGRACIÓN
Andino	G07	PAVIMENTACIÓN VILCABAMBA - PUENTE DE INTEGRACIÓN - JAÉN
Andino	G09	ARMONIZACIÓN REGULATORIA: ELÉCTRICA, GASÍFERA Y PETROLERA
Andino	G09	DOS MICROCENTRALES EN CHINCHIPE Y TAGUIEN
Andino	G09	EXTENSIÓN DEL OLEODUCTO NOR-PERUANO
Andino	G09	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR - PERÚ
Andino	G09	MICROCENTRAL EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
Andino	G09	PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR, SEGUNDA ETAPA
Andino	G09	PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR. LÍNEA 230 KV ENTRE SUBESTACIONES PASTO (COLOMBIA) Y QUITO (ECUADOR)
Andino	G10	APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y DE LAS NUEVAS CONEXIONES PARA AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
Andino	G10	CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA PARA TELECOMUNICACIONES EN REDES DE TRANSMISIÓN
Amazonas	G01	ADECUACIÓN DEL PUERTO DE EL CARMEN
Amazonas	G01	ADECUACIÓN DEL PUERTO DE SAN LORENZO
Amazonas	G01	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN LORENZO - EL CARMEN
Amazonas	G02	CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) NUEVO ROCAFUERTE - CABO PANTOJA
Amazonas	G02	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE TENA
Amazonas	G02	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DEL COCA
Amazonas	G02	PUERTO DE ESMERALDAS
Amazonas	G02	PUERTO DE MANTA
Amazonas	G02	PUERTO DE PROVIDENCIA
Amazonas	G06	ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS
Amazonas	G06	MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MORONA, SECTOR ECUATORIANO
Amazonas	G06	MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO
Amazonas	G06	MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PUTUMAYO
Amazonas	G07	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 22 KV DESDE PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTIAGO DE MORONA (400 KW)
Amazonas	G07	MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUAYAQUIL - EL TRIUNFO - LA TRONCAL - ZHUD - EL TAMBO - CAÑAR - AZOGUES - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL TRAMO MÉNDEZ - PUERTO MORONA
Amazonas	G07	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - PASAJE - SANTA ISABEL - GIRÓN - CUENCA - PAUTE - AMALUZA - MÉNDEZ - PUERTO MORONA
Amazonas	G07	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BOLÍVAR - SANTA ROSA - BALSAS - CHAGUARPAMBA - LOJA - ZAMORA - YANTZAZA - EL PANGUI - GUALAQUIZA - GRAL. LEÓNIDAS PLAZA - MÉNDEZ
Amazonas	G07	NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO MORONA
Amazonas	G07	PASO DE FRONTERA SOBRE EL RÍO MORONA (ECUADOR)
Amazonas	G07	PROYECTO HIDROELÉCTRICO MORONA (1MW)
Amazonas	G07	PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS
Amazonas	G07	PROYECTO K4 "FRONTERA SUR" (ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)
Amazonas	G07	PUERTO DE TRANSFERENCIA DE CARGA MORONA

Fuente: IIRSA

Elaboración: Autores

Los siguientes mapas muestran las áreas de intervención geográfica de acuerdo a la geopolítica de los proyectos de la Iniciativa IIRSA. Puede apreciarse que muchos de los proyectos de infraestructura, especialmente carreteras, hidrovías y proyectos hidroeléctricos han sido diseñados y construidos en función de la cartera de los proyectos IIRSA.

Gráfico No. 3

Proyectos sectoriales IIRSA en el Ecuador. Ejes multimodales Andino y Amazónico. Año 2011

Fuente: IIRSA

Elaboración: Autor

Detrás del incremento de la FBKF del sector público no está precisamente una estrategia de soberanía nacional que busca romper con el pasado neoliberal y devolver al Estado su rol regulador, como lo afirma el discurso del régimen ecuatoriano y sus aliados políticos, sino una intención geopolítica de privatización territorial y de vinculación de los territorios a la geopolítica de la globalización del capital financiero, el actor principal del extractivismo.

Como puede verse, es la integración geopolítica de los territorios bajo la inciativa IIRSA la que otorga las condiciones de posibilidad a la mayor parte de los proyectos de infraestructura pública que se construyeron durante el periodo 2007-2012. En ningún momento la construcción de puertos, aeropuertos, carreteras, hidrovías, represas eléctricas, convergencias regulatorias, entre otras medidas, tuvieron que ver con el interés general, el bienestar de la población o el cambio de una matriz productiva con bases nacionales. Todos estos proyectos expresaron la realidad de la geopolítica del capitalismo. Casi todos ellos fueron financiados con créditos bilaterales porque expresaban, justamente, esa vinculación geopolítica.

Entonces, la segunda hipótesis que establece que la renta extractiva genera mayor crecimiento económico, es cierta a condición de establecer que la inversión pública realizada está pensada en ampliar las condiciones y las posibilidades del extractivismo, más que en generar cambios en lo que en Ecuador se ha denominado “matriz productiva” y menos aún que esta inversión pública implicaría un acto de soberanía nacional y de recuperación del Estado en beneficio de los sectores más pobres. Esta hipótesis tendría que ser complementada con el rol marginal que tiene la renta extractiva para su financiamiento porque, en realidad, la parte fundamental de esta inversión pública ha sido financiada con crédito bilateral y crédito público.

La falacia de la equidad: las Transferencias Monetarias Condicionadas y la renta extractiva

Una tercera hipótesis que se utiliza con respecto a la renta extractiva es su utilización para subsidios monetarios focalizados a los sectores más pobres, conocidos con el nombre de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). En el siguiente cuadro puede verse el número de personas que recibieron las transferencias monetarias condicionadas por provincia, pobreza y pertenencia indígena hasta fines del año 2012:

Cuadro No. 9

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Bono de Desarrollo Humano (BDH) perceptores y población total. Diciembre 2012

Provincias con población indígena	Población total	Población susceptible de ser intervenida con TMC	% Población total	Población que recibe las TMC- BDH	TMC-BDH- % con relación a la población total
Azuay	712.127	338.073	47,50%	88.666	12,4%
Bolívar	183.641	139.044	75,70%	42.725	23,26%
Cañar	225.184	150.549	66,90%	36.382	16,15%
Carchi	164.524	93.049	56,60%	26.171	15,90%
Chimborazo	458.581	301.653	65,80%	81.796	17,83%
Cotopaxi	409.205	304.474	74,40%	76.576	18,71%
Esmeraldas	534.092	415.046	77,70%	88.209	16,51%
Orellana	136.396	112.766	82,70%	20.958	15,36%
Galápagos	25.124	11.978	47,70%	736	2,93%
Guayas	3.645.483	2.103.761	57,70%	436.861	11,98%
Imbabura	398.244	214.241	53,80%	57.785	14,51%
Loja	448.966	273.824	61,00%	78.158	17,40%
Los Ríos	778.115	613.969	78,90%	146.723	18,85%
Manabí	1.369.780	1.043.879	76,20%	259.853	18,97%
Morona Santiago	147.940	109.194	73,80%	22.155	14,97%
Napo	103.697	80.061	77,20%	16.607	16,01%
Pastaza	83.933	57.128	68,10%	9.896	11,79%
Pichincha	2.576.287	855.983	33,20%	126.570	4,89%
El Oro	600.659	363.174	60,50%	76.828	12,79%
Sucumbíos	176.472	149.459	84,70%	27.496	15,58%
Tungurahua	504.583	285.524	56,60%	71.144	14,10%
Zamora Chinchipe	91.376	66.096	72,30%	15.508	16,97%
Sta. Elena	308.693	220.020	71,30%	51.640	16,72%
Sto. Tsáchilas	368.013	272.700	74,10%	51.644	14,03%
Total	14.483.499	8.575.645		1.917.826	--

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010-INEC y Ministerio de Inclusión Social – 2013

Elaboración: Autor

Para fines del año 2012, cerca de dos millones de personas (13,5% de la población total) recibían un bono mensual de 30 USD, denominado Bono de Desarrollo Humano (BDH). A partir de enero del año 2013 el bono fue incrementado a 50 USD y el gobierno depuró la base de datos de los receptores del bono reduciéndola, aproximadamente, en un 15%, de tal manera que se mantuvo casi el mismo presupuesto a pesar de su incremento nominal. En el año 2012 el gobierno ecuatoriano destinó 700 millones de dólares para el BDH, y gastó aproximadamente 90 millones de dólares para la gestión, administración y operación de este subsidio. Hay que indicar que ese mismo año, el gobierno destinó, en cambio, 3.405 millones para el subsidio al precio de los combustibles, lo que representaba casi cinco veces el bono de desarrollo humano.

A pesar de su importancia estratégica, los 700 millones de dólares del BDH significaron apenas el 1,2% del consumo total de los hogares del año 2012, y el 10,7% de la función consumo para los quintiles 1 y 2, considerados los más pobres y que son los que reciben maoritariamente estas transferencias. Las TMC fueron utilizadas en los quintiles 1 y 2 como complemento monetario para gastos no indispensables pero necesarios, como por ejemplo, compra tiempo-aire para sus teléfonos móviles. Estas TMC no se integraron a las dinámicas tradicionales de ingreso-gasto de estos sectores, ni las transformaron de forma importante.

En otros términos, los recursos del BDH no tuvieron significación macroeconómica, porque no alteraron de forma importante el comportamiento del consumo de los hogares, incluidos los más pobres. Tampoco tuvieron mayor incidencia fiscal porque representaron el 2,8% del presupuesto total del Estado. De otra parte, el BDH representó, para fines del año 2012, el 5% del costo de la canasta básica (595 USD), y el 8,8% de la remuneración mínima (salario mínimo), lo que significa que tampoco alteró la relación ingreso-consumo con relación a los bienes de la canasta básica.

Si bien significaron una transferencia monetaria a los hogares más pobres dentro de una estrategia que focaliza la pobreza entendida ésta en términos de consumo monetario, su incidencia en la reducción de la pobreza más bien es marginal habida cuenta de que su monto es reducido, su dispersión es grande, su incorporación a los mercados locales es insuficiente y su incorporación en los sectores más pobres no altera sus patrones de consumo ni de ingreso-gasto.

Empero de ello, se ha argumentado que las TMC de alguna manera han contribuido tanto a la disminución de la pobreza cuanto a la redistribución del ingreso y que la renta extractiva ha contribuido efectivamente a su financiamiento. De hecho, la pobreza se ha reducido en el Ecuador del 57% en el año 1999 al 28% en el año 2012, medida en términos de pobreza urbana. Si el BDH no tiene significación macroeconómica, fiscal y tampoco altera la relación ingreso-gasto de la canasta familiar para las familias más pobres, entonces ¿cómo se explica el hecho de la disminución de la pobreza en el Ecuador? Esta disminución de la pobreza ¿tiene alguna relación con la renta extractiva petrolera y con la política de gasto e inversión por parte del gobierno ecuatoriano?

Con respecto al financiamiento del BDH es poco probable que haya sido financiado con la renta extractiva petrolera; de hecho, los recursos de este BDH se registran en los egresos permanentes del presupuesto del Estado y, en consecuencia, se financian con ingresos permanentes. De otra parte, la política pública de expansión del gasto fiscal y de mayor liquidez a la economía tampoco explica el hecho de la disminución de la pobreza porque ésta viene disminuyendo desde el año 2000 y alcanza tasas de disminución importantes durante los gobiernos neoliberales del periodo 2000-2006, es decir en un contexto de neoliberalismo y plena desinversión pública, privatización y reducción del gasto público social. Los neoliberales ecuatorianos han tomado esos datos para indicar que la política neoliberal fue la que permitió una reducción importante de la pobreza, mientras que la política de gasto fiscal del gobierno de la Revolución Ciudadana no ha contribuido de manera importante al descenso de la pobreza.

No obstante hay que indicar que la pobreza disminuyó en Ecuador a pesar de la política económica neoliberal. De hecho, a partir del año 2007, la pobreza también disminuye aunque a una tasa más lenta porque llegó a un nivel de pobreza estructural que es muy difícil de disminuir sin cambios radicales en la estructura social, aunque el gobierno de Alianza País también va a reivindicar para sí el mérito de sus políticas públicas en la reducción de la pobreza. Sin embargo, lo que demuestran los datos de reducción de la pobreza es que este fenómeno, en realidad, no está en relación directa con la política de gasto social ni la política pública ni de los gobiernos neoliberales del periodo 2000-2006, ni del gobierno de Alianza País, del periodo 2007-2012, y tampoco está relacionada con la renta extractiva, entonces ¿qué provocó la disminución de la pobreza en el Ecuador?

Los datos nos muestran la presencia y persistencia de un fenómeno económico y social que nada tiene que ver ni con la política de gasto y de inversión del gobierno, ni con las TMC, ni con la redistribución de la renta extractiva pero que tiene una importancia decisiva a nivel macroeconómico para cambiar la relación ingreso-consumo de los sectores más pobres y que explica de manera consistente la disminución de la pobreza por consumo monetario en los últimos años. Ese fenómeno es la migración de ecuatorianos al exterior en busca de trabajo y el correspondiente envío de remesas. En el periodo que va del año 2000 hasta medidados del año 2012, el Ecuador recibió 22.995 millones de dólares en remesas de migrantes, a un promedio de 2.230 millones de USD por año, que representan el 68% de lo que el gobierno del Ecuador recibió durante ese mismo periodo por concepto de renta petrolera que efectivamente ingresó al presupuesto fiscal (33.574,2 mil millones de dólares). Para que se tenga una idea de la importancia macroeconómica de las remesas de migrantes, durante ese mismo periodo, el Ecuador recibió apenas 8.524 millones de USD por Inversión Extranjera Directa. Esta relación puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 4

Comparación temporal entre IED, Remesas de migrantes y renta extractiva petrolera

2000-2012, en millones de USD corrientes.

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, varios números

Elaboración: Autor

Las remesas de migrantes generalmente van a familias ubicadas en los estratos medios y medios pobres. Son personas en las cuales los porcentajes de intermediación financiera formal son más bajos y que tienden a realizar sus transacciones con liquidez y, de esta manera, contribuyen a generar mayor liquidez a su entorno inmediato. En ese sentido, las remesas son una inyección de liquidez monetaria continua y que, en virtud del denominado efecto multiplicador monetario, expande sus alcances en estos sectores[8]. Entonces, es más probable que los envíos de remesas hayan contribuido de manera significativa a que los sectores medios y pobres tengan acceso a una fuente de liquidez monetaria continua en el tiempo, que les haya permitido cambiar su relación ingreso/gasto y, en consecuencia, incrementar su consumo monetario lo que les permitió superar las condiciones de pobreza, más que una supuesta redistribución de la renta extractiva o la política económica de los gobiernos del periodo 2000-2012. Con el fenómeno de las remesas quizá se haya cumplido el adagio de que, finalmente, son los pobres quienes salvan a los pobres.

La falacia del ahorro interno

Si la renta extractiva petrolera nunca financió de forma importante al sector social, tampoco contribuyó al financiamiento de las TMC, tampoco financió de manera fundamental la inversión pública, salvo en las carreteras de la iniciativa IIRSA, pero sí contribuyó en aproximadamente un 50% a financiar el subsidio a los combustibles para las clases medias, entonces cabe preguntarse: ¿qué hizo el gobierno ecuatoriano con los saldos de la renta extractiva petrolera?

La hipótesis más plausible es que el gobierno ecuatoriano, a pesar de todos los discursos en contra de los fondos de ahorro, y en contra del poder de los bancos extranjeros, finalmente guardó los saldos de la renta extractiva justamente en aquellos bancos extranjeros a los que cuestionaba por ser los causantes de la crisis norteamericana y europea. En efecto, es necesario indicar que la renta extractiva petrolera forma parte importante de las reservas monetarias internacionales del país y como tal de los depósitos monetarios en el exterior.

En el siguiente gráfico puede verse la constitución de la reserva monetaria y sus componentes más importantes, que en esquema de dolarización se denomina de libre disponibilidad (RILD) porque no cumple ninguna función macroeconómica, más que la de servir de cuenta de ahorro líquido:

Gráfico No. 5

Componentes de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad a marzo de 2013

en Millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, varios números

Elaboración: Autor

El mes de marzo del año 2013, la RILD alcanzó un valor de 4.373,0 millones de USD, de éstos el 22,6% correspondieron a fondos provenientes de la renta extractiva petrolera y, de hecho, fueron el rubro más representativo de toda la RILD. Lo que es paradójico y curioso es el hecho de que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha denostado contra todo el sistema financiero privado por mantener sus depósitos en el exterior como una forma de protección a sus flujos de caja, y los ha acusado de conspirar contra el desarrollo nacional. Con base a la argumentación de que el sistema financiero privado debe repatriar sus depósitos en el exterior y ponerlos en función del financiamiento a las prioridades nacionales, el gobierno ecuatoriano ha aprobado varias leyes tributarias y financieras para tener mayor control sobre los bancos privados; sin embargo, es el mismo gobierno ecuatoriano el que ha mantenido siempre una importante cantidad de divisas depositadas en bancos del exterior. En efecto, desde el año 2007 hasta abril del año 2013, el régimen ecuatoriano siempre tuvo un promedio de 3.000 millones de USD en RILD, esto es, depósitos en cuentas extranjeras de divisas nacionales que bien pudieron haber sido utilizadas para financiar el desarrollo.

En el siguiente gráfico puede verse la relación entre la renta extractiva petrolera y la RILD. Esta relación significa que mientras más recursos tiene el Ecuador por exportaciones de petróleo crudo, más recursos tiene la RILD y, en consecuencia, más divisas son expatriadas del país:

Gráfico No. 6

Tendencias de las exportaciones de petróleo crudo (renta extractiva) y RILD, en millones USD.

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, varios números

Elaboración: Autor

Como puede apreciarse, los movimientos de la RILD siguen de cerca a los recursos de la renta extractiva. Esto quiere decir que la renta extractiva nunca estuvo relacionada con el financiamiento al desarrollo nacional, al menos en su integridad, sino que estuvo relacionada con los mercados internacionales de capital, los mismos mercados de capital que han sido cuestionados por el gobierno ecuatoriano de especular sin consideración alguna con las necesidades de sus respectivas sociedades. En el siguiente gráfico puede verse la forma por la cual el gobierno mantuvo cuentas a la vista e inversiones financieras en el exterior:

Gráfico No. 7

Inversiones, depósitos a plazo, títulos y depósitos a la vista de la RILD, en millones USD. 2000-2012

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, varios números

Elaboración: Autor

La renta extractiva no contribuyó a financiar el desarrollo en el Ecuador pero sí contribuyó a fortalecer, aunque sea de manera marginal, los flujos financieros del capitalismo especulativo. La renta extractiva, por el mecanismo de las reservas internacionales se vinculó directamente a los circuitos especulativos mundiales y ayudó a fortalecerlos.

Puede apreciarse que los picos más altos de depósitos e inversiones en el exterior de la RILD, corresponden a los picos más altos de la renta extractiva petrolera. Si esta renta extractiva hubiese estado destinada a financiar el desarrollo nacional así como la redistribución del ingreso, entonces el comportamiento de la RILD habría sido diferente. Pero la correspondencia casi perfecta entre los flujos de depósitos e inversiones en bancos extranjeros de la RILD con la renta extractiva petrolera, conduce a afirmar que los recursos del petróleo nunca fueron utilizados de forma prioritaria para el financiamiento del desarrollo, y que su supuesta vinculación corresponde más a la ideología del discurso extractivista que a la realidad.

La renta extractiva, en consecuencia, fortaleció la fuga de capitales auspiciada por un gobierno que no tenía problema alguno en enunciar un discurso contrario. Se vinculó a los circuitos internacionales de la especulación financiera, en un ambiente político de crítica a esa especulación financiera por la crisis económica que provocó. Los saldos de la renta extractiva petrolera fortalecieron la reserva internacional de libre disponibilidad (RILD), en consecuencia, nunca estuvieron relacionadas con el ahorro interno.

La renta extractiva minera: ¿tanto para tan poco?

En el Ecuador no existe la minería metálica abierta a gran escala y en producción industrial. La minería metálica que existe es de socavón y de pequeña y hasta mediana escala, amén de la minería no metálica. De aprobarse y llevarse a la práctica las concesiones mineras aprobadas por el gobierno de Rafael Correa, sería la primera vez que el Ecuador experimentaría con la minería metálica abierta a gran escala. Los proyectos mineros más importantes son: Mirador, Fruta del Norte, Panantza San Carlos, Río Blanco y Quimsacocha. En algunos proyectos mineros el tratamiento y depuración del mineral no se lo hace en Ecuador, lo que disminuye el valor de la renta minera. De acuerdo al precio del mineral, y a las expectativas de producción, el escenario de regalías y rentas mineras que el gobierno ecuatoriano espera obtener de estos megaproyectos mineros alcanza a los 800 millones de dólares anuales. El gobierno ecuatoriano espera obtener recursos adicionales por el cobro de impuestos, sobre todo indirectos, y espera incrementar sus posiciones de divisas en balanza de pagos.

Sin embargo el escenario inicial, al parecer, tendrá que ser modificado de manera importante. Para el primer semestre del año 2013 era evidente que el ciclo de los commodities estaba declinando: la plata había caído en un 23%, el cobre en un 12%, el oro el 17%, el hierro el 50%, y el petróleo se había estancado en menos de 100 USD el barril, entre otros. Comparados con los precios del año 2008, la mayor parte de los commodities, entre ellos los productos mineros metálicos, están a una tercera parte de su valor de ese año.

Las señales de declive provienen de la debilidad del crecimiento de la economía china y de las apuestas especulativas de la economía financiera que utiliza los precios de los commodities como precios ancla para derivados financieros complejos (como los futuros o los swaps). En un escenario de paulatino declive del precio de los commodities, el gobierno ecuatoriano podría recibir una cantidad menor como parte de regalías de la industria minera. El escenario de 800 millones por renta extractiva minera tendrá que ser revisado a la baja. Precisamente porque el mercado mundial de commodities entre en una fase descendente las empresas mineras propusieron al gobierno ecuatoriano una serie de cambios en los contratos mineros, sobre todo en precios de referencia para regalías de tal manera que a pesar de los bajos precios las empresas mineras puedan obtener importantes rendimientos; demás está decir que el gobierno ecuatoriano hizo suyo el requerimiento de las empresas mineras y aprobó todas sus demandas.

Ahora bien, como todo proceso extractivo, la minería a gran escala no crea empleo sino que lo destruye. Tampoco incrementa la inversión productiva interna sino que la desplaza. En cambio, el costo ambiental de esos proyectos mineros es enorme. Si se añade el esquema institucional del gasto fiscal en virtud del cual la Constitución ecuatoriana prohíbe que el ingreso extraordinario, como sería en este caso la renta minera, financie gasto permanente, entonces la renta minera no puede financiar ningún gasto social.

En el siguiente cuadro se muestran los principales proyectos de minería a gran escala en Ecuador que tiene previsto desarrollar en estos años:

Cuadro No. 10

Principales proyectos de minería a gran escala en Ecuador, año 2012, en USD

Proyecto	Mirador	Fruta del Norte	Panantza San Carlos	Río Blanco	Quimsacocha
Empresa	Ecuacorriente	Kinross	Explocobres	IMC	INV Metals
Ubicación	Zamora Chinchipe	Zamora Chinchipe	Morona Santiago	Azuay	Azuay
Material	Cobre	Oro y Plata	Cobre	Oro y Plata	Oro
Método	cielo abierto	subterráneo	subterráneo	subterráneo	subterráneo
Regalías e impuestos por año $ USD millones	164	85	480	15	40
Años del proyecto	22	20	25	8	12
Procesamiento anual esperado	215 millones de lbs.	300 miles de oz Au 300 miles de oz Ag	627 millones de lbs.	531 miles de oz Au 3 millones de oz de Ag	200 millones de oz

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador

Elaboración: Autor

La minería acentúa el proceso de reprimarización de la economía, pero más allá de eso permite la vinculación de los territorios a la especulación financiera mundial. Un evento significativo fue la compra de los derechos mineros por parte de la empresa Kinross en el año 2008, el mismo año en el que el Ecuador discutía y aprobaba un nuevo texto Constitucional en el que se hacía referencia a los nuevos derechos y a la defensa de la soberanía nacional. Mientras la sociedad discutía esos temas, las empresas mineras transaban en los mercados financieros, los derechos de participación minera sin haber llevado adelante la más mínima inversión ni haber extraído absolutamente nada y cuando estaba por definirse, precisamente, la Ley Minera y la nueva Constitución. En esa negociación Aurelian Cooper vendió sus derechos mineros en Ecuador por 960 millones de dólares a Kinross. El Estado y la sociedad ecuatoriana, a pesar de sus múltiples referencias a la soberanía nacional, se enteraron de estas negociaciones por informaciones de prensa.

En la minería lo que interesa no es tanto el mineral cuanto la condición de posibilidad de vincularlo a la emisión de productos financieros complejos. No importa que el mineral haya sido o no extraído, sino que pueda constar en el juego especulativo mundial. De hecho, la emisión de productos derivados financieros sobre commodities para el junio del año 2012 alcanzó la cifra de 2.9 billones de dólares (BIS: 2012)[9]. Los derivados financieros sobre commodities no significan su extracción real, ni su movimiento físico, sino las apreciaciones de mercado, las expectativas y su rol de colateral para otras inversiones especulativas. Al incorporar la minería a gran escala al desarrollo nacional, como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir de Alianza País (Senplades, 2009), el Ecuador se está vinculando de hecho con los mercados financieros especulativos mundiales.

El discurso estratégico del extractivismo

El discurso extractivista del gobierno ecuatoriano ha vinculado la renta extractiva con el crecimiento económico, la diversificación productiva, la redistribución del ingreso, la política pública en el ámbito social, y la disminución de la pobreza a través de un discurso político que se expande y consolida gracias a un considerable aparato de propaganda gubernamental. Ahora bien, los datos nos muestran que nunca existió aquello que Gudynas denomina el neo-extractivismo progresista, al menos en el caso del Ecuador. La recuperación del papel del Estado es una cuestión de geopolítica para ampliar la frontera extractiva y poder garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas criminalizando a sus sociedades y no tiene nada que ver con una visión “progresista” de la política y menos aún de izquierda. La legitimidad de la renta extractiva por la vía de los planes de asistencia social nunca existió. Tampoco existió el financiamiento al desarrollo desde la renta extractiva.

Todo lo contrario, la renta extractiva creó un comportamiento estratégico con las clases medias a las que convirtió en cómplices y fracturó las solidaridades entre las ciudades y los territorios sometidos a la violencia extractiva. La renta extractiva creó una burbuja de consumo que destruyó la producción nacional porque se sustentó en la importación de bienes de consumo. La renta extractiva amplió aún más la frontera extractiva incorporando nuevos territorios y recursos a sus dinámicas. La renta extractiva nada tiene que ver con las Transferencias Monetarias Condicionadas, pero sí tiene que ver con la especulación financiera internacional.

La renta extractiva fracturó a la sociedad ecuatoriana porque al convertir en cómplices a las clases medias creó un comportamiento estratégico con éstas porque consideran que el ambiente de estabilidad política sumada a la estabilidad económica producida por la dolarización y una política económica que liberaliza la economía al mismo tiempo que le inyecta más liquidez, son un escenario que no debería ser cambiado en absoluto, de ahí su adhesión al proyecto político del gobierno ecuatoriano de la Revolución Ciudadana. Si bien están preocupadas por las consecuencias ambientales que puede provocar el extractivismo al final consideran que se trata de un costo inevitable para el desarrollo.

De su parte los sectores más pobres también adscriben a esa visión porque, además, son parte de una estrategia de intervención directa por parte de la TMC, y consideran que en algún momento ellos también pueden pertencer a esa anhelada clase media. Estas percepciones han logrado fracturar la solidaridad que podría existir entre los sectores urbanos y los pobladores del sector rural que sufren directamente las consecuencias de las políticas extractivas. Las ciudades y centros urbanos se convierten en los aliados políticos y sociales que el extractivismo necesita. En virtud de que es en las ciudades en donde se concentra la mayor parte de la población y que ésta de alguna manera converge hacia la necesidad de las rentas extractivas, se produce un consenso social sobre el extractivismo como un mal necesario para el desarrollo pero inevitable si se quiere salir de la pobreza.

Esto genera lo que M. Svampa denominaría el “Consenso de los Commodities” (Svampa: 2013), es decir, el consenso social que permite la ampliación de la frontera extractiva porque se la considera fundamental para el crecimiento, la estabilidad, la redistribución y la lucha contra la pobreza.

En el “Consenso de los Commodities”, los pobladores que resisten, luchan y se oponen al extractivismo generalmente están solos. Sus demandas son la voz que se pierde en el desierto de lo real. Oponerse al extractivismo, en esta estrategia mediática y política, aparece como oponerse al crecimiento, al desarrollo, al bienestar social. En las ciudades y centros urbanos, los ruidos de la violencia extractiva se ahogan en el consumo frenético y voraz de las clases medias. Los centros comerciales proliferan y cercan a las personas. Un cerco en el cual los centros comerciales cumplen el rol de los no-lugares, es decir, espacios transnacionalizados de consumo y fetichismo que permiten el olvido de la historia inmediata. Ese cerco es funcional al extractivismo. El régimen político puede construir otro cerco de violencia y represión sobre los pobladores que resisten al extractivismo sin que esto genere el más mínimo reclamo o inquietud en las ciudades y centros urbanos.

Empero, lo más paradójico e irónico es que hace más de cuarenta años, en un texto ya clásico: Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano ya refutó el discurso del “mendigo sentado en el saco de oro”, y lo demostró como una falacia. Quizá por ello Marx tenía razón en decir que la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa. El discurso del mendigo sentado en el saco de oro es la farsa ideológica de la violencia extractiva que pretende clausurar la historia con una pueril propuesta de Revolución Ciudadana para evitar, precisamente, transformarla.

Bibliografía

BIS (2012): BIS Quarterly Review, 4 June 2012, http://www.bis.org

Banco Central del Ecuador: Varios Años. Boletines estadísticos y anuarios estadísticos.

CEPAL (2010): Es hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Trigésimo tercer periodo de sesiones de la CEPAL, Brasilia.

Dávalos, Pablo (2010): La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina. 1ra. Ed., CODEU. Quito-Ecuador.

Dávalos, Pablo (2011): Hacia un nuevo modelo de dominación política: violencia y poder en el posneoliberalismo. En Gutiérrez, Raquel (Coord.): Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Ed. Pez en el Arbol, Oaxaca-Puebla, México.

Dávalos, Pablo (2012): Alianza País, las clases medias ecuatorianas y el Ángel de la Historia En Revista Investigación Económica No. 5, Facultad de Economía, PUCE, Quito-Ecuador

Dávalos, Pablo (2013): Integración y geopolítica: del Consenso de Washington a la Pax Mercatoria. En Mantilla, Sebastián y Mejía, Santiago (Comp): Rafael Correa. Balance de la Revolución Ciudadana, Ed. Planeta, Quito-Ecuador.

Falconí, Fander y Muñoz, Pabel (2012): Ecuador: de la receta del “Consenso de Washington” al posneoliberalismo. En Mantilla, Sebastián y Mejía, Santiago (Comp): Rafael Correa. Balance de la Revolución Ciudadana, Ed. Planeta, Quito-Ecuador.

Gudynas, Eduardo (2009): Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: Extractivismo, política y sociedad. CLAES, CAAP, Quito-Ecuador.

Gudynas, Eduardo (2011): Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En: El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina. Fernanda Wanderley, coordinadora. Oxfam y CIDES UMSA, La Paz, Bolivia, 2011. pps 379- 410.

Gudynas, Eduardo (2011): Alcances y contenidos de las transiciones al post-extractivismo. En: Revista Ecuador Debate, No. 82, Quito-Ecuador.

Gudynas, Eduardo (2013): Extrahección: violación de derechos en la apropiación de la naturaleza. Revista electrónica ALAI, América Latina en Movimiento. Sitio web: http://alainet.org/active/61783&lang=es. Visita de marzo de 2013.

Harnecker, Martha (2012): Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en Plenitud. Ed. Abya Yala, Quito-Ecuador.

Harvey, David (2005): El “nuevo” imperialismo: Acumulación por desposesión. En: Panitch, Leo y Leys Colin (Ed.): El Nuevo desafío imperial. Socialist Register 2004, Clacso, Argentina.

IIRSA (2012): Metodologías de Planificación Territorial Indicativa, http://www.iirsa.org

Luxemburg, Rosa (1978): La acumulación del capital. Ed. Grijalbo, México.

Petras, James (2012): El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma y Chávez. En: http://www.librered.net/?p=17980. Visita del mes de marzo de 2013.

Polo Robilliard, César (2005): Las industrias extractivas y la aplicación de regalías a los productos mineros. CEPAL, Serie: Recursos naturales e infraestructura, Santiago de Chile.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009) Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografía de los movimientos sociales en América Latina. Ediciones IVIC, Venezuela.

Prada, Raúl (2011): Crítica a la economía política del extractivismo. En: blogspot: http.//horizontesnomadas.blogspot.com/2011/12/critica-la-economia-politica-del.html

Saltos, Napoleón (2010): Peaje global: De la hegemonías de USA a la hegemonía de Brasil. Comisión Especial Caso PETROBRAS (Ecuador), PH Ediciones.

Schuldt, Jürgen y Acosta, Alberto: (2009): Petróleo, rentismo y subdesarrollo ¿una maldición sin solución? CAAP- CLAES. Quito – Ecuador.

SENPLADES (2009): Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito-Ecuador.

Svampa, Maristella (2013): “Consenso de los Commodities” y lenguaje de valoración en América Latina. En Revista Nueva Sociedad No. 244, marzo-abril 2013, Buenos Aires, Argentina.

Villavicencio, Fernando (2012): Ecuador Made in China. Interamerican Institute for Democracy. Fondo Editorial. Quito-Ecuador.

Zibechi, Raúl (2010): Contrainsurgencia y miseria. Las políticas de combate a la pobreza en América Latina. Ed. Pez en el Agua, México.

[1] Por razones analíticas se excluyen los ingresos por otro tipo de impuestos, por ventas de servicios y regalías, por aranceles, impuestos a las transacciones al exterior, y por deuda pública.

[2] En realidad el Art. 286 de la Constitución ecuatoriana del año 2008 recoge y expone un largo proceso de intervención por parte del FMI y del Banco Mundial sobre el presupuesto público. Ese proceso inició el año de 1983 con la Ley de Presupuestos, y tiene su epítome con la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, aprobada a fines del año 2002 y que establece varias reglas macrofiscales al tenor de las recomendaciones del FMI; una de esas reglas macrofiscales es, precisamente, la vinculación del gasto permanente (salud y educación) con ingresos permantente (impuestos directos e indirectos), recogida por la Constitución de 2008.

[3] Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria, No. 05, enero-marzo 2012.

[4] En un estudio realizado a inicios del año 2013, la Encuesta Nacional de Economía Familiar, demostraba que la burbuja de consumo había crecido tanto que el 41% de los hogares de la clase media ecuatoriana estaban sobreendeudados. Cfr. www.inec.gob.ec

[5] En el siguiente cuadro puede verse la inversión en proyectos eléctricos del Estado ecuatoriano en el año 2012, que suman un total de 678 millones de USD. Todos estos proyectos fueron financiados con crédito bilateral.

PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR	383,74 millones de USD
PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA	182,44 millones de USD
PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA	20,84 millones de USD
CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS‐SAN FRANCISCO	91 millones de USD

Fuente: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria, No. 05, enero-marzo 2012.

[6] Diseñada desde EEUU por el BID y el Departamento de Estado de EEUU en los años cincuenta del siglo XX, la Iniciativa IIRSA nació oficialmente en la cumbre de presidentes de la región en la ciudad de Brasilia en el año 2000, y tenía el propósito de convertirse en la base física para los acuerdos de integración comercial de la región con EEUU (el ALCA). La Iniciativa IIRSA integra diez ejes para la integración del transporte multimodal por toda la región sudamericana. Los ejes no tienen ninguna coincidencia con las fronteras de ningún país, sino que están diseñados en función de la geografía de los recursos naturales y su relación con los ríos principales de la región que, de acuerdo a la Iniciativa IIRSA, serán convertidos en autopistas fluviales.

[7] Dentro de los procesos de convergencia normativa de la Iniciativa IIRSA, el gobierno del Ecuador armonizó sus leyes territoriales y productivas con la Iniciativa IIRSA, como por ejemplo el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Descentralizado, (COOTAD, 2010); y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010.

[8] El Banco Central del Ecuador ha calculado, a fines del año 2012, el multiplicador monetario para el dinero que circula en especies monetarias en 1.5, esto significa que el alcance que tendrían las remesas de migrantes sería un 50% mayor a los montos registrados.

[9] De los cuales, 0.52 billones de USD fueron derivados sobre el Oro, 2.4 billones de USD se emitieron en derivados para “otros commodities”, 1.6 billones se emitieron en forwards y swaps de commodities, y 0,81 billones de USD se emitieron en options, BIS, 2012.

Derechos de Participación sin poder popular

noreply@blogger.com (FETRALPI) — Sun, 09 Jun 2013 04:37:00 +0000

Tensiones institucionales y disputas sociales

por Holger Paúl Córdova Vinueza[1]

Resumen

Desde finales de 2008, el país cuenta con un nuevo régimen constitucional que afronta una innovación para los dispositivos de participación ciudadana y sus derechos. Este trabajo aborda la interpretación desde la Sociológica Jurídica y Política sobre esa innovación, para describir su evolución constitucional a partir de 1998, puntualiza la naturaleza y fundamentos de los Derechos de Participación, según los enfoques del neoconstitucionalismo ecuatoriano en formación y señala sus potencialidades en proyección. A continuación, pasa revista de las principales hostilidades institucionales en la actualidad, que estarían dificultando la construcción del poder ciudadano y debilitando la implementación del modelo constitucional figurado en el texto de Montecristi. Cuando este texto ensaya un recorrido por las fuentes de innovación constitucional de los derechos en materia de participación, lo hace para insistir en las rupturas institucionales, políticas y culturales que pueden generar, para lo cual ubica el mapa de los tipos de participación y sus mecanismos de ejecución –tipología-, con la finalidad de posteriormente puntualizar las limitaciones para su activación. No busca definir las salidas inmediatas para detener esa tendencia, pero si formula los cauces programáticos, en reforma institucional y legal, que articularían el fortalecimiento de estos derechos.

Palabras clave: Derechos de Participación, poder, Constitución de 2008, Ecuador, reformas, democracia, participación ciudadana, revocatoria de mandato, deliberación pública, control social, resistencia

1.Introducción

¿Es posible evaluar las condiciones y problemas del modelo constitucional ecuatoriano en materia de participación ciudadana? ¿Acaso las tensiones institucionales están menoscabando el poder popular porque no han permitido su plena movilización y ascenso hacia mayores niveles de incidencia? ¿Los conflictos actuales para el ejercicio de los Derechos de Participación están debilitando la innovación constitucional? ¿Participación ciudadana sin poder popular? ¿Derechos sin participación suficiente para activarlos? ¿Es suficiente el cambio de membrete de los DdP –antes políticos- o lo más gravitante estaría en el despliegue de condiciones para generar poder popular con el que puedan impulsarse esos derechos, sin restricciones que los friccionen?

En las siguientes páginas propongo una discusión para explicar el carácter de esos derechos y analizar las conexiones entre el diseño constitucional y los anclajes institucionales y normativos con miras a responder esas preguntas, después señalo la emergencia de buscar los sentidos participativos de algunas modificaciones en esos repertorios, que puedan reconciliar los aspectos en entredicho del modelo constitucional, finalmente extraigo conclusiones al respecto.

2.Hegemonías, participación y emancipación. ¿Derechos para modificar o reproducir el poder?

Una entrada importante para hablar de los Derechos de Participación (DdP), es hablar del desarrollo de las luchas democráticas de las sociedades y de los pueblos[2]. La evolución de estos derechos, en Ecuador, no han sido una dadiva o una concesión de los Estados, ni un reconocimiento de los gobiernos de turno, han sido una conquista histórica suscitada a través de las luchas sociales en este país. Bajo esa premisa central, intentaré plantear las caracterizaciones de estos derechos, la participación ciudadana, sus radios de acción, el control social, sus figuras y tipología.

Los DdP intentan perfilar el diálogo socio-estatal, para crear nuevos tiempos y espacios que permitan re-definir a la política. Sus elementos proyectan a pensar la política, no tanto desde las lógicas del Estado[3], sino desde las de los actores sociales –ciudadanía organizada y no organizada-. Justamente porque el rumbo del quehacer estatal –histórico y estructural- ha sido la construcción de un orden jurídico e institucional del despojo de los derechos; frente a aquello, el aporte de los colectivos ha sido pregonar el libre desarrollo de los derechos sociales[4] y sus reconocimientos; incluso, poniendo en evidencia que si bien con el texto constitucional de 1998 existe una descripción importante del catálogo de este tipo de derechos y de los de carácter colectivo, la norma constitucional no ha sido suficiente para revertir ese orden, sino la acción ciudadana, la contestación social, la organización popular: el poder para participar.

Cabría empezar resaltando el cambio en la denominación de este tipo de derechos. Uno de los ajustes de la Constitución de 2008 fue la modificación del nombre, de derechos políticos a derechos de participación. Ese membrete anterior terminó generando relaciones simbólicas y culturales de poder, en las que se los interpretaba –de manera distorsionada- como aquellos propios de la esfera política-institucional dominada por las élites y ejercidos por las autoridades estatales desde la representación partidista-electoral, ignorando los acumulados amplios de dinámicas y procesos participativos.

Esa denominación constitucional fue una de las causas para ir reduciendo y vaciando los contenidos a la democracia. Entonces, los imaginarios ciudadanos fueron asumiendo –y acostumbrándose- que hablar de derechos políticos era reducir la democracia a las elecciones, a las entidades del Gobierno, del Congreso, los partidos políticos y, de esa forma, se fue limitando los contenidos de la democracia, al entenderla como un sistema meramente electoral y que pertenecía únicamente a “los políticos”. El cambio en el nombre de los derechos puede generar otras sinergias e interpretaciones para re-conceptualizar la democracia. La conversión de su categoría puede vigorizar su concepto y catapultarlos en la búsqueda de un paradigma político-constitucional que amplié la concepción de la democracia, no solamente al ejercicio del sufragio cada cierto tiempo, sino directamente a las diversas modalidades de participación, a las formas de democracia: participativa, comunitaria, directa y que no se agote solamente en las instituciones tradicionales de la democracia representativa; así como, a incluir los actores que antes fueron excluidos. El cambio puede contribuir a entenderlos como un atributo societal, más no estatal, lo cual influye en su ejercicio. Esta interpretación aún merece ser desarrollada por servidores administrativos y judiciales que no comprenden todavía el carácter novedoso y especial de los DdP. Pero cabe interrogar, ¿Es suficiente el cambio de membrete de los DdP o lo más gravitante estaría en el despliegue de condiciones para generar poder popular con el que puedan impulsarse esos derechos, sin restricciones que los friccionen?

Como primera definición, los DdP son construcciones sociales, es decir, son determinaciones que las hacen los pueblos y las sociedades, que no las hacen el Estado por sí mismo y para sí, ni tampoco los jueces, legisladores o autoridades estatales, sino que son derechos creados y ejercidos directamente por los individuos, a título personal o desde la autorganización. Por supuesto, que deben someterse a las disposiciones constitucionales y legales que rigen su funcionamiento, pero se debe tener en cuenta que son derechos en constante evolución y perfeccionamiento, dependiendo de las metodologías y condiciones en que las sociedades pueden ser más o menos participativas.

El segundo elemento es que son ejercidos de forma individual o colectiva. Otra caracterización es que estos derechos permiten incidir y decidir en la vida del Estado. Otra es que coadyuvan al desarrollo de una democracia integral que se alimente de las formas representativas, participativas, directas y comunitarias e impulsan el ejercicio de la soberanía popular. Si es que nosotros permitimos la posibilidad de buscar formas que afiancen la soberanía popular, los debemos gracias a los DdP, porque son estos derechos los que establecen estos instrumentos, las herramientas, los procedimientos para que realmente funcione la soberanía popular en un Estado y en una sociedad. También ¿Qué permiten estos derechos? La promoción, cumplimiento y exigibilidad de los demás derechos.

Si asumimos que los derechos de participación no provienen del Estado –en el sentido de que no dependemos de éste, sino de la intervención ciudadana para su ejercicio-, la responsabilidad estatal es garantizarlos, mediante su respeto y la creación de condiciones para su protección y ejecución, sin caer en interpretaciones que los menoscaben[5]. Los actores sociales no podemos esperar que el Estado, la Asamblea, que el Presidente, los alcaldes o cualquier autoridad estatal nos entreguen –a manera de dar- los derechos de participación; esos derechos se construyen y se despliegan por la voluntad directa de los ciudadanos, por la voluntad autónoma de los individuos organizados y no organizados, y ese es un elemento fundamental para entender el corazón de cómo funcionan estos derechos.

Para una corriente importante del pensamiento político, los DdP si provendrían del Estado, en tanto que autoriza o aprueba las condiciones y los ámbitos para esos derechos, esta premisa en diferencia de la corriente que hace verlos como aquellos suscitados desde la esfera social, nos lleva a pensar que existen trayectos distintos para su generación.

Otra particularidad es que son derechos instrumentales, es decir, que por intermedio de estos derechos se podrían buscar mecanismos para colaborar y mejorar el ejercicio de los demás derechos, adicionalmente, contribuyen a buscar mecanismos de vigilancia y exigibilidad para el conjunto de derechos fundamentales, porque no hay ningún derecho que no esté relacionado con la participación ciudadana. Si revisamos los tipos de derechos existentes: del buen vivir, de protección, de libertad, y el resto; todos son derechos que se ejercen a través de la participación directa de la persona y que también es posible mejorarlos en sus alcances y circunstancias, en su justiciabilidad, a través de la misma forma de control social que hace el ciudadano. Este es un tema también para entender la relevancia de la constitucionalización de la participación en la Norma Fundamental, debemos entender que estos derechos son aquellos que inciden y son indispensables para el ejercicio de los demás derechos, por eso son derechos instrumentales.

Otro elemento importante para discutir sobre los derechos de participación es que la construcción del sujeto social surge cuando los individuos –agrupados o no-, se convierten en protagonistas de su propio desarrollo, superando las restricciones del orden político y económico existente. Entonces, también hace falta mencionar que no tenemos solo que limitarnos a las formas de participación que, por ejemplo, establece la misma Constitución de la República, como los mecanismos de la silla vacía, los mecanismos de democracia directa, como los mecanismos que establece la misma Ley de Participación[6], el mismo Código de Planificación y otras leyes; es decir, que debemos nosotros también entender que los DdP pertenecen a una visión iusnaturalista de los derechos, que no exclusivamente se corresponden con lo que está escrito en las normas, que no solamente lo que está escrito en las disposiciones legales es donde empiezan y donde terminan los derechos. Los abogados solemos creer, adoptando una visión positivista y civilista en la sociedad y en el Estado, que el mundo empieza y termina en la ley, y eso es un error para entender cómo funcionan la naturaleza y fundamento de los DdP, porque justamente son derechos que no dependen de lo que el Estado reconoce o concede para su desarrollo, sino que se activan y afianzan como construcciones permanentes de la ciudadanía y los pueblos. Es decir, además de todas las formas previstas en la Ley de Participación Ciudadana y en la misma Constitución, nosotros somos dueños y somos capaces de crear otras formas de participación, que no son solo las formas participativas que están previstas en la norma; y esa es una de las riquezas más gravitantes de este tipo de derechos que son construcciones innovadoras, creativas, propositivas y alternativas de los ciudadanos.

Un tema que atañe y dificultaría la comprensión de este tipo de derechos, tiene que ver con su positivización, porque cuando las instituciones buscan reglamentarlos, caen en la tendencia de crear dificultades o subordinarlos a las formas representativas de toma de decisiones por parte de esferas burocrático-administrativas, restando la proyección y protagonismo que puedan adoptar los DdP. No son derechos absolutos, ni tampoco podrían desconocer la normativa legal existente, por ejemplo, como las prohibiciones constitucionales para la realización de protestas ciudadanas en cuanto a no paralizar servicios ni bienes públicos, atentar contra la propiedad pública y privada o afectar derechos de terceras personas. Sin embargo, hay que tener presente que el ordenamiento jurídico en general debe atravesar un proceso refundacional, para convenir y actualizar sus contenidos hacia el desarrollo de los derechos relacionados con la participación. Cabría plantear ¿En qué medida y en qué niveles las entidades públicas han creado mecanismos propios de participación? ¿Han sido capaces de operativizar los instrumentos participativos definidos por la Ley promulgada hace más de tres años?

Debemos observar los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución y la ley para participar, pero los derechos enmarcados en esas disposiciones van evolucionando. Cualquier individuo puede participar, de acuerdo a la normativa vigente, y ese ejercicio –como no siempre será exactamente el mismo- se modificará, de acuerdo a las formas de soberanía, autorganización y automovilización popular que vaya creando la comunidad.

También cabe ubicar la perspectiva histórico-política constitucional de los DdP, para precisar que corresponden a un modelo posliberal del Estado y la política –a lo mejor aún no postcapitalista-. Dentro de la figura del Estado liberal de derecho -en esto los abogados suelen ceñirse mucho a las ideas del Derecho Administrativo-, existe el principio de legalidad, entendido como aquel en que al poder político hay que limitarlo, a que se debe restringirlo en la ley, condicionarlo a través de las instituciones, del esquema tradicional representativo, de los órganos del Estado y sus autoridades; esa es una visión clásica del Estado Liberal del Derecho, es la visión clásica del Estado de Derecho. Pero los Derechos de Participación también crean una ruptura con esta visión del Estado Liberal de Derecho, porque justamente lo que se trata aquí es de crear otro paradigma, que el poder no solamente es aquella atribución de las entidades y autoridades para administrar el Estado, sino que el poder es la capacidad que permite a la comunidad ejercer sus derechos y acceder a los espacios de incidencia en la vida pública, pudiendo también ese poder expresarse en las formas asociativas para interactuar con el andamiaje estatal en sus distintas interfases. El poder se convierte en popular cuando la ciudadanía adquiere posibilidades para gobernar, desplegando sus iniciativas de cogestión, planificación, codecisión, control social y todas las acciones que permitan una amplia descentralización política.

Bajo esta corriente constitucional y sociológica, el poder debe ser recuperado para que pueda ser ejercido plenamente por los ciudadanos, claro está a través de los límites que establece la norma constitucional, pero considerando que el poder no sólo es el que existe en el Estado, en las instituciones representativas, en el Presidente, en el Prefecto, en la Asamblea o en la Ministra, o en cualquier autoridad estatal, sino que el poder es fundamentalmente de la colectividad social, de la ciudadanía, y este es uno de los enfoques más importantes con los que contribuyen los derechos de participación. Aportan para romper el esquema ideológico del Estado Liberal, a romper el molde histórico del Estado de Derecho, para asumir un esquema posliberal del Estado y de las normas constitucionales y legales, donde entendamos que el poder, además de ser limitado, tiene que ser devuelto a la ciudadanía.

Este es un concepto clave para entender que las instituciones en el Ecuador, que buscan relacionarse con la participación, sí forman parte de un Estado Liberal o de Derecho, pero también deben intentar forman parte de un Estado Posliberal y darle forma. En este tipo de Estado, las instituciones representativas clásicas y las instancias tradicionales de la representación política deben redefinirse y operar en función de favorecer los DdP, este creo que es un tema que aún la opinión pública no la ha debatido en la totalidad, también es un tema que se han valido algunos sectores de los medios de comunicación para desvirtuarlos, confundir y restar su importancia.

Los DdP persiguen democratizar las relaciones de poder y profundizan la práctica democrática, buscan abrir los accesos a la toma de decisiones, construyen contrapoderes que se alimentan de las múltiples experiencias de los pueblos y de las sociedades, para enfrentar los procesos de dominación. Estos derechos previstos en nuestro ordenamiento constitucional, dialogan e interactúan con un poder, que es el poder del Estado. A veces ese poder arbitrario, abusivo, injusto que muchas veces reprime nuestros derechos, pero otras veces también puede ser capaz de construir oportunidades y caminos de desarrollo para las personas, entonces son derechos que se activan para enfrentar los atropellos, pero se articulan y cooperan con las entidades públicas para contribuir en un mejor cumplimiento de sus responsabilidades.

La participación más que un concepto, es un proyecto que funda y demanda la recuperación del poder a partir de la organización social, interpela al poder para proponer su desconcentración, allende de las herramientas participativas institucionales. Ese proyecto sobreviene en la posibilidad de que la multitud organizada pueda acceder al poder y lo ejerza –sobre este punto hay una gran discusión aún no resuelta por las tesis más contemporáneas, si se lo hace mediante instancias institucionales o por medios más directos-. El gran propósito de los derechos de la vertiente participativa no puede limitarse a democratizar la democracia, lo cual es insuficiente mientras no se proponga descolonizar la política y, por ende, a democratizar el poder, recuperarlo hacia su fuente constituyente. En esa configuración, todo el conjunto de derechos y mecanismos[7] pretenden desarrollar el poder originario de los pueblos: su acción colectiva.

Cuadro 1: Diseño institucional para la gestión y ejercicio de derechos de participación

Tipo de Demo-cracia	Función del Estado o institucionalidad para su implementación	Mecanismo de participación	Derecho de participa-ción	Norma consti-tucio-nal o legal
Repre-sen- tativa	Los derechos y mecanismos correspondientes a la democracia representati-va se ejecutan mediante la intervención de organiza-ciones políticas (ops) Los movimientos y partidos políticos son organiza-ciones públicas no estatales que surgen desde la sociedad civil.	a) Creación y militancia en organizaciones políticas (Partidos y Movimientos) b) Presentación de propuestas a niveles de gobierno mediante ops c) Selección e inscripción de candidaturas d) Participar en elecciones para elegir dignatarios e) Ejercer la oposición política	1.- Con- formar partidos y movi-mientos políticos 2.-Elegir y ser elegido	Artí-culo 61 nume-rales 1, 7 y 8 de la Cons-titu-ción de la Repú-blica; Código de la Demo-cracia
Partici-pativa	Cualquier institución pública	a)Organización social b) Formación ciudadana c)Voluntariado d)Veedurías e)Observatorios f) Rendición de Cuentas g)Desempeño de funciones públicas h)Audiencia pública i)Planificación participativa j) Resistencia a los actos del poder público	1.-Participar en asuntos de interés público 2.- Fiscalizar actos del poder público 3.-Desempe-ñar empleos y funciones públicas 4.Resisten-cia	Art. 61 nume-rales 2, 5 y 7 CRE Arts. 30-39 y 78 LOPC
Participativa	Función Ejecutiva o nivel nacional de gobierno	a)Consejos de Igualdad b)Consejos de Planificación c)Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir d)Consejos Ciudadanos Sectoriales (ministerios y secretarías de Estado) e) Planificación intersectorial f)Revocatoria de mandato	1.-Participar en asuntos de interés público 2.- Fiscalizar actos del poder público	Art. 61 nume-ral 2 CRE Arts. 47-55 LOPC
Partici-pativa	Gobiernos Autónomos Descentrali- zados	a)Asamblea Local b)Instancias locales (conformadas por autoridad electa, representante del régimen dependiente y delegado de la sociedad) c)Consejos Locales de Planificación d)Sistema de participación ciudadana local e)Consulta popular f)Democracia Digital g)Unidades básicas h)Representación Comunitaria i)Cabildo Popular j)Silla Vacía k)Revocatoria de mandato	1.-Participar en asuntos de interés público 2.- Fiscalizar actos del poder público 3.- Ser consultados	Art. 61 numerales 2, 5 y 6 Arts. 64-77 LOPC
Directa	Función Ejecutiva GADS Función Legislativa Función Electoral	a)Iniciativa Popular Normativa b)Reforma Constitucional por c)Iniciativa Popular Normativa d)Consulta Previa e)Revocatoria de Mandato	1.-Participar en asuntos de interés público 2.- Fiscalizar actos del poder pública 3.- Ser consultados 4.- Revocar el mandato que hayan conferido a autoridades	Art. 61 numerales 2, 3, 4, 5 y 6 CRE Arts. 6-28 LOPC

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Constitución de la República, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de la Democracia

Cuadro 2: Articulación institucional con los ámbitos y espacios de participación, según tipo de autoridad e intervención de la sociedad civil

Fuente: Holger Paúl Córdova, Participación, resistencias y emancipación.

Como derecho, la participación abre y expande el poder democrático de acción popular, su naturaleza política debe entenderse para incitar capacidades de autorganización, desarrollar potencialidades de ejercicio-exigencia de derechos en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales, en pocas palabras, hacia las decisiones públicas. Este derecho re-constituye las acciones democráticas cooperativas heterogéneas –entre Estado y sociedad-, redefine nuevas formas de organización y gestión pública –mediana y flexiblemente institucionalizadas-, todo esto con la pretensión de combinar el quehacer de los operadores burocrático-administrativos con incidencias democráticas más directas de la ciudadanía.

Todo ejercicio participativo requiere desplegarse en condiciones de autonomía y voluntad social, por esto, una de las principales orientaciones, entre otras, es que el sentido de la participación es de garantizar el conjunto de derechos constitucionales, si no se encamina a garantizar derechos, ¿Para qué la participación?

No existe la participación por sí misma, y generalmente ésta se ubica para ensanchar el espacio público o para flexibilizar los procesos decisionales de la institucionalidad. Cuando la participación se orienta hacia el quehacer público, es una participación para influir en las decisiones estatales, sí, pero ¿En qué lógica? es bajo una lógica organizativa que apuesta por vigilar o incidir en la garantía de derechos, así se irían cubriendo otros –todos- ámbitos. No podemos pensar en la participación sólo para reforzarse a sí misma, por ejemplo, en el caso de definir la política pública o de mecanismos de ética pública, en el fondo, en el primer caso, hay un control social para la prestación de un servicio que trae como consecuencia la generación de uno o varios derechos; y, en el segundo, la revisión de indicadores para la lucha contra la corrupción advierten de una inversión más óptima en las políticas, que también revisten otros derechos y servicios que se prestan.

Bajo ese correlato, un constructo clave para entender la participación y sus derechos específicos, es asumirla como garantía también que se convierte en principio de gestión institucional, que promueva el ejercicio de sus derechos connaturales.

Una mirada militante al garantismo ubicaría a la participación en esa misma dinámica. Si nos remitimos a la finalidad primaria de un Estado, concluimos en que será la de garantizar los derechos; si observamos la arquitectura institucional, veremos que los organismos que tienen la obligación de diseñar política pública, lo hacen también pensando en el nivel de participación hacia la gestión pública, conectando esta fase con las prestaciones estatales o privadas para el acceso a los derechos. Cuando la participación se desprende hacia el vértice de la toma de decisiones, lo hace para demandar una implementación más efectiva de la política, que proteja el derecho que imparte en el programa o proyecto en ejecución.

3.¿Representación vs. participación? El desafío urgente está en equilibrarlos para la construcción real del poder popular

Hay un debate permanente en el país, en los últimos años, respecto a separar o diferenciar la democracia representativa de la democracia participativa. Uno de los enfoques equivocados, ha sido el señalar todos los males a la representativa y, todas las virtudes a la participativa, por este motivo, uno de los retos pendientes está en discutir cómo profundizar o cómo radicalizar la democracia, en el sentido de buscar mecanismos que las complementen, pero que funcionen.

Volviendo al análisis del modelo constitucional, uno de los temas para el análisis es si sus preceptos aportan verdaderamente a democratizar el sistema de representación y, a la vez, a reforzar los espacios participativos. Si bien están los temas que tienen que ver con la participación paritaria; con buscar mejores condiciones de equidad en la participación; en lo que tiene que ver con reforzar el control del gasto electoral; la promoción electoral con sus franjas publicitarias financiadas por el Estado; la prohibición de utilizar infraestructura institucional en campañas electorales; todas éstas son coordenadas que atañen justamente a mejorar las condiciones en las que se desenvuelve la democracia representativa.

Cuando se piensa qué horizontes pueden profundizar o radicalizar la democracia, una orientación clave es cómo construir poder ciudadano, eso que está planteado en el Art. 95 de la Constitución, lo cual nos plantea una disyuntiva ¿Hasta dónde van los procesos de participación ciudadana? porque mucho de sus posibles tendencias y desviaciones se forjan discutiendo la composición de los espacios ciudadanos que interactúan con la institucionalidad, un ejemplo de esto son los consejos ciudadanos[8] y sus formas de designación ¿Cuáles serían las diferencias con los consejos consultivos? ¿Si merece o no un análisis más profundo la integración de las comisiones ciudadanas de selección de los concursos de autoridades de control? ¿Se respeta o no la paridad de género en los espacios de participación? ¿Se cumplen o no principios como la interculturalidad? ¿Cómo reforzar la incidencia ciudadana en las condiciones para coejecutar la política pública?

Aparecen un conjunto de tesis que se están armando desde la legislación orgánica, que necesita acompañarse de una discusión que siga reflexionando ¿Hasta dónde podemos llegar con los procesos de participación? teniendo en cuenta que son complementarios, es decir, los procesos de elección popular nos permiten elegir autoridades estatales que tienen respaldo en esa votación, pero, a la vez, hemos visto los límites en esos procesos, entonces ¿Hasta donde llegan los espacios de participación a la hora de toma de decisiones? ¿Son consultivos? ¿Qué factores implican su capacidad de incidencia? ¿Ha mejorado la representación política al ampliar la participación? ¿En qué dimensiones influye la forma de gobierno para su mejor implementación?

El otro tema que se vuelve crucial para los conflictos y riesgos de los derechos de participación, gira en torno a los ámbitos y niveles de gobierno para la acción participativa. Si hacemos una revisión de las iniciativas que se desarrollaron entre 1995, previo a la Constitución de 1998, nos damos cuenta que ahora básicamente encontramos, de manera importante, las iniciativas de participación en los espacios locales: parroquias, cantones, provincias; pero la capacidad de incidir en las políticas públicas nacionales ha sido mucho más compleja, mucho más difícil y los espacios creados anteriormente como los Consejos de Mujeres, de Pueblos y Nacionalidades, tergiversaron su origen y se convirtieron en cajas pequeñas, es decir, proyectos mínimos de ejecución, que no han modificado sustancialmente la realidad y la vida de los grupos, hacia los cuales su trabajo estaba orientado.

Ahí surge otro desafío ¿Cómo generar espacios de participación y de incidencia ciudadana en el nivel nacional? El texto constitucional plantea la creación de Consejos de Planificación, pero también en el Artículo 278 establece que no sólo es en los espacios de planificación, sino es en todas las etapas de gestión pública, empero, eso abre un espacio mucho mayor de participación, para eso ¿Cómo se puede procesar mayores condiciones de incidencia social, tanto en gobiernos locales, cuanto en el nivel nacional, para la política pública?

El derecho al control social –o a fiscalizar los actos del poder público- es un atributo político-ciudadano, que interviene para que el accionar de las autoridades estatales pueda ser fiscalizado soberanamente por la colectividad. Este derecho se proyecta si es capaz de forjar una empresa de responsabilidad colectiva y compartida entre las instituciones estatales y la sociedad civil, en las decisiones sobre los temas de interés común.

Sobre este derecho, la ciudadanía tiene la facultad y el deber de ejercer el seguimiento, monitoreo y control horizontal hacia la gestión pública, para garantizar el cumplimiento de los planes y políticas públicas; combatir la corrupción y asegurar transparencia, sin perjuicio del accionar de los mecanismos e instituciones estatales de control vertical a la gestión pública.

La ciudadanía, de forma individual o colectiva, puede crear instancias locales y podrá organizar espacios de control social que permitan la vigilancia, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, así como el cumplimiento de las decisiones consensuadas en las diferentes instancias de participación.

Los espacios de control social, en los diferentes niveles de gobierno, deben garantizar la pluralidad y democracia en su conformación; actuar sujetos a los principios generales de la ley de la materia y, en particular, a la objetividad, respeto, transparencia y responsabilidad.

4.Rupturas y continuidades de los derechos de participación en su relación con la gestión pública

Los Derechos de Participación (DdP) representan un reclamo epistemológico –democrático- a las distintas formas en que se manifiesta la colonialidad del poder, convirtiéndose en una(s) propuesta(s) para generar espacios de lucha y resistencia cultural, pero también de reconstitución estatal. Más allá de tener presente lo que estipula la normativa actual sobre estos derechos[9], lo que importa es discutir su significado y resignificarlos bajo distintas perspectivas. Una, puede ser aquella que los conciba como un mecanismo de diálogo entre los sujetos sociales, con miras a crear enlaces de articulación y contacto entre todos ellos para ir desmantelando las estructuras de poder dominante, crear nuevos lenguajes y símbolos propios para la participación social, desmontar los saberes tradicionales y crear otros –así como sus formas autónomas de acceso- y arrojar todas las dudas necesarias sobre los conocimientos que rigen a la sociedad.

Si conceptualizamos a los DdP, como un diálogo colectivo entre iguales y diversos, hace falta entender que son oportunidades para refutar las lógicas de inclusión/exclusión que pregona la desaparición de todo pensamiento alternativo.

¿Cómo entender el derecho a participar en los asuntos de interés público, sino como una expresión social, cultural, política, ética y epistémica dirigida a la descolonización y a la transformación? ¿Cómo entender el derecho a fiscalizar los actos del poder público, sino como un proceso de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de una sociedad y Estado otro que impugne esa historia de desprecio y olvido a las y los ciudadanos, en la que nos convidaron las instituciones estatales?[10]

Las formas en que se expresan los derechos de participación buscan deteriorar –o alterar- radicalmente el poder para reinventarlo e, igualmente, cuestionar las certidumbres sociales, institucionales y culturales imperantes. Por ejemplo, mediante las dinámicas organizativas se pueden ensayar variantes de cambio a las crisis de la estructura estatal, porque se plantean tesis de inclusión a los sectores históricamente marginados por la institucionalidad. Cuando se plantean proyectos de nuevas normativas o sus reformas, lo que se persigue es reconfigurar la organización económica y política del país. En el caso de los procesos de consulta popular, son una opción por modificar los escenarios dominantes de las políticas existentes en búsqueda de otras alternativas.

Las sociedades deben impulsar los DdP como proyectos colectivos de construcción ciudadana, en los que se redefine constantemente su identidad democrática, para prevenir o enfrentar las tentaciones personalistas, caudillistas o autoritarias por las que se puede regir el poder o sus dignatarios.

¿Para qué participar? Si la naturaleza del poder es buscar mecanismos para mantener, ampliar y proyectar sus lógicas de dominio, la organización social debe movilizarse por intermedio de los DdP para impulsar objetivos comunes como: a) La universalización de los derechos fundamentales y de aquellos que puedan generarse para garantizar la dignidad humana; y, b) La defensa de la Constitución, como máxima expresión de los valores que pregona una sociedad.

Los DdP son una opción para democratizar el poder, son instrumentos que previenen toda intención orientada a centralizar o concentrarlo, para cuestionar sus prácticas, para objetar sus conductas, se constituyen en un esquema de propuestas por renovar los cánones que nos impone todo régimen. El derecho a participar en los asuntos de interés público es una forma de verificar el quehacer de la gestión pública, pero también de discrepar frente a la gestión estatal, para proponer otras visiones de administración y conducción de las instituciones y sus políticas. En este derecho, se formula la libertad a decidir y se deben denunciar también los mecanismos de manipulación, inventados desde las normas o los procedimientos, para debilitar la participación.

De igual forma, existen factores culturales que pretenden condicionar las formas de participación, porque responden a imaginarios creados y propiciados desde la historia de formación del Estado ecuatoriano, que se definieron para reducir la organización estatal a determinadas élites políticas y económicas que marginen las intervenciones populares.

Ante eso, se requiere crear imaginarios participativos, es decir, capacidades para deconstruir y reinventar los imaginarios, sistemas cognitivos, principios de visión y división del mundo, para hacerlos incluyentes y solidarios en la organización social.

Las democracias electorales de nuestros países fueron hechas para pensar la participación como un fenómeno ocasional, que tenga la capacidad de formarse –cada cierto tiempo- y desaparecer en sociedades cuya constante no era su desarrollo, sino la conservación del poder en las entidades manejadas por grupos dominantes.

Para fortalecer estos derechos nos vemos obligados a repolitizar y reorganizar permanentemente el tejido social y, al mismo tiempo, visibilizar ciertos intentos recurrentes de los aparatos gubernamentales –en cualquiera de sus niveles- por desmovilizar la sociedad.

5.Revisión de innovaciones de la participación en el texto constitucional

La Constitución de 2008 recoge el acumulado histórico de participación social que se ha impulsado en el país y lo reagrupa en un esquema de la participación ciudadana, que siendo un eje trasversal de la nueva Constitución, ahora el desafío sería en convertirse en un eje transversal de la administración pública con incidencia social.

El texto de Montecristi otorga prioridad al papel de las y los ciudadanos en la gestión y control de los asuntos públicos, es decir, hacerlos más protagonistas de la vida democrática. Es una de las constituciones más participativas de América latina[11], en el artículo primero aparece una definición importante que reivindica la relación entre soberanía, poder constituyente y autodeterminación como elementos constitutivos del poder público, que debería ser interpretado como la voluntad social para generar política hacia la capacidad por tomarse lo público.

Se amplía la colectividad de ciudadanos que pueden participar directamente en la vida política del país, por cuanto se extiende el derecho al voto de otros sectores de la sociedad como los jóvenes (voto facultativo desde los 16 años), ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, extranjeros, militares, policías, y personas privadas de libertad que no han recibido sentencia.

El reconocimiento de los DdP a otros grupos, para que sean incluidos en la comunidad política de electores, puede ser un aporte en la búsqueda de mayor igualdad política. Las constituciones progresistas siempre han favorecido el ideal del sufragio universal, si uno de los legados del constitucionalismo liberal apuntaba en la línea de pregonar la libertad política para el ejercicio de derechos como el voto, el constitucionalismo postliberal se perfilaría más por desarrollar las expresiones de igualdad política.

En esta misma perspectiva, se incorporan todas las formas de participación individual y colectiva y las diversas formas democráticas del país: por primera vez, se reconoce la democracia comunitaria, además de la democracia directa y representativa. Una de las limitaciones de la normativa infra constitucional ha sido la escasa implementación de mecanismos de democracia comunitaria, cuando este tipo puede ampliar la dimensión de ciudadanía hacia el reconocimiento de expresiones culturales y organizativas que recuperen fundamentos, usos y costumbres rurales y de la historia de los pueblos y nacionalidades que reafirman las prácticas comunitarias. También en la línea de reforzar una ciudadanía comunitaria, se requiere promover dispositivos que la preserven y gesten actores sociales que la revaloricen.

La ciudadanía pueden participar en todo el ciclo de elaboración de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como local: en la planificación, presupuestación, gestión, control y evaluación de las políticas.

La planificación participativa se eleva a principio constitucional, a nivel local y nacional y la ciudadanía formaría parte del Consejo Nacional de Planificación.

Se crean los consejos ciudadanos, como instancias de deliberación de los grandes lineamientos del desarrollo nacional. Se fijan instancias en todos los niveles de gobierno con “participación ciudadana”.

Se crea la silla vacía como forma de participación en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. Los ciudadanos participan, desde allí, en la toma de decisiones de los gobiernos locales.

A diferencia de la Constitución del 1998, los sujetos de la participación no son solo los ciudadanos a título individual sino, además, comunidades, colectivos, nacionalidades

5.1 Democracia Directa

Los ciudadanos pueden revocar el mandato de todas las dignidades que han elegido, incluido el Presidente. Esto no constaba en la Constitución de 1998. Con 15% de firmas se puede solicitar la convocatoria a consulta para la destitución presidencial.

Los requisitos para el efecto son más simples. Antes para la revocatoria de alcaldes, prefectos y diputados se requería 30% de firmas, ahora solo 10%.

El pueblo puede solicitar reformas constitucionales a través de una consulta popular con el 8% de firmas. También puede convocar a una consulta para aprobar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con el 12% de firmas.

Pueden también presentar proyectos de ley, y demandar la realización de consultas sobre temas de importancia a nivel local o nacional. Para las consultas se requiere únicamente el 5% de firmas y ya no el 8% como antes.

Los mecanismos de democracia directa (revocatoria, iniciativa normativa y legislativa, consultas populares, reforma constitucional) están mucho más desarrollados, fijan claros procedimientos, y son más accesibles que en la Constitución de 1998.

5.2 Organizaciones Sociales

Se reconoce una diversidad de actores sociales y se amplía el abanico de los derechos de participación en educación, seguridad social, comunicación, ambiente.

Se ha creado el derecho a la gestión democrática de la ciudad.

El texto constitucional amplía los derechos de las organizaciones populares con relación a la anterior Constitución, y reconoce su facultad de autogestión e intervención en la política pública. Se las define como unidades básicas de participación, que pueden organizarse en diversos niveles.

Resalta la labor de organizaciones económicas populares como parte de la economía y como proveedoras del Estado. También promueve las organizaciones de agricultores y campesinos para cuidar el riego, suelos, soberanía alimentaria. Además promueve formas de organización de usuarios y consumidores.

Se promueven Consejos de Igualdad de carácter paritario (con representantes del Estado y la sociedad civil) en áreas claves de la política pública: género, pueblos, generación, intercultural, movilidad humana, discapacidades.

5.3 Otras innovaciones

Diferencia diversos tipos de derechos ciudadanos como reclamo, proposición de obras, debate de presupuestos y la acción ciudadana

Incluye los temas de democracia interna (en movimientos y partidos) y el derecho a la resistencia. Se retoma el derecho a la oposición ya establecido en el 98.

5.3.1 La participación de los pueblos

Se reconoce múltiples derechos indígenas de participación en el desarrollo de sus organizaciones y formas de autoridad, prioridades en planes de desarrollo, administración de educación y salud, consulta en legislación, control del ambiente y consulta previa.

Al interior de la organización política administrativa del Estado, se abre la puerta (que en la Constitución del 98 no existía) para que los pueblos indígenas puedan, en las parroquias, municipios y otros niveles de gobierno local, decidir mediante una consulta sobre sus formas de autogobierno con territorio y presupuesto.

5.3.2 Revocatoria de mandato

Cuadro 3: Comparación constitucional de la evolución de la revocatoria de mandato

	Constitución de 1998	Constitución de 2008
Definición	Derecho Político	Derecho de Participación
Causales	1.- Actos de Corrupción 2.-Incumplimiento Injustificado del Plan de Trabajo	No se anuncian causales en norma constitucional pero se desarrollan en ley orgánica.
Condiciones	1.-Por casos de corrupción podría presentarse en cualquier momento. 2.- Por otra causal será después del primer año y antes del último. 3.-Sólo podrá presentarse por una sola vez.	1.- Cumplido el primer año y antes del último año 2.- Durante el período solo podrá presentarse una solicitud
Autoridades	a)Diputados b)Alcaldes c)Prefectos	Autoridades de elección popular incluido el Presidente o Presidenta de la República
Porcentaje de firmas de respaldo	30% de las personas empadronadas en la respectiva circunscripción territorial	No inferior al 10% de personas inscritas en padrón y 15% para Presidenta/e de la República
Aprobación popular	Mayoría absoluta de los sufragantes de la respectiva circunscripción	Mayoría absoluta de los votos válidos

Fuente: Holger Paúl Córdova en “La revocatoria de mandato entre voluntad popular o institucional. Un mecanismo de democracia semidirecta con derechos en conflicto.”

Cuadro 4: Comparación de la legislación ecuatoriana sobre la evolución de la revocatoria de mandato

	Ley de Elecciones 2000	Código de la Democracia 2009	Reforma al Código de la Democracia 2011
Porcentaje de firmas de respaldo	30% para diputados, alcaldes y prefectos	No menos del 10% para autoridades de elección popular y 30% para Presidente.	25% para 5.000 20% para 5.001 y hasta 10.000 17,5% para 10.001 hasta 50.000 15% para 50.001 hasta 150.000 12.55 para 150.001 hasta 300.000 10% para más de 300.000
Atribución del órgano electoral	TSE verifica el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales	CNE procede a la verificación de los respaldos de firmas en un plazo de 15 días y si son auténticos procede la convocatoria.	CNE revisa la motivación de la solicitud, notifica a la autoridad para que responda del motivo de la solicitud de revocatoria y resuelve la procedencia de la solicitud en base a la contestación de la autoridad
Causales	Incumplimiento del Plan de Trabajo y por cometimiento de actos de corrupción	Incumplimiento del Plan de Trabajo	Incumplimiento del Plan de Trabajo, disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y demás obligaciones establecidas en la Constitución y la Ley según le corresponda a cada autoridad.
Plazo para recolección de firmas	No señala	180 días	Desde 60 días hasta 180 días dependiendo el número de electores y porcentajes de firmas
Plazos de ejecución	Convocará 10 días después de la verificación y la elección se realizará 30 días después de la convocatoria	Convocará en 7 días y la elección se realizará hasta 60 días después	Convocará en 7 días y la elección se realizará hasta 60 días después

Fuente: Holger Paúl Córdova en “La revocatoria de mandato entre voluntad popular o institucional: Un mecanismo de democracia semidirecta con derechos en conflicto.”

6.Limitaciones y riesgos de los Derechos de Participación

6.1 Con respecto al derecho de fiscalización social, las acciones de control social al poder público son un cuestionamiento a las relaciones de poder sustentadas en el intercambio de privilegios, jerarquías y favoritismos –o en el incumplimiento de normas legales-, con la finalidad de señalar reparos a la gestión pública. El gran tema pendiente para reforzar las iniciativas de control social, consiste en la insuficiencia –o ausencia- de mecanismos institucionales para canalizar esas iniciativas hacia las autoridades estatales respectivas y su correspondiente seguimiento para que sean debida y oportunamente tratados, así como la falta de condiciones que protejan y respalden el ejercicio de tales iniciativas.

6.2 Sobre el derecho a la revocatoria de mandato, gran parte de la literatura política coinciden en afirmar la pertenencia de la revocatoria de mandato como un instrumento propio de la democracia directa, modelo en el que la toma de decisiones le corresponde a la ciudadanía, más que a los órganos representativos o autoridades de elección popular.

Si se comporta como un derecho capaz de cesar o ratificar en la función que desempeña una autoridad, es una decisión que la toman directamente sus electores, no lo hace ningún tipo de autoridad que actúa en nombre de una Función del Estado, cuerpo colegiado u órgano de representación popular, este es el distintivo de la revocación como un derecho que se ejerce desde la democracia directa.

Cuando se revisa el cambio del procedimiento de la revocatoria –efectuado vía reforma legal-, se observa un mayor protagonismo en la calificación y autorización de la solicitud que le corresponde al organismo electoral, esta mutación repercute en el funcionamiento de la revocatoria como mecanismo de democracia directa, porque combina la intervención de los electores con la decisión institucional de un organismo estatal, elegido por concurso de méritos y oposición, cuyo origen tampoco proviene de un proceso electoral. La gestación de este nuevo modelo de democracia directa –o modelo híbrido que recoge aspectos de la democracia directa y representativa- redefine (¿o debilita?) la revocatoria como derecho. Si antes, el organismo electoral se remitía a una revisión de requisitos, que permitan la activación de este derecho sin intervención de representantes, para adoptar una decisión final que pueda dar lugar a la revocación; con la reforma, este organismo debe ponderar y tomar una decisión que contraste la justificación de los motivos de la solicitud con la respectiva defensa de la autoridad cuestionada, para después de esto permitir o no la expresión de los electores. Puede entenderse que esta renovación responde a advertir que las autoridades cuestionadas puedan alcanzar la oportunidad de defender sus actuaciones y desvirtuar la posible acusación de incumplimiento de su plan de trabajo, estos derechos son los que eventualmente podrían entrar en conflicto con el derecho político-electoral de las y los electores para participar en la suspensión o permanencia del mandato entregado a esa autoridad.

Los procesos revocatorios son instrumentos productores de gramáticas de democracia directa, que permiten recrear las condiciones de evaluación de electores frente a la autoridad, no son procesos unilaterales de juzgamiento en el que las autoridades de representación quedan sin condiciones de expresión de sus derechos, sino que pueden ser capaces de construir un orden referencial de deliberación pública para sustentar su gestión gubernamental. Las cifras demuestran que todo proceso impulsado recibió la suficiente respuesta de responsabilidad de la ciudadanía para balancear el interés colectivo, por la continuidad de la administración actual, frente a la intención de afectar a los mandatarios locales por parte de los promotores de una revocatoria. Incluso en Estados Unidos, se utiliza el término recall, para hacer referencia a la revocatoria, que significa “volver a llamar”, como una alusión más pragmática de volver a las urnas, para ratificar o quitar el apoyo popular.

La tendencia del texto constitucional es plantear un paradigma que articule varios tipos distintos de democracia, con sus respectivos derechos e instrumentos, con la pretensión de avanzar hacia una radicalización de la democracia, he ahí la fuerte vinculación de los derechos de participación con el conjunto de derechos constitucionales. Profundizar la democracia directa no significa suspender la existencia de representantes o autoridades electas, sino reforzar los derechos que puedan ofrecer mayores avances de ésta, probablemente la innovación ocasionada ubica a la revocación como un mecanismo de la democracia semidirecta, que se acerca más a fortalecer la implicancia de las autoridades de elección popular en relación a los dispositivos más inmediatos para el ejercicio de la soberanía popular.

La proyección de los derechos de participación y todo el concepto de ésta, esgrimido en la Constitución, se perfilaban más a la emergencia de impulsar mecanismos que coadyuven a la recuperación del poder ciudadano en permanente formación, siendo la revocatoria uno de éstos.

En las condiciones para ejercer el derecho a la revocatoria, tenemos una tensión institucional: gobernabilidad vs. participación y se evidenciarían algunos derechos en conflicto. Por un lado, el de ser elegido de la autoridad en funciones y sus garantías al debido proceso cuando se abre un proceso revocatorio en su contra; por otro lado, el derecho de una comunidad a revocar el mandato y de participar en asuntos de interés público, si estos derechos estarían enfrentándose ¿Cuáles pueden tener mayor prevalencia? Este es un tema clave para el rumbo de las revocatorias, considerando que la misma normativa no resuelve este conflicto, desincentivando el ejercicio más amplio de los derechos del segundo grupo, porque reduce las capacidades democráticas y soberanas de la ciudadanía en decidir su destino político, y se deja este componente esencial de la democracia directa en la voluntad de un órgano –electoral-, que además de carecer de representación política en su fuente de designación –sus miembros no son elegidos por elección popular ni provienen por nominación de la Función Legislativa-, termina por reemplazar a las personas y decidir en su nombre sobre el ejercicio de un derecho de participación.

Otro elemento importante es las dificultades que tienen las autoridades para presentar sus informes de rendición de cuentas y las condiciones que los hacen, como instrumento que podría promover la información con que se necesita analizar el inicio o no de un proceso revocatorio contra una autoridad.

En el análisis de la revocatoria, también otro tema crucial es el sistema de verificación y controles de firmas, de parte del órgano electoral a los respaldos que presentan los actores políticos para los procesos políticos de democracia directa, lo cual podría ser una garantía para preservar la transparencia y legitimidad de las solicitudes, con el fin de reducir a futuro las exigencias de la fundamentación y el peso decisional gravitante del órgano electoral en una probable reforma legal electoral.

Un tema no menos importante es las imprecisiones reglamentarias internas del órgano electoral, a la hora de delimitar los alcances y posibles opciones a seguir en sus procedimientos, para aceptar o no una solicitud de revocatoria

Todos estos temas inciden en la participación y en una evaluación de estos mecanismos, además de las dificultades que pueden significar impulsar un proceso revocatorio con relación al cumplimiento de requisitos y formalidades legales, no necesariamente todos los ciudadanos están debidamente capacitados para hacerlo.

6.3 Con respecto al derecho a la resistencia, sin detenerme en analizar los últimos procesos judiciales, que han sido relacionados con supuestas formas de un mal uso de este derecho y su manipulación, quisiera plantear algunas reflexiones sobre la necesidad, para la legislación ecuatoriana, de contar con una normativa especial para el ejercicio democrático del derecho a la protesta, bajos dos parámetros: a) ¿Cómo impedir que se generen obstáculos para su ejercicio?; y, b) ¿Cómo buscar alternativas para que quienes lo implementen, no incurran en algún delito penal que pueda criminalizar su activismo social?.

El punto central del planteamiento no está en precisar que para ejercer un derecho se debe legislar obligatoriamente para ponerlo en vigencia, más aún cuando la naturaleza de este derecho para su ejecución podría estar en conflicto por la intervención del Estado al establecer algunas condiciones mínimas para su ejercicio; sino poner en evidencia, que la aplicación de algunos tipos penales como la rebelión, terrorismo, sabotaje y otros, podrían desconocer y desnaturalizar las modalidades para poner en uso las resistencias. Tampoco significaría que con una ley no existirían limitaciones para este derecho, ya que las probables tensiones políticas hacia su activación van a estar generalmente presentes, pero, al menos, sí se podría contar con premisas claras y preestablecidas para facilitar y proteger las opciones en que pueden funcionar las resistencias.

La Constitución ofrece un catálogo de derechos que debe ser desarrollado, mediante políticas públicas, en sus formas de ejercicio, atribuciones institucionales para su protección, mecanismos de promoción y procedimientos para el control social. En la legislación ecuatoriana, no existe una normativa que defina las condiciones para activar derechos como la resistencia, objeción de conciencia, dirigir quejas y peticiones, fiscalizar los actos del poder público; ni tampoco las posibilidades ciertas para garantizar su implementación en casos de afectaciones. Más allá de la proyección constitucional de garantías como la Acción de Protección, los derechos que pertenecen a la naturaleza de la participación ciudadana, en su fase de protesta social -como los mencionados-, no cuentan con una trayectoria doctrinaria, epistemológica ni jurisprudencial para su desarrollo. Aunque existe un relativo avance por parte de instrumentos internacionales hacia el esfuerzo por definir las interpretaciones y prácticas de la protesta, esos avances externos requieren ser armonizados también con nuestra legislación interna –como la penal, por ejemplo-.

La disposición constitucional sobre la Acción Ciudadana (art. 99 C.R.E), como garantía constitucional para la protección de la participación, no ha sido debidamente regulada ni institucionalizada -en normas como la Ley de Participación Ciudadana-, como para que los pueblos, colectivos y organizaciones sociales puedan hacer uso de esta garantía. Bien podría señalarse que al no estar debidamente legislada ni reglamentada, es una acción ineficaz, a pesar de su reconocimiento constitucional, al advertir su uso “cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación”. Cabe señalar que su ubicación en el articulado constitucional, al encontrarse a continuación del relativo a la resistencia, fue pensado, inicialmente, para convertirse en una acción que pueda tutelar este derecho, sin embargo, después se lo amplió para que pueda apoyar los procesos participativos y organizativos ante eventuales restricciones.

El derecho a la resistencia contiene una enorme evolución histórica que podría contribuir a la democracia participativa y a la democratización del poder público. Empero, la ausencia de su oportuna regulación legal, ha creado varias interrogantes que dificultan su ejecución. ¿Cuál serían los repertorios lícitos y no lícitos para la protesta ciudadana? ¿Se puede invocar este derecho contra sentencias judiciales? ¿Es válido este derecho contra obligaciones legales como el pago de impuestos? ¿Puede existir un uso democrático cuando se trata de utilizarlo para abstenerse de ejercer otros derechos como el de participar en el sufragio como manera de protesta? ¿Es legal que recurran a este derecho las personas jurídicas públicas –como el Municipio de Guayaquil- o privadas –como una compañía nacional de cervecería-? ¿Es posible que las y los ciudadanos puedan crear sus propios mecanismos de resistencia y que no se encuentren desarrollados en una Ley? ¿Cuáles pueden ser las acciones estatales para proteger este derecho? ¿Hasta dónde llega el ámbito de ejercicio de este derecho para no vulnerar el ejercicio de otros derechos? ¿Cuáles serían las instituciones encargadas de precautelar el ejercicio de este derecho, y por ende, de reparar a los sujetos impedidos de activarlo? ¿Cuáles podrían ser los instrumentos de verificación para evitar abusos en este derecho? ¿Se pueden legislar todos los posibles mecanismos de protesta? ¿Cómo neutralizar los posibles conflictos con la normativa penal? ¿Cuáles podrían ser las maneras en que las instituciones encargadas -como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y qué otras- puedan actuar para evitar posibles afectaciones en este derecho?

El texto constitucional determina algunas orientaciones generales para preservar el carácter democrático de este derecho como: 1) La prohibición de paralizar servicios y bienes públicos; 2) Las disposiciones legales para la protección de la vida y derechos de otras personas como el de la propiedad; 3) Los mecanismos institucionales que corresponden a cada tipo de democracia: participativa, representativa, directa y comunitaria, como un conjunto complementario para la construcción del poder social.

6.4 En cuanto a los derechos relacionados con la participación, como el acceso a la información pública, los derechos a la información y comunicación en general, o lo que denomino los derechos deliberativos[12], cabe hacer algunos señalamientos. La esfera pública necesita sustantivar y profundizar sus discusiones con miras a desarrollar más ámbitos de incidencia de los actores sociales, por cuanto esto es lo puede ir democratizando el ejercicio de los derechos deliberativos.

La deliberación deviene en un derecho que permite circular el poder político, revierte la formación de la voluntad general hacia la intervención de aquellos que, sin ser elegidos hacia la representación político-institucional de las entidades estatales, hacen opinión para publicitar y ampliar la agenda pública con la finalidad de tratar asuntos que incumben a la comunidad. Todas estas dinámicas se las desarrolla con el conjunto de derechos deliberativos.

Los derechos de comunicación e información se vinculan con los de participación, en la medida en que las organizaciones y segmentos de la sociedad son capaces de construir inclusión social, capacidades creativas y dispositivos constituyentes para autoorganizarse en la búsqueda de decisiones públicas.

Los derechos deliberativos son los que permiten a la ciudadanía trazar otros repertorios para acceder y redefinir la agenda pública; reconstruir sus expresiones significa que los individuos puedan exigir y buscar más diversidad y pluralismo informativo, presionar para redefinir la generación de lo que puede ser o no noticia para la opinión pública y publicada, impulsar la renovación de los marcos institucionales que no propician la participación, visibilizar aquellos hechos que sin ser cobertura de los grandes medios, representan las grandes necesidades que merecen la atención de las élites burocráticas y los gobiernos.

Hace algunos años, J. Derrida advirtió, en su ensayo La desconstrucción en las fronteras de la filosofía, que debemos preguntarnos cuáles pueden ser los riesgos de todo orden.

En esa perspectiva, desde una lectura de cuál ha sido el papel de los grandes medios de comunicación privados para garantizar los derechos a la comunicación, información, participación y culturales, irrumpe una gran evidencia: aquellos medios se caracterizaron por construir un orden sustentado en tres factores: el afán fundamentalista de lucro, la representación y el espectáculo. Sus manifestaciones culturales, estéticas, políticas y comunicacionales debían responder a ese orden y éste fue capaz de programar, preceder y prevenir la vida y la forma de pensar de sus audiencias.

En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, las leyes deben ser aprobadas para buscar mecanismos que permitan profundizar y proteger los derechos en cada ámbito público y privado.

El proyecto de Ley de Comunicación contiene varios avances en materia de derechos deliberativos, que los medios en cuestión no han sido capaces de promover eficazmente por estar situados bajo esa estructura dominante. Podemos citar la obligación de los periódicos de publicar páginas braille; establece el 5% de la programación para los pueblos y comunidades indígenas; precisa los derechos laborales de los comunicadores en temas cruciales como las remuneraciones; clarifica y especifica las condiciones de los derechos a la réplica y a la rectificación para proteger posibles afectaciones a las personas; controla la emisión y publicación de contenidos discriminatorios estableciendo la respectiva sanción de conformidad a los ingresos del medio; define el porcentaje de distribución de las frecuencias en 33% públicos, 33% privados y 34% comunitarios; promociona políticas de transparencia en medios como la obligación de un código de ética y las cifras de publicación de medios impresos; determina el 40% de cupo en pantalla para la producción nacional audiovisual y el 50% de cupo para la promoción de la producción nacional musical; incluye la obligación de que la distribución del pautaje de publicidad cubra a todos los medios: nacionales, locales, privados, públicos y comunitarios; finalmente, cabe destacar dos temas cruciales, el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios y la descripción de principios que aportarían a una mejor aplicación de los derechos de comunicación y los relativos a su aplicación.

Lo clave para ser reforzado y promovido en la Ley de Comunicación, serían las herramientas para propiciar y tutelar el ejercicio de ese grupo de derechos deliberativos: los de la comunicación, información, culturales y los de participación que se vinculan con los anteriores.

No hace falta una ley perseguidora, sino que le apueste a los derechos, si bien establecerá una entidad de regulación y atribuciones para hacerlo, no debe ser una ley contra nadie; lo que se busca es una normativa que puede estar en contra de la violación de los derechos mencionados, en pocas palabras, es a favor de esos derechos fundamentales de los ciudadanos. Otro prejuicio es pensar que los derechos comunicacionales y deliberativos son propiedad exclusiva de los grandes medios o de sus dueños, cuando le corresponden al conjunto de la comunidad.

Sin ley, el escenario también es previsible: las empresas que lucran de la comunicación, de la verdad y de la información se dedicarán a seguir haciendo representación política, en reemplazo de los actores políticos, sociales e institucionales; continuarán creando condiciones de espectacularidad en sus programaciones para vaciar de contenidos y sentidos a las posibles formas de intervenir y participar de la sociedad en la esfera pública; a seguir reduciendo las capacidades constituyentes de la ciudadanía para que no tomen la palabra ni puedan crear poder colectivo.

Necesitamos una ley que tenga como misión la posibilidad de reconocer e incentivar diferentes formas para el ejercicio de los derechos a la comunicación, a la información y a las dinámicas participativas de la sociedad, para crear condiciones en que se desplieguen esos derechos.

7.Conclusiones

7.1 La apuesta por un garantismo de derechos –en la definición del carácter del Estado- representa la construcción de un bioconstitucionalismo republicano de democracia radical que, reafirmando los derechos, garantías y mecanismos institucionales en que opera, reconozca a los DdP, como atributos esenciales ciudadanos y opciones legítimas para preservar su validez. Necesitamos de aprendizajes públicos para canalizar las interpelaciones ciudadanas, que pese a las tensiones y conflictos institucionales en relación a los DdP, continuarán su curso; por ende, necesitamos crear las condiciones necesarias de transición y postransición para el desarrollo de este tipo de derechos, lo cual pasa por reconocer y buscar puntos de encuentro básicos con sus gramáticas populares, para viabilizar su ejercicio democrático.

7.2 La innovación constitucional que vive el Estado ecuatoriano con respecto al tema de la participación, presenta como antinomia un proceso de transición normativa para trazar los límites y caminos por los cuales se pueda concretar su implementación. Esa contradicción reside en que si la elaboración o reforma de las leyes que la organizarían, responde al contexto constitucional postliberal -en posible traslación al garantismo-, o si revierten ese contexto y reafirma un esquema positivista y civilista que responde al Estado Liberal.

7.3 Se volvería indispensable impulsar un Proyecto de Ley Interpretativa a las normas que regulan la revocatoria para aclarar el rol actual del organismo electoral, que permita definir si le corresponde más hacer una interpretación jurídica para calificar las solicitudes en la perspectiva de analizar la fundamentación del proponente con la impugnación de la autoridad interpelada, o si se trata de una simple revisión de formalidades para cumplir con la admisión del trámite como al parecer podría entenderse de lo que señala la reglamentación interna. Otro aspecto relevante sería la necesidad de que el organismo electoral pueda clarificar, en su reglamentación interna, las potestades de verificación y aprobación que le corresponde frente a los procesos revocatorios, indicando expresamente las condiciones de impugnación válidas y las no sujetas a ser aceptadas, por parte de las autoridades sobre las que existe una solicitud de revocatoria, con la finalidad de que el ejercicio de este derecho pueda contar con reglas predecibles para la actuación de los sujetos políticos.

Dentro del ámbito de la reforma institucional, es también imperativo que el ente encargado de la autorización electoral pueda fortalecer los filtros de recepción y sistemas informáticos de procesamiento y revisión de firmas, por cuanto se vuelve en una etapa crucial para la realización de los procesos revocatorios.

7.4 No contamos con normas orgánicas ni reglamentarias que puedan dar los caminos para ejercer el derecho a la resistencia, ni tampoco contamos con orientaciones claras para describir sus alcances, principios, límites para la fuerza pública a la hora de su cobertura y reservas públicas para no afectar otros derechos. Es indispensable contar con un proyecto de ley para proteger y ampliar las resistencias, que enfatice que este derecho no significa incurrir en modalidades que puedan alterar otros derechos, o a la prestación de servicios de una comunidad; tampoco implica realizar daños contra la propiedad privada, el deterioro o el menoscabo de los bienes públicos y estatales. Igualmente, que establezca que no se reduce a causar agresiones a las autoridades o miembros de la fuerza pública, sino que supone demostrar una protesta no violenta contra un acto o omisión del poder público o de personas jurídicas privadas, que resulta carente de principios democráticos, para lo cual pueden ensayarse acciones como el plantón, la desobediencia civil, las marchas, los cacerolazos, las manifestaciones virtuales, movilizaciones cívicas, paros y huelgas autorizadas y otras. Estos son métodos de protesta que merecen legislarse para respetar su ejercicio, para no dar lugar a los excesos en su uso, ni a probables manejos represivos en su control.

7.5 El día 20 de abril del presente año se cumplieron tres años de haberse aprobado y promulgado la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, texto que describe los mecanismos y condiciones previstos en la Constitución de la República para la promoción de los derechos relacionados con la participación. De igual manera, el día 19 de octubre de 2012, se cumplieron dos años de la aprobación y promulgación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que contiene también varios mecanismos de participación y planificación para los GADS. Este período de vigencia de ambas Leyes se presenta como oportuno para visualizar las tendencias y oportunidades que ha generado la sociedad en esta materia, sin embargo, en el país no existe la suficiente información construida y sistematizada para iniciar estudios de análisis y evaluación sobre los logros reales de la participación ciudadana.

Por tal motivo, es indispensable establecer un proceso amplio de solicitud y recolección de información a los Gobiernos Autónomos Descentralizados –cantonales y provinciales- y a las Funciones del Estado, que permitan elaborar indicadores para conocer cuáles son las orientaciones actuales de la participación, identificar sus fortalezas y debilidades y visibilizar aquellas experiencias que han alcanzado una implicación más sostenida de las y los jóvenes en sus territorios, de las organizaciones de mujeres, afroecuatorianos, indígenas, montubios y de las organizaciones políticas. Por la heterogeneidad y multiplicidad de dispositivos existentes, convendría empezar una búsqueda de documentación en los gobiernos autónomos descentralizados, de los niveles provincial y cantonal, para obtener un panorama general del desarrollo de la participación como un insumo indispensable para la información existente en el país sobre esta materia.

Con el fin de tener información clara, vigente, segura y entregada por los mismos actores institucionales, sobre las condiciones actuales de la participación y representación política en el Ecuador, es indispensable que las instituciones –públicas y privadas- diseñen proyectos para recoger, procesar y difundir información sobre los derechos de participación, de conformidad con los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Participación y COTAD, al cumplirse más de dos años de su promulgación.

Quito, mayo de 2013

8.Referencias bibliográficas

Alvarado Pérez Emilio, (2009) “Desobediencia civil”, en Román Reyes D., Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología Científico-Social, Tomo 1/2/3/4, Madrid-México: Ed. Plaza y Valdés, disponible en http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ficha.htm.

Arendt Hannah. (1999) Crisis de la República, Taurus: España.

Bauman Zygmunt (2005) Modernidad y ambivalencia, Anthropos: Barcelona.

Calveiro P. (2008). “Acerca de la difícil relación entre violencia y resistencia”, en López Maya M., Iñigo Carrera N. y Calveiro P. (editores) Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes en América Latina, Buenos Aires: CLACSO.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de Ecuador.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador.

Cohen J. y Arato A. (2001). Sociedad civil y teoría política, México: Fondo de Cultura Económica.

Córdova Holger Paúl. (2008) “Organización social, participación y poder popular”, Asamblea Nacional Constituyente: Montecristi, documento de trabajo para la Mesa No. 2 de Organización, Participación Social y Ciudadana y Sistemas de Representación, mimeo, presentado y expuesto el día lunes 19 de mayo de 2008, sesión No. 72, Acta de la Mesa No. 2 de la Asamblea Constituyente.

Córdova Holger Paúl (2012) La revocatoria de mandato entre voluntad popular o institucional: un mecanismo de democracia semidirecta con derechos en conflicto, COINCIDE, Foro de Educación Ciudadana, ISPCI, UCE, Colectivo Participación Real Ya: Quito.

______ (2013) “Resistencia y Deliberación Pública. Derechos de Participación para transformar las relaciones socio-estatales”, en Revista Anales de la Universidad Central del Ecuador, No. 371: Quito.

______(2007) Perspectivas de cambio en Ecuador desde los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, la Justicia Constitucional y los Derechos Humanos, UCE, COINCIDE, ISPCI, UNIBE: Quito.

_____ (2012) “Ley de Comunicación para derechos deliberativos”, columna de opinión en diario El Telégrafo, Quito, edición impresa del día 16 de septiembre de 2012, disponible en la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&;task=item&item_id=53878&Itemid=29

_____ (2012) “Derechos deliberativos para construir decisiones públicas. ¿Cómo democratizar su acceso y uso para hacerlos derechos gobernantes?” Revista GKILLCITY, disponible en la siguiente dirección:

http://gkillcity.com/index.php/el-mirador/1011-derechos-deliberativos-para-construir-decisiones-publicas-icomo-democratizar-su-acceso-y-uso-para-hacerlos-derechos-gobernantes

______ (2012) “¿Presidencialismo vs. Garantismo?, columna de opinión en diario El Telégrafo, Quito, edición impresa del día 19 de octubre de 2012, disponible en la siguiente dirección: http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&;task=item&item_id=58124&Itemid=29

Dworkin Ronald (1984) Los Derechos en serio, Barcelona: Ariel.

Echeverría Bolívar (2011) Ensayos políticos, Quito: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Estévez Araujo José Antonio (1984 ) La Constitución como proceso y la desobediencia civil, Madrid: Trotta.

Habermas Jurgen (1987) Teoría de la Acción Comunicativa, Madrid: Taurus.

Habermas Jurgen (1988) Ensayos Políticos, Barcelona: Ediciones Península.

Habermas Jurgen ( 1997) Más allá del Estado Nacional, Madrid: Trotta.

Informe de la Mesa No. 2 de Organización, Participación Social y Ciudadana y Sistemas de Representación de la Asamblea Constituyente, (2008). Articulado para Primer Debate sobre Organización del Poder, Montecristi.

Ley de Participación Ciudadana de Ecuador de Ecuador.

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador.

López Maya M. (2002). Protesta y cultura en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999, Buenos Aires: CLACSO.

Monzón Cándido (2000) Opinión pública, comunicación y política. La formación del espacio público, Madrid: Tecnos.

Negri A., Hardt M. y Zolo D. (2004). Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio, Barcelona: Paidós.

Ramírez Gallegos F. (2005). La insurrección de abril no fue solo una fiesta, Quito: Ciudad, Abya Yala.

Schmitt Carl. (1971). Legalidad y legitimidad, Madrid: Aguilar.

[1] Docente universitario, autor de libros y artículos en temas de innovación democrática, derechos de participación, democracia, cambio constitucional y poder popular. Ha colaborado profesionalmente en entidades públicas y privadas sobre la gestión de experiencias y procesos participativos.

[2] En nuestro país, a partir de la década del 90, empezó justamente a gestarse un ciclo importante de resistencias políticas y sociales frente al modelo neoliberal, que fueron construyendo el camino de los derechos de participación y que señalaron también los cauces democráticos para hablar de una democracia construida desde las calles. Esa historia la debemos a las organizaciones sociales en el Ecuador, sindicales, indígenas, pro defensa de los derechos de las mujeres, ambientalistas, pro defensa de los derechos de las minorías sexuales y de otros colectivos, en definitiva, podemos decir que la historia en el Ecuador de los derechos de participación ha sido construida gracias a las demandas y propuestas de las organizaciones sociales. Tampoco aparecen ni nacen con el texto constitucional de 2008, que lo que hace es agruparlos y describirlos.

[3] A diferencia de otros derechos, como los del buen vivir, los de libertad o los de protección, donde las instituciones estatales tienen un protagonismo central en la construcción material de condiciones y políticas públicas para garantizar el ejercicio de libertades o la provisión de servicios para la comunidad; las dimensiones ejecutorias, sobre las que se mueven los derechos de participación, emergen desde la voluntad libre, autónoma y potente de la organización popular.

[4] Derechos a la libre asociación, reunión, organización social, huelga, protesta social, libertad de expresión, igualdad ante la ley, no discriminación.

[5] Un gran tema pendiente es actualizar y reformar la legislación penal que puede obstruir y crear dificultades para el ejercicio de derechos como la resistencia, la desobediencia civil, entre otros; por delitos que recogen contenidos y tipos penales de las dictaduras y que no se corresponden con un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Al respecto, ver mi artículo “Resistencia y Deliberación Pública. Derechos de Participación para transformar las relaciones socio-estatales”, en Revista Anales de la Universidad Central del Ecuador, No. 371, marzo de 2013, recogido también en las revistas digitales: www.ecuadorlibrered.tk; www.rebelion.org; www.alainet.org.

[6] En este aspecto, vale ponderar el caso de Brasil, a pesar de haber desarrollado la modalidad del Presupuesto Participativo, como un modelo a ser exportado por países de América del Sur y Europa, por su consistencia y eficacia, carece de una Ley de Participación Ciudadana, es decir, que el mejoramiento de las variables de participación no pueden estar condicionadas a la existencia de una ley sobre este derecho.

[7] A continuación ver el cuadro de Diseño institucional para la gestión y ejercicio de derechos de participación.

[8] Existe una arquitectura institucional que establece variados tipos de Consejos, tanto estatales como ciudadanos, como se cita a continuación: a) Los Consejos Ciudadanos Sectoriales como mecanismos de participación de los ministerios sectoriales y secretarías de la Función Ejecutiva; b) El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Función de Transparencia y Control Social; c) El Consejo Nacional Electoral, como órgano de la Función Electoral; d) el Consejo Nacional de Planificación, como máxima instancia del sistema nacional descentralizado de planificación participativa; f) Los Consejos de Planificación, como instancias ciudadanas de planificación de los GADS; g) Los consejos reguladores de la educación superior: Consejo de Educación Superior y Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior; entre otros. Hay una integración paritaria (sociedad-Estado) en algunos casos, y, en otros, hay una conformación con servidores estatales, pero la pregunta es ¿Sería indispensable avanzar hacia una conformación paritaria en todos los consejos existentes o los de carácter estatal se encargan de promover y cumplir con la participación ciudadana?

[9] Los derechos de participación descritos en el texto constitucional están ubicados en el capítulo quinto del título dos denominado Derechos, a partir del artículo 61, pero existen otros que han sido ubicados en el capítulo primero del título cuarto sobre Participación y Organización del Poder. En una visión integral son los siguientes: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 9. Ejercer la resistencia frente a acciones y u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan afectar derechos. 10. Desarrollar formas y manifestaciones de organización de la sociedad para impulsar procesos de participación y decisión en la gestión de lo público o para intervenir en asuntos de interés colectivo ( ver Arts. 61, 96, 98 C.R.E.).

[10] El texto constitucional vigente contiene algunas modificaciones que merecen el control social para su cumplimiento, a ver si son suficientes respuestas para el cumplimiento de los DdP como son: a) promover la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos; y, b) determinar el respeto a la participación alternada y secuencial en las candidaturas a las elecciones pluripersonales.

[11] La concepción de ciudadanía, presente en el texto constitucional de 1998, surgió como consecuencia de una matriz político-estructural del Estado sustentada en una racionalidad excluyente y protegida por una élite gobernante blanco-mestiza que no asumió las transformaciones de inclusión democrática.

[12] Defino a derechos deliberativos como los siguientes: los de participación (todos en su conjunto), de comunicación e información (derechos a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa; a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior; acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas) y los relativos a éstos grupos como los culturales (derecho a acceder y participar en el espacio público y a la deliberación) y los de libertad (derechos a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones; de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario; a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.).

http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/politica/2188-2013-06-08-00-45-09

Un sonado Marco Teórico: Plagio, política y academia en el Ecuador

noreply@blogger.com (FETRALPI) — Sun, 09 Jun 2013 04:28:00 +0000

Rosa María Torres

Esta es la historia de un sonado marco teórico. Sonado, porque pertenece a la tesis del Vicepresidente electo (y recién posesionado) del Ecuador, Jorge Glas, binomio de Rafael Correa en las elecciones de febrero de 2013 y elegido junto con él para el nuevo período presidencial (2013-2017). Y sonado porque dicha tesis, y concretamente dicho marco teórico, fueron denunciados por plagio tanto dentro como fuera del país (materiales tomados de El Rincón del Vago y de Monografías.com) antes y durante la contienda electoral.

El asunto fue noticia a partir de noviembre 2012 y volvió a ocupar la atención nacional pocos días antes de la investidura presidencial (24 mayo, 2013), a raíz de:

1. una carta de Jorge Glas - "Entidades académicas y organismos de control ratifican proceso de graduación de Jorge Glas Espinel (CARTA) - fechada el 14 de mayo, dirigida al rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Ing. Sergio Flores, y divulgada por el diario oficial El Ciudadano el 15 de mayo. La carta se refiere a la Resolución de la ESPOL sobre la tesis, a propósito de las denuncias. También se refiere a otras tres instituciones - Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Fiscalía General el Estado y Corte Nacional de Justicia - que, según Glas, se habrían pronunciado desestimando las acusaciones. La carta no adjunta ninguno de estos pronunciamientos, limitándose a seleccionar y entrecomillar algunos párrafos. Glas no reconoce ningún error en su proceder en relación a la tesis, endosa el problema a sus acusadores y a los gajes propios de una campaña política, y dice lamentar la situación en que se ha visto involucrada la ESPOL: “En lo personal, lamento profundamente que al calor de una campaña política, se haya generado un falso cuestionamiento en donde el nombre de la Espol pudo haber sido negativamente expuesto de forma injusta e indebida”.

2. la Resolución de la ESPOL, fechada el 30 de abril (es decir, más de dos meses después de las elecciones y cuando Glas ya había recibido credenciales como Vicepresidente electo). La ESPOL no respondió ni circuló dicha Resolución, pese a reiterados pedidos. Tampoco lo hicieron los medios oficiales. La encontramos en el Repositorio de Resoluciones de la universidad, recién el 23 de mayo, un día antes de la investidura del nuevo gobierno.

En lo fundamental, la Resolución:

a) reconoce que el trabajo de Glas es "profesionalmente relevante",

b) le exige "que se disculpe ante la institución, por la exposición pública negativa a la que de manera directa se ha visto sometida, por no haber hecho las referencias apropiadas en los textos incluidos en su trabajo", y le da un plazo de 60 días para cumplir con dicha disculpa,

c) dispone que se agregue a la tesis un addendum con instrucciones específicas acerca de los capítulos que son relevantes para la lectura y los que no (de las 162 páginas de la tesis, 79 "son irrelevantes y su lectura debería ser omitida"; entre éstas están las que contienen las referencias no citadas), y

d) decide crear una Comisión para analizar la actuación del director de la tesis, también profesor de la ESPOL.

Es decir, la ESPOL reconoce el plagio sin nombrarlo, pero pese a ello da la tesis por válida, haciendo un llamado de atención tanto a Glas (ya Vicepresidente electo) como a su tutor.

Es importante recordar que el Código de Ética de la ESPOL advierte expresamente: "Evitar y denunciar todo tipo de prácticas de deshonestidad intelectual, como el plagio de información, la copia no autorizada, el mal uso de información obtenida de medios electrónicos y la venta o subcontratación de tesis o asignaciones académicas".

Cabe asimismo notar algunas fechas en la secuencia temporal (2013):

- la Comisión de la ESPOL encargada de revisar la tesis se creó el 15 de enero

- las elecciones presidenciales fueron el 17 de febrero

- la entrega de credenciales oficiales a Correa y Glas como ganadores de los comicios fue el 9 de abril

- la Resolución de la ESPOL tiene fecha 30 de abril pero no se divulgó

- Glas envió su carta al Rector de la ESPOL el 14 de mayo (no adjuntó el texto de la Resolución)

- el acto de investidura del nuevo gobierno tuvo lugar el 24 de mayo

- la Resolución fue circulada por el diario oficial El Ciudadano el 25 de mayo.

En otras palabras: tanto la ESPOL como el gobierno trataron de postergar y mantener el asunto en reserva, sin exposición pública, en espera del acto formal de posesión.

"Contento con que hayan quedado atrás las falsedades sobre mi tesis", escribía Glas en Twitter el 16 de mayo, después de haber circulado su carta en los medios. Pero no está claro que esto sea así, como revela la propia Resolución de la ESPOL y lo confirman la cronología y el recuento de los hechos que presentamos a continuación.

De cualquier modo, parece importante documentar y analizar este caso por lo que éste devela sobre las articulaciones entre poder político, poder académico y poder mediático, con el trasfondo de una durísima y permanente confrontación gobierno-medios privados, el ocultamiento y la manipulación de medios y voceros oficiales, el silencio y la complicidad de buena parte del mundo académico, y una ciudadanía pasiva que no ejerce su derecho a la información y a la transparencia gubernamentales y que ha naturalizado fenómenos como el nepotismo, el plagio o la corrupción.

Esta cronología comentada la he elaborado a partir de fuentes oficiales y no-oficiales, así como de declaraciones de los protagonistas en los medios y en la red social Twitter. Se incluyen los respectivos enlaces, a fin de que cada lector pueda verificar y ampliar por su cuenta la información. La selección no pretende ser exhaustiva pero creemos cubre los principales dichos y hechos a destacar. Continuaremos agregando información y dejando ésta como una entrada "en proceso", mientras mantengamos este texto en negritas.

? 10 noviembre, 2012. Jorge Glas Espinel, exMinistro Coordinador de Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa y su amigo personal, fue elegido como candidato a la Vicepresidencia junto a él, por el movimiento gobernante Alianza País (AP), en las elecciones del 17 de febrero de 2013. Correa y Glas resultaron electos, dando así lugar a un tercer gobierno de Rafael Correa (2013-2017).

? 29 diciembre, 2012. "Glas Espinel sacó su tesis de 'El Rincón del Vago'" tituló el diario Hoy, incluyendo pruebas (textos tomados de monografías publicadas en dicho sitio y en @monografias_com de una tesis presentada cuatro años antes en la misma ESPOL). La tesis de Glas - "Implementación de una última milla inalámbrica de transmisión de datos a nivel nacional para servicios portadores", presentada en 1998 - fue elaborada junto con el Ing. Luis Calle, también de la ESPOL, para optar al título de Ingeniero en Electricidad y Electrónica en esa universidad.

? 30 diciembre, 2012. @JorgeGlas salió al paso en Twitter: "La tesis fue sobre una red de telecomunicaciones, lo que llaman plagio es el marco teórico que toma como fuente otras tesis académicas". (No aclara que tales fuentes no están mencionadas ni las referencias textuales entrecomilladas, como destaca en efecto la Resolución de la ESPOL).

? 2 enero, 2013. El Asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala, mostró en televisión que la tesis incluye más de 50 páginas copiadas (en el Capítulo 1, las Conclusiones y Recomendaciones). Solicitó a la ESPOL anular la tesis y retirar el título a Glas. Posteriormente (8 enero) solicitó Confesión Judicial de Glas en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

? 2 enero, 2013. El Asambleísta de Sociedad Patriótica (SP) Galo Lara puso en la Fiscalía una denuncia de plagio en contra de Glas.

? 2 enero, 2013. El portal correísta ApoyoRC.com divulgó una comunicación de 10 páginas (sin fecha, sin firma) "Pedro Vargas, director de la tesis de @JorgeGlas emite un informe ante lo especulado en varios medios". Vargas, profesor de la ESPOL, se responsabilizó de su rol en la tesis y negó el plagio con esta insólita explicación: la tesis responde a la modalidad Informe Técnico. "El informe técnico (basado en un trabajo profesional) no necesita de marco teórico. Es un informe práctico de la aplicación de conocimientos teóricos y competencias académicas obtenidas en clase". "Inclusive el Capítulo de descripción del Marco Teórico de esta Tecnología de más de medio siglo pudiese no ser incluida y con ello, el valor de la tesis permanece intacto ya que su fundamento es la parte práctica”. No se entiende por qué, entonces, tutor y tutorando decidieron agregar un marco teórico, armado en base a tesis y materiales tomados de @elrincondelvago y de @Monografías_com, y cómo se justifica que un marco teórico se elabore de este modo. De hecho, la Resolución de la ESPOL llama la atención sobre el papel del director de tesis y crea una Comisión especial para analizarlo.

? 2 enero, 2013. En rueda de prensa Glas dio 48 horas a sus acusadores para presentar la denuncia en la Fiscalía. Avisó que no contestaría preguntas.

? 3 enero, 2013. Mediante cadena nacional de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), el gobierno negó las acusaciones contra Glas y repitió el argumento del director de tesis: "la tesis no necesitaba marco teórico". El rector de la ESPOL, Ing. Sergio Flores @sergio_flores , quien fuera parte del tribunal de graduación de Glas, confirmó que Glas obtuvo allí su título en 2008. Apareció en la cadena gubernamental defendiendo la validez de la tesis, sin mencionar las pruebas de plagio difundidas en los medios privados (ningún medio gubernamental difundió dichas pruebas).

? 4 enero, 2013. Arrancó la campaña electoral. Correa siguió adelante con Glas como binomio para la Vicepresidencia, ignorando denuncias, evidencias e investigaciones en marcha. Triunfó, junto con él, en los comicios del 17 febrero 2013.

? 6 enero, 2013: La Revista Vanguardia publicó un reportaje de investigación sobre el caso Glas (No. 373, "Un ingeniero con previsión", 6-13 enero 2013, reproducido en EcuadorenVivo). Glas egresó en 1996 y se tituló doce años después, en 2008, aunque en 1999 ya firmaba como Ingeniero. Contactado por la revista, el catedrático español José Manuel Huidobro @josemhuidobro declaró: "He analizado la tesis del señor Jorge Glas y veo que una parte de ella (11 páginas) es copia literal (plagio) de mi artículo publicado en Monografias.com. En concreto, las páginas 127 a 130 inclusive; las páginas 130 a 132 inclusive, y las páginas 138 a 141 inclusive". Huidobro dijo además que la tesis de Glas, publicada en 2008, contenía información bastante desactualizada, incluyendo sistemas ya desaparecidos como referencia, “pero no paso a valorar la calidad de la misma”. Ante la pregunta acerca de una posible denuncia de su parte, Huidobro respondió: “Pues no, no tengo ningún interés y, aunque es un plagio, por lo que a mí respecta no lo veo tan grave como para iniciar acciones legales. Simplemente hacer público el hecho creo que desacredita bastante a la persona que no se ha esforzado y asume el trabajo de otro como propio. Yo tengo 52 libros y más de 660 artículos publicados y no es la primera vez que me plagian”. En el listado de 10 fuentes consultadas en la tesis de Glas, en efecto, no aparece ninguna mención a la obra de Huidobro http://www.huidobro.es

? 7 enero, 2013. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) pidió sanción para Glas por deshonestidad académica.

? 9 enero, 2013. El profesor Génove Gneco, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo-República Dominicana (UASD), quien se dedica a analizar plagios en tesis universitarias, sacó la tesis de Glas del portal de la ESPOL, la revisó y concluyó que hay "indicios de plagio en un 35% de su contenido" (50 páginas, de las 162 de la tesis).

? 9 enero, 2013. Correa defendió a Glas en estos términos (Ecuador Inmediato): "Están hablando de que hubo una referencia en la parte teórica, una tesis es un aporte a la ciencia, algunas tesis teóricas, donde se ha elaborado el marco teórico, sería gravísimo que eso se haya tomado de otras tesis, eso es plagio, pero aquí la tesis es técnica, el aporte es una red".

? 15 enero, 2013. Frente a la presión, la ESPOL anunció la organización de una comisión académica para analizar el proceso de graduación y la tesis de Glas. (Recordemos que el director de tesis e incluso el rector ya se habían pronunciado en medios oficiales y en cadena nacional negando cualquier irregularidad). La Comisión estaría presidida por el Ing. Gaudencio Zurita @GZuritaESPOL , Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la ESPOL. No se dijo cuándo se daría a conocer el dictamen. Se esperaba, obviamente, que fuera antes de las elecciones (17 febrero). No obstante, la Resolución solo apareció mencionada por Glas el 14 mayo, más de un mes después de que recibiera las credenciales oficiales como Vicepresidente electo (9 abril).

? 16 enero, 2013. @JorgeGlas comentó en Twitter: "Bien por la comisión de la ESPOL para aclarar este caso. Indigna que medios den tanta difusión a calumnias de gente de tan bajo nivel". Se refiere sin duda a los asambleístas de oposición (MPD, SP, Pachakutik). No menciona las pruebas presentadas ni las acusaciones del Ingeniero español José Manuel Huidobro, con cuenta en Twitter @josemhuidobro . De hecho, quienes solo acceden a versiones oficiales y a medios "públicos" (gubernamentales), nunca supieron de la existencia de esta persona y de esta denuncia.

? Diversos análisis del comportamiento electoral por parte de analistas y empresas encuestadoras concluyeron que las denuncias de plagio (y otros hechos irregulares ventilados antes y durante la campaña electoral) no afectaron la imagen de Correa ni le restaron votos, al menos de manera significativa. Cabe indicar que la campaña se vio salpicada por al menos otras dos denuncias de fraude académico vinculadas al gobierno, además del caso Glas.

? Análisis académicos realizados durante el período electoral, a través de artículos, paneles y foros, concluían que el plagio está incorporado a la cultura escolar/académica en el Ecuador, no es considerado un delito e incluso pocos lo ven como reñido con la ética. También se hizo evidente la falta de instituciones, especialistas y sitios nacionales interesados en el análisis del plagio académico, como existen hoy en muchos países.

? El hecho fue cuestionado, desde varios sectores, como particularmente chocante e incompatible con la reforma universitaria impulsada por el gobierno de Correa y su insistencia en la meritocracia, la excelencia, el conocimiento, el talento humano, la exigencia de títulos de PhD.

? Frente al hermetismo y la actitud oficial de negación de los hechos y desestimación de las denuncias, el humor fue una respuesta social previsible por parte de sectores independientes y críticos. Surgió el verbo "glasear" (por copiar), el bautizo de una calle en Guayaquil como Copiadora Jorge Glas, entre otros. La caricatura y los graffiti hicieron su agosto. El Rincón del Vago bromeó y se vanaglorió en Twitter de su contribución a un candidato a la Vicepresidencia.

? En el ámbito internacional, todo este período (2012-2013) coincidió con grandes escándalos de plagio protagonizados por políticos y otros personajes públicos, especialmente en Europa. En junio 2012 una comisión diactaminó que el Primer Ministro rumano plagió su tesis. El 9 febrero 2013 la Ministra alemana de Educación fue despojada de su título por la Universidad de Düsseldorf, donde estudió, y renunció poco después a su cargo. Otros políticos que renunciaron por acusaciones de plagio fueron el ministro de Defensa alemán y el presidente de Hungría. Todos estos casos fueron conocidos y tuvieron eco, aunque no impacto, en el Ecuador.

? 9 abril, 2013. Correa y Glas recibieron las credenciales oficiales como triunfadores de los comicios electorales en calidad de Presidente y Vicepresidente, respectivamente. La posesión oficial del nuevo gobierno (tercer mandato de Correa) se fijó para el 24 de mayo.

? 15 mayo, 2013. El diario oficial El Ciudadano divulgó una carta de Glas fechada el 14 de mayo, dirigida al rector de la ESPOL, en la que indicaba entre otros que:

"Producto de mi exposición en la campaña electoral, fui objeto de cobardes acusaciones que nunca fueron sustentadas..."

"Hoy, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la Fiscalía General el Estado y la Corte Nacional de Justicia, siguiendo el debido proceso, desestimaron, expresa y formalmente esas acusaciones y archivaron esas denuncias por no encontrarse fundamento alguno, dejando incluso a salvo mi derecho para iniciar una acción civil en contra de quienes fungieron como denunciantes".

"La ESPOL decidió designar una comisión para evaluar el proceso de graduación, misma que elaboró el informe denominado 'Análisis del proceso de graduación de los ingenieros Luis Calle Gómez y Jorge Glas Espinel', en cuyas conclusiones textualmente se destaca que "el Informe de graduación es construido utilizando memorias de un trabajo profesional relevante, al que puede atribuírsele un aporte ingenieril de valía, reconocida en una publicación internacional como caso de estudio", y se señala además que no se han hecho las referencias apropiadas, en textos que, según el mismo informe, "no son relevantes en el contexto del informe de graduación y consecuentemente no deben ser parte del mismo".

"En lo personal, lamento que al calor de una campaña política, se haya generado un falso cuestionamiento en donde el nombre de la ESPOL pudo haber sido negativamente expuesto en forma injusta e indebida".

? 16 mayo, 2013. @JorgeGlas escribió en Twitter: "Contento con que hayan quedado atrás las falsedades sobre mi tesis. Nosotros mientras seguimos trabajando en la nueva vicepresidencia".

? 23 mayo, 2013. @martharoldos circuló en Twitter el enlace en el que está alojada la Resolución de la ESPOL. Comprobamos que la Comisión Académica, conformada el 15 de enero, sesionó el 25 de abril y el Consejo Politécnico el 30 de abril, fecha de la Resolución. Entre otros, el Consejo Politécnico aceptó la recomendación de la Comisión en el sentido de que "Glas y Calle deberán escribir, independientemente, una comunicación al Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en la que se disculpen ante la Institución, por la exposición pública negativa a la que de manera directa se ha visto sometida, por no haber hecho las referencias apropiadas en los textos incluidos en su trabajo". Entendemos que la carta de Glas del 14 de mayo, y concretamente el último párrafo citado, responde a esta exigencia de disculpa. Por otro lado, el Consejo Politécnico decidió conformar otra Comisión a fin de que analice la actuación del Ing. Pedro Vargas Gordillo como Director del proyecto de graduación de los graduandos Calle y Glas".

? 24 mayo, 2013. Investidura de Rafael Correa y Jorge Glas como Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente. Refiriéndose a la tesis, Correa le dijo a Glas en su discurso: "Los que quisieron desacreditarte, han quedado desacreditados". Sin comentarios.

? 24-25 mayo, 2013. A raíz de la exposición pública (no oficial) de la Resolución de la ESPOL, y de la investidura de Glas como Vicepresidente, el tema de la tesis volvió a las redes sociales. Medios y voceros oficiales, sobre todo los vinculados a la educación superior en el país, guardan silencio. "Jorge Glas debe disculparse con la ESPOL" titulaba el periódico Prensa Libre Ecuador, recogiendo el texto de la Resolución. Lo cierto es que Glas (y Correa) debe pedir disculpas no solo a la ESPOL sino a todos quienes denunciaron irregularidades en su tesis y fueron denostados.

? 25 mayo, 2013. "Espol ratifica el aporte y valía de tesis de grado de Jorge Glas (Presentación)" tituló el diario oficial El Ciudadano. La nota consta de dos partes: a) la Presentación es un resumen de lo dicho por Correa en su discurso de investidura y un "resumen" (sesgado) de la Resolución de la ESPOL; b) el facsímil de dicha Resolución, en el formato final de carta, el cual se incluye por primera vez. A la carta se le agregan una serie de recursos para "orientar la lectura": dos diapositivas en las que se destacan textos de la Resolución que hablan positivamente de la tesis, y una banda amarilla atravesada sobre la carta que vuelve a resaltar los textos que el lector debe leer y que, de paso, oculta los que no. Sugerimos abrir el archivo y ver por sí mismos los recursos gráficos utilizados para esta "lectura asistida" de la Resolución. Copiamos aquí textualmente la Presentación:

"El Presidente Rafael Correa criticó las maniobras utilizadas por ciertos medios de comunicación para hacerle daño al Gobierno. Por ejemplo, en la pasada campaña presidencial, los dardos de la industria mediática apuntaron contra el ahora Vicepresidente de la República, Jorge Glas, aduciendo que plagió su tesis de grado sin verificar las fuentes. Precisó que la “prensa corrupta” utilizó a “descalificados sin ninguna solvencia moral” - como el asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez- para que digan cualquier cosa en contra de Glas. En su informe de labores, realizado este sábado, el Jefe de Estado, aclaró que todas esas mentiras fueron desvirtuadas por una comisión conformada por la Escuela Politécnica Superior del Litoral (Espol) que investigó el caso por varias semanas. La conclusión de todo este proceso determinó que “el informe de graduación es construido utilizando memorias de un trabajo profesional relevante, al que puede atribuírsele un aporte ingenieril de valía, reconocido en una publicación internacional como caso de estudio”.

“La comisión ha ratificado una vez más la valía y el aporte de la tesis de grado”, enfatizó el Gobernante. El jefe de Estado resaltó el artículo 18 que dice que, todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa..., y con responsabilidad ulterior. “Es decir no es legítimo que cojan a cualquier charlatán para que denigre y calumnie a personas honestas”. Alertó que esta estrategia está adoptando cierta prensa porque saben que si son ellos los que mienten, se los enjuicia. JV/El Ciudadano".

? 28 mayo, 2013. Una cosa es clara y notable: el aparato político y mediático del Correísmo ha logrado que el caso #Glas pase desapercibido en la gran prensa internacional. La mayoría de los grandes medios internacionales se ha limitado a reproducir los discursos y actos oficiales de investidura. Por ahora ...

http://www.ecuadornoticias.org/index.php/ecologia-derechos-y-ciencia/analisis-y-educacion/434-un-sonado-marco-teorico-plagio-politica-y-academia-en-el-ecuador

Implosión del capitalismo y pensamiento alternativo latinoamericano

noreply@blogger.com (FETRALPI) — Sun, 09 Jun 2013 04:24:00 +0000

A los queridos amigos globalifóbicos Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

René Báez

Estas notas de corte bibliográfico buscan identificar de manera impresionista los elementos que vertebran el ascenso y la decadencia de la modernidad, así como las premisas a partir de las cuales ha venido configurándose un discurso y una práctica contestatarios.

1, Antecedente necesario

La preocupación por el devenir de las sociedades humanas tiene lejanos referentes en el pensamiento occidental y ha girado alrededor de los conceptos de evolución y decadencia.

En efecto, la idea de evolución aparece ya entre los clásicos grecolatinos. Pensadores como Hesíodo, Homero y Séneca indagaron sobre el desenvolvimiento de las colectividades, únicamente que lo hicieron desde una hipótesis de proceso regresivo (“la degeneración del oro hasta el hierro”); en esta concepción, cabe subrayar, los tiempos dorados siempre estuvieron atrás.

Durante la Edad Media se abre un paréntesis en la percepción secular y regresiva del proceso social y tal enfoque es reemplazado por una comprensión escatológica provista por la Iglesia Católica, cuyo objetivo mayor no era otro que fusionar el pensamiento griego, especialmente el de Aristóteles, con la doctrina cristiana. Más que explicar los fenómenos sociales concretos, la preocupación de la escolástica se orientó a la formulación de normas absolutas de conducta enraizadas en preceptos religiosos.

Para la escolástica, la actividad económicas carecía de importancia puesto que el mundo presente era concebido como la preparación para un futuro extraterrenal; y, en tanto se la consideraba únicamente como una faceta del quehacer de los seres humanos, tenía que ser juzgada bajo normas de moralidad.

El fin del Medioevo marca el retorno del enfoque secular para la explicación del desenvolvimiento social. El principal expositor de la nueva corriente fue el italiano Juan Bautista Vico (1668-1743), quien planteó la hipótesis de una evolución cíclica de los conglomerados humanos (corsi e ricorsi), proceso ondulatorio que además obedecería a múltiples determinaciones.Esta prometedora concepción del funcionamiento de las colectividades resultó eclipsada por la Reforma Protestante que, al admitir la moralidad del lucro, contribuyó decididamente a consolidar el discurso y las prácticas de los Tiempos Modernos. No se tiene que olvidar que hasta entonces la usura, ateniéndose al discurso aristotélico, había sido proscrita por el papado.

2, La apoteosis de la modernidad

Las revoluciones burguesas, al institucionalizar los postulados políticos republicanos y los principios económicos del naciente capitalismo (propiedad privada, libertad de comercio y navegación, salarios y precios monetarios, mercado) e incorporar progresivamente la razón instrumental -dinero y ciencia positiva (experimental)- al proceso productivo llegaron a pensar que habían descubierto la llave para el avance lineal e ilimitado de los distintos países y sociedades; es decir, el santo y seña de la Modernidad, el Progreso y el Crecimiento (las mayúsculas son intencionales).

Tanto la economía liberal clásica como la neoclásica racionalizarán esa macrovisión del mundo y del hombre, y, ulteriormente, con los aportes anticíclicos del keynesianismo (ya en la primera mitad del siglo pasado) remozarán el discurso salvacionista de Occidente, un discurso tanto más atractivo cuanto que se creyó permitiría la recuperación del Paraíso para la vida terrenal.

Pertrechadas con los poderosos y amorales instrumentos de la razón instrumental, las metrópolis protocapitalistas y capitalistas no se dieron abasto en la conquista material y “espiritual” del globo, asistidas invariablemente por sectores dominantes-dominados del Sur del planeta.

A nivel ideológico y cultural, desde el Siglo de la Ilustración y hasta los tiempos que corren, el objetivo medular del discurso dominante no ha sido otro que persuadir a los pueblos colonizados, semicolonizados o neocolonizados que si se dejan guiar por las prédicas del dinero (la “ramera universal” que dijera Shakespeare) y la tecnología metropolitana (“esa entelequia ajena los procesos fundamentales de la sociedad y la naturaleza”, C. Furtado), “ríos de leche y miel” desembocarían incluso en los lugares más remotos. En palabras de Roberto García, “la gran demagogia del paradigma (todavía) hegemónico ha consistido en sugerirles a las masas del Sur del planeta que mimetizando a las metrópolis del sistema podrían vivir como la población de aquéllas: el águila sugiriendo a la gallina que puede ser igual, con tal de sólo imitarla”. (“América Latina y el fin del socialismo”, 1991)

Este fundamentalismo económico –o más precisamente, economicista- comporta, por un lado, una auténtica religión (la religión monoteísta del mercado, conforme a R. Garaudy); y, por otro, en tanto ideología de la lumpengranburguesía mundial, ha venido evangelizando urbi et orbe con principios y prácticas tan temibles como la incorporación a la lógica del costo-beneficio de quehaceres tan ennoblecedores como la educación y la salud, la mercantilización de las relaciones afectivas de los seres humanos y la utilización sin medida de los recursos naturales, energéticos, bióticos y atmosféricos de la Tierra.

Obrando de este modo, no resulta casual que la modernidad, con el ariete de la razón instrumental, haya extremado la paradoja de la deshumanización de la humanidad que discerniera Ernesto Sábato en su visionario ensayo Hombres y engranajes(1951).

No se tiene que olvidar que el socialismo estatalista vigente durante buena parte del siglo XX en la Europa Central y Oriental no lograría escapar –en rigor, ni siquiera se lo propuso- a ese corolario materialista y amoral de la modernidad, diferenciándose de la praxis de las potencias occidentales únicamente en las formas institucionales de promover la dogmática de una modernización anclada en un rampante racionalismo que ha venido despojando a los seres humanos de atributos como los valores éticos, las emociones y las pasiones como fuentes de conocimiento y de conducta.

3. La financierización y la sobrecarga del planeta, o la sintomatología del derrumbe sistémico

Dos macro fenómenos evidencian el desplome de la civilización del capital en los albores del siglo XXI: la hiperfinancierización de la economía-mundo y la correlativa exacerbación de los problemas asociados al cambio climático.

Desglosemos el primero de ellos.

Por financierizaciónha de entenderse un proceso de crecimiento exponencial del capital ficticio. Maurice Allais, Nobel de Economía, estableció hace algunos años que los movimientos internacionales de capital especulativo superaban en cuarenta veces a las liquidaciones originadas en las compras de bienes y servicios. ¿Cómo pudo edificarse semejante “pirámide de papel”?

La creación de capital ficticio, actualmente etiquetado como capital financiero, es una tendencia innata del régimen capitalista. Marx la explicó asociada a la alienación que provoca ese régimen productivo y que se traduce en que los hombres dejan de reconocerse en los objetos que producen, dando lugar a que el intercambio asuma formas fantasmagóricas. En la actualidad, ese “fetichismo de la mercancía” ha llegado a niveles surrealistas bajo comando de las corporaciones globales y los bancos de inversión, y cabalgando en el descomunal crecimiento de los mercados cambiarios, íntimamente relacionados con el mercado de los intereses. Conforme era de esperarse, la expansión de estos mercados, fuente de ingresos extraordinarios para el Gran Capital, ha dado origen a una variedad de “productos” financieros, también conocidos como “derivados” –futuros, swaps, opciones- y a la consiguiente expansión de las burbujas financieras.

Las consecuencias de esta hipertrofia financiera no pueden ser más irracionales, peligrosas y autodestructivas. Conforme a estadísticas recientes, unas 200 empresas transnacionales controlan la cuarta parte de la producción mundial siendo que emplean apenas al 0.25 por ciento de la mano de obra total.

¿Cómo puede reproducirse normalmente un régimen de producción que preconiza el consumo masivo y, a la par, fomenta las más abismáticas desigualdades en la distribución de los ingresos y miniaturiza geométricamente el mercado?

Revisemos ahora el tema-problema de las presiones del capitalismo global sobre los recursos de la Tierra.

A este respecto, hacemos nuestros puntos de vista especializados como los siguientes:

La celeridad con la cual se están destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta no sólo no se ha frenado, sino que se ha intensificado en las últimas décadas a pesar del reconocimiento general de que este modo de producción, distribución y consumo es incompatible con la preservación de la vida en la Tierra.No obstante el aparente consenso sobre la profundidad de la crisis ambiental, en particular sobre la necesidad de frenar las dinámicas productoras del cambio climático, la forma como se construye el debate internacional distorsiona lo que está en juego, y propone soluciones que no tienen posibilidad alguna de permitir salidas a los problemas que confrontamos en la actualidad. (Cf. Edgardo Lander, “Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria”, 2011).

Expuesto en otros términos, soslayando las implicaciones de un patrón de crecimiento sin fin en un planeta finito, y la urgente necesidad de una redistribución radical en el acceso a los bienes comunes de la vida, como condición de sobrevivencia a corto plazo de centenares de millones de personas, se buscan soluciones desde arriba que ignoran la multiplicidad de opciones que pueblos y comunidades en todo el planeta están formulando como alternativas al modelo civilizatorio en crisis. Las respuestas de mercado, las soluciones tecnológicas, únicas opciones presentes en los debates intergubernamentales, implican apostar a la misma lógica de mercado y a los mismos patrones de conocimiento mecanicistas newtonianos que nos han conducido a la actual crisis. Las respuestas del llamado keynesianismo verde y otras propuestas de reformas ‘verdes’ del capitalismo buscan salidas a la crisis económica por la vía de la creación de fuentes de inversión y de innovación tecnológica que, al no cuestionar los supuestos básicos del crecimiento ilimitado, no pueden sino profundizar los problemas. Algunas de estas iniciativas como los biocombustibles y los transgénicos, o los llamados mecanismos de desarrollo limpio (MDL), por otro lado, están contribuyendo a profundizar las desigualdades, están afectando la producción de alimentos y haciendo que los sectores más pobres del globo sean quienes carguen sobre sus hombros los costos de la crisis.

Esta dialéctica devastadora de hombres y recursos adquirirá su mayor dinamismo con la industrialización implantada por Occidente en los 2-3 últimos siglos.

¿Cómo opera la susodicha conexión?

Conforme a un investigador latinoamericano, el mundo que se desmorona es la civilización industrial, sostenida por cuatro pilares: a) la competencia, no la cooperación, entre individuos, empresas, países; b) los mercados dominados por la lógica capitalista, que permiten procesos ilimitables de acumulación, centralización y, sobre todo, de acumulación de riqueza (monopolios); c) el uso predominante de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón y uranio); y d) la ciencia y la tecnología como instrumentos de control y poder. En conjunto, estos cuatro mecanismos generan un modelo que dilapida la naturaleza y explota el trabajo humano. Estos cuatro soportes son postulados ciegamente por la economía convencional, y reproducidos, extendidos y ampliados por la mancuerna formada por el poder político (partidos y gobiernos sin distinción ideológica) y el poder económico (mercados, empresas, bancos, corporaciones). (Cf. Víctor M. Toledo, “Los zapatismos en un mundo que se desmorona”, La Jornada, 2013).

Mal que pese, este tipo de diagnósticos y mensajes, lejos de inducir a radicales virajes conceptuales y políticos, apenas ha servido para nutrir un newspeak orwelliano y una atosigante retórica del poder mundial y sus agnados y cognados de la periferia.

4. El extravío ético de la modernidad

Dos espectaculares acontecimientos recientes -la caída del muro de Berlín (1989) y la “explosión” de Wall Street (2008)- han venido a corroborar el eclipse de la civilización moderna.

En efecto, si 1989 puede ser visto como la fecha que evidencia el fracaso multifacético del “socialismo real” europeo, el desplome de la bolsa neoyorquina del 2008 será recordado como un episodio donde el capitalismo mundializado desnudó sus pies de barro. ¿A qué aludimos?

Max Weber discurrió sobre la superioridad del capitalismo a partir de sus supuestos atributos morales como la frugalidad, el ascetismo, el sosiego. Semejante capitalismo, si existió alguna vez, resulta evidente que no existe más. Las confrontaciones que libran actualmente los hombres-corporación han sido descritas, incluso por apologistas del establecimiento, como “luchas en el fango”. Aún más, incluso el observador menos avisado intuye que al despuntar el siglo XXI opera una suerte de metástasis entre capitalismo legal y capitalismo negro.

La causa última de este orden de fenómenos la precisó Aleksandr Solzhenitsin, el famoso disidente soviético, quien en el libro colectivo Fin de siglo (1996), dejó escrito:

¿Cuál es el papel, la contribución justificable y necesaria, de la moralidad en la política? Erasmo creía que la política era una categoría ética, y apelaba a ella para la manifestación de impulsos éticos. Pero eso era en el siglo dieciséis. Y entonces llegó el Siglo de las Luces, y para el siglo dieciocho John Locke nos había enseñado que resulta inconcebible aplicar términos morales al estado y sus acciones. Y los políticos, que a lo largo de la historia con frecuencia estuvieron libres de las molestas represiones morales, habían obtenido de esta manera una especie de justificación teórica agregada… El siglo dieciocho nos dejó el precepto de Jeremy Bentham: moralidad es aquello que brinda placer al mayor número de personas: el hombre jamás podrá desear otra cosa que no sea aquello que favorece su existencia… Actualmente, la fría astucia rige las relaciones comerciales, e incluso se ha convertido en un comportamiento normal. El ceder de alguna manera ante un opositor o un competidor se considera un error imperdonable para la parte que tiene una ventaja en cuanto a posición, poder o riqueza.

En estos tiempos cibernéticos y poscomunistas semejantes preceptos han tendido a absolutizarse, tanto en el centro como en la periferia, agudizando tendencias catastrofistas y necrófilas.

5. La fuga hacia adelante de la civilización del capital

Acorralado en escenarios cada vez más intrincados en el ámbito económico-financiero y carente de una moral altruista, ecológica y cósmica, el poder mundial ha optado por el peligroso camino de la exacerbación de sus proditorios fines y medios.

En cuanto a la exacerbación de los medios, acaso sea suficiente consignar que, en función de la necesidad del capital monopolista de preservar o ampliar sus tasas de ganancia, el capitalismo central ha emprendido una ofensiva en términos de expansión y profundización. Expansión: ex campo soviético y China, convertida en “taller del mundo”; profundización: sectores terciarios de las metrópolis y primarios de la periferia. Todo esto a través de la denominada acumulación por desposesión, una suerte de retorno a la acumulación primitiva (ya estudiada por los clásicos del pensamiento socialista) y de la conversión del poder militar en acaso la principal ventaja comparativa del capital corporativo.

En cuanto a la radicalización de los fines, baste señalar que la mundialización del capitalismo ha transformado a la consecución del lucro en su más cruda y ecuménica verdad.

La conjunción de tales fines y medios desorbitados ha traído aparejada un caos en la realidad y un caos en la teoría.

A este respecto, y en lo que concierne al ámbito de lo económico-financiero, Jorge Beinstein ha escrito un iluminador trabajo que circula por internet y que lleva por título “Audestrucción sistémica global, insurgencias y utopías” (2012), donde escribe:

El capitalismo como civilización ha ingresado en un período de declinación acelerada… Se trata de un complejo proceso de decadencia… Cada paso de las potencias centrales hacia la superación de su crisis es en realidad un nuevo empujón hacia el abismo. Los subsidios otorgados a los grupos financieros abultaron las deudas públicas sin lograr la recomposición durable de la economía y cuando luego tratan de frenar dicho endeudamiento restringiendo gastos estatales al tiempo que aplastan salarios con el fin de mejorar las ganancias empresarias agravan el estancamiento convirtiéndolo en recesión, deterioran las fuentes de los recursos fiscales y eternizan el peso de las deudas. Frente al desastre impulsado por las mafias financieras se alza un coro variopinto de neoliberales moderados, semikeynesianos, regulacionistas y otros grupos que exigen suavizar los ajustes y alentar la inversión y el consumo... es decir seguir inflando las deudas públicas y privadas... hasta que se recomponga un supuesto círculo virtuoso del crecimiento (y del endeudamiento) encargado de pagar las deudas y restablecer la prosperidad... a lo que los tecnócratas duros (sobre todo en Europa) responden que los estados, las empresas y los consumidores están saturados de deudas y que el viejo camino de la exuberancia monetaria-consumista ha dejado de ser transitable. Ambos bandos tienen razón porque ni los ajustes ni los repartos de fondos son viables a mediano plazo, en realidad el sistema es inviable.

Inviabilidad del capitalismo central y global, ciertamente. Aunque admitir esto no supone, ni mucho menos, pensar que el desplome definitivo de la civilización pueda ocurrir en términos de unos cuantos años y al margen de la resistencia del Poder mundial y de un complejo juegogeopolítico de difícil ponderación. (Ver a este respecto Susan George, El informe Lugano. 2001; también I. Wallerstein “Transformaciones en el mediano plazo”, 20012).

Creemos que estos últimos juicios dan pie para una aprehensión más objetiva de lo que ha venido aconteciendo en los últimos lustros en América Latina, a consecuencia fundamentalmente del agresivo proceso de financierización comandado por la banca transnacional y por viejas y nuevas metrópolis empeñadas en fomentar en nuestros países espacios de rentabilidad a partir de la explotación de bienes como el agua, la atmósfera, el subsuelo, la biodiversidad y los recursos genéticos… y hasta la mercantilización de órganos vitales de los seres humanos. Amén de los tradicionales negocios agrícolas, mineros y energéticos.

6. Las ilusiones del oficialismo latinoamericano

Los actuales gobiernos latinoamericanos, tanto los alineados con el Consenso de Washington (con el caso emblemático de Chile) como los autodenominados “revolucionarios” (Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua), vienen respondiendo a la crisis sistémica del capitalismo desde las trasnochadas fórmulas de la modernidad y de sus inherentes corolarios económicos y político-institucionales.

Pruebas al canto:

° Ni los regímenes conservadores u ortodoxos ni los formalmente heterodoxos cuestionan –al menos seriamente- los dogmas de distinta índole implantados por las metrópolis en el contexto del aún vigente reinado de la modernidad. Aún más, continúan encandilados por ellos, cuando no asumen la típica actitud del avestruz.

° Los gobiernos latinoamericanos en su conjunto –incluida la Cuba castrista- han venido apostando a mantenerse en la línea de flotación ateniéndose a los principios y reglas del capitalismo mundializado. Aquello del Socialismo del Siglo XXI no va más allá de una retórica diversionista.

° Estas coincidencias del oficialismo regional en la esfera económica significan, en última instancia, que ambos tipos de administración continúan profesando el culto profano al desarrollo económico y social, vislumbrado como la ruta única hacia una abstracta y cuantitativa Tierra de Promisión. Adhesión que los convierte en feligreses de W.W. Rostow, el gran gurú de la modernización subordinada de la periferia, así como de las orientaciones de los sofisticados think tanks de viejas y nuevas potencias internacionales.

° Concomitantemente, tanto los gobiernos que privilegian sus relaciones económico-financieras con las metrópolis tradicionales como los que priorizan sus nexos con el “imperialismo bueno” de China et al, se han inclinado por refrendar y profundizar el viejo modelo primario exportador y extractivista retomado desde los años 70 por el promonopólico Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), estrategia criticada incluso por los economistas cepalinos de esa época y que, en su nuevo debut, ha venido a convalidar los análisis sobre el proceso histórico latinoamericano adelantados por Gunder Frank desde los años 60, análisis fundados en categorías de raigambre marxista comolumpenburguesía y lumpenacumulación.

° La reedición y profundización de la estrategia de marras ha sido justificada por ambos tipos de gobierno con el cortoplacista argumento de la bonanza de las materias primas iniciada el 2003, soslayando que tal modelo-estrategia está predeterminado a agudizar la desarticulación de los aparatos productivos domésticos en favor de la tecnoestructura del capital transnacional (de origen estadounidense, europeo o asiático, poco importa), a la devastación de los recursos naturales de distinta índole y al afianzamiento de estados rentistas, clientelares y autoritario-subalternos. Pretender escapar a semejante lógica sin emprender en un proceso básico de autocentramiento productivo equivale a pedir peras al olmo.

° Colocándose en las antípodas de estas orientaciones, la práctica totalidad de nuestros gobiernos ha optado por apostar al aperturismo mediante la suscripción de TLC (tratados de libre colonización) diseñados por el capital corporativo estadounidense y/o europeo, cuyo efecto mayor no es otro que la profundización y diversificación de nuestros lazos de subordinación al capital transnacional. En tanto, una propuesta supuestamente alternativa como el Mercosur no ha dejado de traslucir los intereses hegemonistas de Brasil, y la Alba, en ausencia de reformas propiamente estructurales internas y de liderazgos genuinamente bolivarianos, aparece, por decir lo menos, con pronóstico reservado.

° El discurso y práctica del crecimiento-desarrollo capitalista ha sido complementado en la región, desde hace un par de décadas, con la denominada lucha contra la pobreza, un programa de asistencialismo sugerido y hasta impuesto por entidades como el Banco Mundial y el FMI para “maquillar” el desempleo, el subempleo y los bajos ingresos que azotan a los náufragos de la globalización corporativa. Semejante fórmula ha devenido, conjuntamente con el incremento del mítico PIB, en el barómetro del éxito o fracaso de las administraciones zonales independientemente de sus posturas ideológico-políticas y pese a sus inocultables falencias como política de Estado. (Cf. “El fracaso de la pobretología”, de Jaime Martínez Veloz, entre otros trabajos).

° En concordancia con las necesidades e intereses de largo plazo del capital monopólico externo y oligárquico interno, tanto las administraciones conservadoras como las “progresistas” se han convertido en instrumentos para la aplicación de reformas institucionales orientadas a inocular en estas latitudes una ideología reaccionaria fundada en categorías tecnocráticas como productividad, competitividad, eficiencia… Particularmente preocupantes en este sentido son las reformas a los sistemas educativos, reformas inspiradas en postulados de raíz neodarwiniana y positivista y en prácticas verticalistas y punitivas que han venido extendiendo una suerte de domesticación y zombificación de docentes y estudiantes.

(A desentrañar los oscuros orígenes de esta “educación de mercado” dedicamos nuestros ensayos “El desembarco invisible” (2006) y “Reforma educativa ‘al revés’” (2009), en los cuales tipificamos a la estrategia universitaria de la “revolución ciudadana” ecuatoriana como a una “ruta al oscurantismo y a la servidumbre del siglo XXI”.)

° En el ámbito de la geopolítica el panorama es igualmente siniestro. Aludimos a que, con matices que no es del caso desglosar, el oficialismo latinoamericano ha adherido a lo que la politóloga estadounidense Susan Sontag denominara “guerras metafóricas”, en referencia a conflictos diseñados por el Pentágono para que nunca terminen. En tal definición encajan las cruzadas contra el narcotráfico, el terrorismo secundario (el primario siempre es del Estado, al decir de N. Chomsky) y el denominado crimen organizado, operativos cuyos verdaderos propósitos son intensificar el control territorial y de los recursos naturales, mineros, energéticos y acuíferos de nuestros países; así como el control social, mediante la criminalización de los disidentes de la globalización corporativa (llámense dirigentes nacionalistas y de izquierda, líderes indígenas y comunitarios, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, ecologistas, parlamentarios opositores, periodistas independientes, intelectuales críticos, cristianos liberacionistas, militares patriotas, estudiantes… o simplemente pobres).

Sobre las dimensiones de estos “crímenes ideológicos” –conforme les denomina A. Camus en El hombre rebelde a los delitos establecidos desde los códigos penales- ilustran el homicidio de entre 60-80 mil hombres-mujeres-niños y la desaparición de aproximadamente 20 mil personas ocurridos en México durante el sexenio del conservador/modernizante Felipe Calderón, actualmente huésped de Harvard University, así como las tragedias proporcionalmente similares ocurridas en otros países del continente en tributo a los grandes “blanqueadores” primermundistas, a los fabricantes de armas y precursores químicos y, no en último lugar, a los viejos-nuevos clanes políticos locales lumpenizados.

La incorporación de los militares nativos a estos conflictos de nuevo tipo constituye la última faceta de los mismos (el régimen de Rafael Correa la decidió el pasado 2012).

° Si tantas y tan grandes son las semejanzas entre regímenes ortodoxos y “socialistas”, ¿cuáles las diferencias?

La principal y acaso única concerniría al ámbito de la política económica, es decir, al de las estrategias que emplea cada uno de los referidos grupos para pugnar por el venturoso desarrollo económico y social. Mientras los ortodoxos insisten en conseguirlo privilegiando el equilibrio de las finanzas públicas y la balanza de pagos, para estimular de este modo los procesos de concentración, centralización y conglomeración del capital monopólico externo-interno; los segundos, aspiran a similar meta apelando al incremento de la demanda interna y al protagonismo de estados intervencionistas (intervencionismo que, a menudo, apenas constituye la hoja de parra para entreguismos sin inhibiciones).

Casi huelga señalar que tanto la política económica ortodoxa como la intervencionista-clientelar están predestinadas a ajustarse al ciclo de la economía-mundo, en razón de la condición supérstite de nuestros países en la cadena de la acumulación monopólica a escala global.

Aún más, esta condición inherente al modo de producción capitalista ha comenzado a reeditarse a últimas fechas en nuestro subcontinente, conforme muestran, por un lado, los “cacerolazos” simultáneos en la Venezuela del flamante Nicolás Maduro y en la Argentina de Cristina Kirchner, y por otro, en sucesos como el extendido “paro cafetero” en la Colombia de Juan Manuel Santos, país este último de indiscutibles pergaminos neoliberales y monetaristas.

(Para un análisis riguroso de la fisiología del capitalismo periférico y de sus correlatos político-institucionales se recomienda la lectura de “El desarrollo del capitalismo en América Latina y la cuestión del Estado”, en Autoritarismo y fascismo en América Latina, de Agustín Cueva, Centro de Pensamiento Crítico, Cuaderno Político No. 2, 2013).

7. Las luces de Chiapas

El panorama arriba descrito no totaliza –ni mucho menos- la postura de Latinoamérica frente a la decadencia de la civilización del capital. Aún más, el ¡Ya basta! zapatista del 1 de enero de 1994, coincidente con la incorporación del país azteca al neocolonialista NAFTA, habría inaugurado desde estas tierras la impugnación más original, estética e impactante a la globalización corporativa y sus abalorios político e ideológicos.

Desglosemos esta aseveración.

Conforme advirtiera N. Chomsky, con la insurrección indígena contra el venal régimen de Carlos Salinas de Gortari, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había colocado sobre el tapete un “problema” sin precedentes.

El paso de los años no ha hecho más que confirmar la apreciación del profesor del MIT, entre otras, por las razones siguientes:

La primera consistiría en que el discurso del EZLN y su vocero el subcomandante Marcos comporta un planteamiento distinto al clásico de la izquierda marxista, en la medida que sus postulados son más genéricos: dignidad, democracia, justicia, libertad, soberanía. Ideales anteriores y posteriores a la utopía socialista configurada en el siglo XIX.

La segunda tendría que ver con que el discurso de los enmascarados pobladores del sureste mexicano supone una suerte de síntesis de parábolas cristianas, memorias recuperadas del Popol Vuh y el Chilam Balam, liberalismo jacobino, humanismo socialista, gramscianismo…

La tercera concerniría a la recuperación por parte de los pequeños “hombres de maíz” (M.A. Asturias) de la historia propia, la historia nacional mexicana. En la I Declaración de la Selva Lacandona, documento fechado el 12 de enero de 1994, puede leerse: “Somos producto de 500 años de lucha: primero contra la esclavitud en la guerra de independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata... Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad”.

En cuarto lugar porque su filosofía política tornó visibles algunas ideas-fuerza sobre el poder. Una de ellas se relaciona con su original concepción de la democracia. Para los zapatistas, el poder no es un fin en sí mismo y mucho menos un mecanismo de sojuzgamiento y enriquecimiento. En su percepción, la legitimidad del poder proviene de su concordancia con la máxima del “mandar obedeciendo”, principio democrático más raizal y proyectivo que el meramente electoralista y mediático.

En quinto lugar por su honda visión del cambio social. A este respecto, el “Sup” Marcos, en una entrevista concedida a la revista chilena Punto Final, explicaba: “Nosotros manejamos el siguiente concepto de cambio: creemos que el mundo nuevo, o la nueva sociedad, o como se quiera llamarlo, debe pasar previamente por una antesala. Es decir, que las propuestas o conceptos del rumbo que debe seguir el país… debe confrontarse con la realidad de cada pueblo. El soporte real de cualquier modelo social es la aceptación que el mismo tenga en la población. Si no existe, estaríamos hablando de una falsa revolución, y no necesariamente porque sea una revolución que mienta, sino que sin el sustento mencionado, sería siempre susceptible de desviarse o de voltearse”. (Cf. nuestro ensayo Conversaciones con Marcos, 1996).

Finalmente, conviene recuperar dos aportes teórico-prácticos de los descendientes de los mayas. De un lado, la creación en varios municipios liberados de la provincia chiapaneca de las Juntas del Buen Vivir, con soporte en algunos de ellos de los caracoles (organizaciones solidarias de producción y distribución ajenas a las “leyes” o “fuerzas” del mercado); y, de otro, la vocación universalista del EZLN plasmada en la convocatoria a la I Internacional de la Esperanza, evento que se cumpliera, en agosto de 1996, en una perdida aldea chiapaneca conocida con el sugestivo y enigmático nombre de La Realidad, que culminó con llamados de Marcos Guillén a “volver a humanizar la humanidad” y a “construir un mundo donde quepan todos los mundos”.

Casi dos décadas después del estruendoso ¡Ya basta! que despertara a México y conmoviera al mundo, mucha agua ha corrido bajo los puentes. No obstante, el pensamiento y las acciones de los encapuchados indígenas y mestizos mexicanos, antes que diluirse, han venido inspirando de distinta forma las contestaciones al capitalismo mundializado desde distintos polos de poder imperial.

Ver a este respecto los trabajos de Pablo González Casanova sobre la influencia del zapatismo entre los indignados que se multiplican incluso en los propios santuarios del capital corporativo.

8. La reconfiguración del discurso crítico

Después de Chiapas, en efecto, hemos asistido en la región a múltiples expresiones de resistencia enfiladas no solamente contra el maltrecho capitalismo sino también contra la propia civilización del capital

Aludimos a episodios como los siguientes: las ensangrentadas luchas por el territorio y la defensa de los recursos naturales y ambientales encabezadas por la CONAIE en Ecuador y los Sin Tierra en Brasil; las protestas de los piqueteros argentinos que liquidaron al gobierno de Fernando de la Rúa; la “guerra del agua” en Cochabamba; las siempre heroicas performances defensivas de los mapuches, así como las recurrentes y creativas movilizaciones de los estudiantes secundarios y universitarios contra las despersonalizantes reformas educativas de los chilenos Lagos, Bachelet y Piñera; la victoriosa campaña continental contra el ALCA; la “Comuna de Oaxaca”; las aguerridas confrontaciones de los campesinos colombianos para contener la reforma agraria prolatifundista que adelanta, desde hace décadas, la oligarquía liberal-conservadora en ese hermano país; la Marcha por el Agua y por la Vida protagonizada por miles de pobladores de la Sierra y Amazonía ecuatorianas en repudio al tozudo extractivismo a cielo abierto de Carondelet; y, en fin, a la emergencia del juvenil #YoSoy132 para desafiar a la narcodemocracia mexicana reencarnada en Enrique Peña Nieto.

Constelación de acontecimientos que resultan, al mismo tiempo, causa y reflejo de un discurso crítico que se alimenta y retroalimenta en su confrontación con el pensamiento único –el no-pensamiento que diría Saramago- y de cuya riqueza y fortaleza da cuenta, particularmente, el Diccionario de pensamiento alternativo (Editorial Biblos, Buenos Aires, 2008), monumental obra mentalizada y coordinada por los filósofos argentinos Arturo Roig y Hugo Biagini, fundadores del Centro de Educación, Ciencia y Sociedad (CECIES, www.cecies.org).

De la revisión de ese Diccionario… y de la lectura de diversos materiales académicos y no académicos puede colegirse que el pensamiento alternativo, más allá de sus heteróclitos orígenes y de sus innumerables tópicos, está permeado por proposiciones comunes como las siguientes:

Primera. La creencia de que la crisis civilizatoria que recorre el mundo supone la necesidad de una reconfiguración del modo de vida moderno a partir de nuevas formas de comprender la realidad.

Segunda. La convicción de que el paisaje catastrofista que está heredando una modernidad mal concebida y peor instrumentada tendría origen en la supremacía del economicismo sobre los órdenes moral y político, y que, por tanto, se impone pensar en una ruptura no sólo con el marxismo decimonónico y su lógica determinista, sino también en saldar cuentas con el individualismo y el “psicologismo menor” (C.Furtado) de la economía clásica o neoclásica; así como abrir paso a las nociones de la promisoria ecología política cuyos objetos cardinales de estudio no serían otros que las nuevas formas de explotación de una minoría sobre la mayoría y la acelerada destrucción de la naturaleza.

Tercera. Otro postulado compartido sería que las claves que se vienen vislumbrando para sortear la actual situación abismática comprenden, por un lado, la construcción de un poder social no tutelado por estados genéticamente capitalistas, y por otro, la vuelta de la mirada hacia los 7 mil pueblos originarios o indígenas del mundo, cuyas culturas tradicionales o premodernas contienen un conjunto de valores (reciprocidad, solidaridad, comunalismo, respeto a la naturaleza) imprescindibles para la regeneración social, cultural y ambiental.

Cuarta. Finalmente, el pensamiento alternativo/utopista viene coincidiendo en que, más que una conciencia de clase, se requiere en la actualidad de una conciencia de especie, una conciencia planetaria, puesto que hoy en día toda batalla emancipadora, por muy localizada o focalizada que aparezca, se coloca o del lado de la destrucción o del lado de la supervivencia de la humanidad y de la Tierra. (Cf. Víctor M. Toledo, “Los zapatistas: una mirada desde la ecología política”, 2013).

9. Una brújula andina

De modo general, al libro Hacia un modo de vida alternativo lo hemos encontrado inscrito en las proposiciones anteriores, lo cual no significa que no exhiba peculiaridades teóricas, prácticas y axiológicas para una comprensión más cabal de la realidad de Colombia y, por extensión temporal y espacial, de los restantes países andinos.

De tales aportes destacamos los siguientes:

° La investigación tiene como eje el concepto de desarrollo endogénico, un concepto que, según Julíán Sabogal, autor y coordinador del referido libro, no constituye una camisa de fuerza, sino más bien una “invitación a reconocer lo propio, lo interno… lo cual no significa desconocer lo global. El sistema capitalista –agrega- alcanza todo el planeta, ningún rincón del mundo puede escapar a su influencia, a su racionalidad… ; pero, al mismo tiempo, la dialéctica de los sistemas nos indica que en las regiones se encuentran especificidades que pueden ser potenciadas y utilizadas a favor de un modo de vida alternativo”.

En otros términos, si el concepto de desarrollo endogénico aparece poco formal, esto no significa que no se nutra de potentes vertientes históricas, críticas y utópicas.

° En cuanto a sus veneros históricos baste señalar que a la visión endogénica la encontramos estrechamente emparentada tanto con el pensamiento de los próceres de la independencia (Andrés Bello con su célebre admonición “La América hispana tiene un camino: su propio camino”, o Simón Rodríguez con su invocación a “crear o equivocarse”), como con las contribuciones académicas más recientes de un Antonio García Nossa y su tesis de la convivencia concertada de distintos modos de producción o las de José Consuegra Higgins, fruto de su larga cruzada por la autenticidad de las ciencias sociales latinoamericanas. Amén, por cierto, de los aportes naturales y testimoniales de nuestros pueblos ancestrales que les habrían permitido sobrevivir a siglos de colonialidad y despojo material e inmaterial.

° La sustentación histórica lacónicamente descrita se eslabona en el mencionado libro con una voluntad explícita de desnudar a la seudorrealidad inherente al paradigma de la modernización refleja. Esta conexión fundamental se evidencia en los distintos capítulos de la investigación –“El pensamiento propio hacia el modo de vida alternativo” y “El ambiente en el modo de vida alternativo” (Julián Sabogal), “La democracia en un modo de vida alternativo” (Fernando Panesso) y “La educación y la cultura para un modo de vida alternativo” (Carmen Alicia Martínez, Jimena Meneses y Francisco Criollo)-, elaborados con sólidos soportes bibliográficos y elegancia expositiva.

° Finalmente, Hacia un modo alternativo de vida se autovalora por su compromiso con la utopía, entendida esta “como una racionalidad alternativa superior que aún no ha tenido oportunidad de existencia, pero que puede convertirse en realidad si es asumida por la comunidad”.

(Versión revisada del prólogo escrito para el libro Hacia un modo de vida alternativo, de Julián Sabogal Tamayo y otros, actualmente en proceso de edición bajo los auspicios de la Universidad de Nariño (Pasto) y de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla. Este trabajo ha sido presentado como ponencia al V Coloquio Internacional de Filosofía Política a realizarse el próximo noviembre en la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina).

Mayo/2013

http://www.ecuadornoticias.org/index.php/ecologia-derechos-y-ciencia/analisis-y-educacion/440-implosion-del-capitalismo-y-pensamiento-alternativo-latinoamericano

- René Báez, Premio Nacional de Economía, miembro de la International Writers Association y ex decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su último libro se titula ANTIHISTORIA ECUATORIANA (2010).

http://www.ecuadornoticias.org/index.php/ecologia-derechos-y-ciencia/analisis-y-educacion/440-implosion-del-capitalismo-y-pensamiento-alternativo-latinoamericano